Legado Sindical No. 3 Nueva Época
Enero de 2010
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A continuación se reproduce el texto de su proyecto para formar un fondo de Pensiones, propuesta generada a casi un año de haber quedado al margen de los beneficios de la Ley de Pensiones: "Enero 11 de 1930. Aun cuando no se lleven a efecto las modificaciones de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, de que ha hablado últimamente la prensa,-las cuales han sido recibidas con general descontento,- la Unión de Empleados de la Universidad está de acuerdo en que el Consejo Universitario resuelva separar de la Dirección de pensiones los descuentos de sus servidores, para constituir la base del fondo de pensiones de los mismos. Apoyamos esta determinación en la confianza que nos en el porvenir de la Universidad, y estamos seguros de que, mediante un espíritu de reciproca cooperación, podrán mejorarse las condiciones que actualmente prevalecen en la referida Dirección de Pensiones, tanto por las dificultades con que se tropieza para disfrutar de los derechos que concede la Ley, como por la mezquindad de las pensiones con que se recompensan largos años de servicios; porque deseamos mayores consideraciones y facilidades en el goce de nuestros derechos sobre dicho fondo y, también porque anhelamos tener una participación en su manejo como consecuencia de esos derechos, aspiración que no podríamos conseguir estando nuestros fondos reunidos con los demás de la Dirección de Pensiones, dado el considerable número de personas e intereses que se mueven dentro de ella. Creemos pues que la Universidad está animada de un sano propósito con relación al personal que vive y padece con ella unido por el ideal de su engrandecimiento y prestigio, por lo que la Unión ha resuelto confiar a su custodia los fondos de que se trata. La Unión, por tanto, estima pertinente someter a la consideración de usted las siguientes sugestiones: 1a.- Con el fin de que los fondos a que nos hemos referido pasen a poder de la Universidad, la Unión es de parecer que a Rectoría al merecido cargo de usted, nombre una comisión que gestione ante la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, la entrega de los mismos fondos, pertenecientes al personal en servicio activo en la Universidad y que no este próximo al retiro, por hallarse dentro de la edad que previene la Ley. 2a.- Que una vez en poder de la Universidad dichos fondos, sean manejados por un Consejo o Junta de Administración asesorado por los consultores financieros de la propia Universidad y supervisado por una junta de vigilancia, órganos en los que estuvieran representados tanto la Universidad, como la Unión, formularía un proyecto de reglamento o estatutos que rigieran la inversión de fondos y señalaran el monto de las pensiones que deban pagarse. 3a.- Como el total a que asciende actualmente los fondos seguramente no alcanzará a producir el importe de los gastos de administración, pedimos a usted resuelva que la Universidad pague los sueldos que sea necesario utilizar en este servicio, al menos mientras el producto pueda cubrir sin peligro de la integridad del capital, el monto de esos casos. 5a.- Finalmente, la Unión cree que, por principio de equidad, debe establecerse la distribución, como dividendos, de una parte de las utilidades entre el personal que sufre los descuentos que constituyan dicho fondo, reparto que podría hacerse una vez separados el fondo de previsión, el monto de los gastos y la porción cedida a la Universidad, para que el resto sea abonado a la representación de cada uno de los coparticipes del mismo fondo. El Secretario General El Secretario del Exterior. Como se puede ver en el punto 4a. la Universidad estaba en proceso de la construcción de una Ciudad Universitaria que, en ese momento, se proyectaba estaría en los terrenos de lo que se conoce como la Hacienda de los Morales, razón por la cual las calles de Polanco llevan los nombres de Horacio, Calderón de la Barca, Homero, etc.; sin embargo, esos terrenos tuvieron que ser vendidos por la crisis económica que padecía la Universidad en aquella época. Por lo demás, en dicho inciso se puede apreciar la solidaridad que tenían los empleados para con la Institución. Raúl Cordero Amador fue sustituido en Asamblea Electoral Extraordinaria por el también profesor y empleado Pedro Medina Escalona (se ignora que plaza administrativa tenía) hasta que éste también tuvo que renunciar porque dejó de laborar en la Universidad como personal administrativo y obtuvo sus clases el18 de febrero. El resto del Comité continuó funcionando en la misma forma: Secretario General, Pedro Medina Escalona; Secretario del Interior, Mariano González; Secretario del Exterior, Daniel Sánchez Uribe; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Dr. Tomás F. Iglesias; Secretario de Justicia, Pedro Rivas Morales; Secretario de Hacienda, José Antúnez Echegaray; Secretario de Legislación, Prospero Macotela.15 Miguel Carrillo fue el tercer Secretario General durante ese año y resultó elegido durante la Asamblea Electoral del 18 de marzo de 1930; en su toma de posesión, que se llevó a cabo hasta el 22 de julio, Carrillo propuso emprender la lucha por la expedición de un Reglamento del Servicio Civil y la organización inmediata de un seguro de vida del empleado universitario, la formación y funcionamiento de una Cooperativa de Consumo, así como la organización de una caja de ahorros y créditos de la Unión de Empleados de la Universidad. Miguel Carrillo solicitó al Rector García Téllez que se resolviera la situación de los trabajadores con respecto a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro como lo establecía el artículo 31 de la Ley Orgánica. La composición de la nueva Mesa Directiva quedó así: Secretario General, Miguel Carrillo Martínez; Secretario del Interior, Mariano González; Secretario del Exterior, José María de los Reyes; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Manuel Perches; Secretario de Justicia, Ricardo Martínez Amat; Secretario de Hacienda, Xavier Chávez Montiel; Secretario de Legislación, M. Torner:16 En este punto, es menester subrayar que lo que originalmente proponía la Unión de Empleados era un Reglamento del Servicio Civil. Sin embargo, esa situación no prosperó y fue con la llegada de un nuevo dirigente Miguel Carrillo Martínez- que en julio del mismo año se demandaría de las autoridades un Reglamento del Servicio Civil y un Seguro de Vida como lo podemos apreciar en la convocatoria a su toma de posesión en el siguiente texto: "CITATORIO. Muy cordialmente invitamos a todos los compañeros de trabajo para que estrechemos cada vez más los lazos de cooperación y solidaridad que nos unen, con el fin de hacer reales los nobles propósitos que nos animaron cuando se fundó nuestra Unión. Es, pues, urgente que comprendamos la necesidad inmediata de esa cooperación, cuyos frutos tendremos muy pronto si perseveramos con una conducta constante de ayuda, de mutuo estímulo y de verdadera unión. ORDEN DEL DÍA. México, D.F:, a 21 de julio de 1930 Para mayo de ese año, al no haberse tenido respuesta de las autoridades sobre el Reglamento solicitado, la Unión de Empleados tomó el acuerdo de establecer el Seguro del Empleado Universitario. La propuesta consistía en medio día de haber que se pagaría a los beneficiarios del fallecido, como el que ya existía para los profesores. Esta solicitud fue rechazada por el Consejo Universitario, que era quien debía aprobar que se efectuara el descuento a los afiliados. Lo anterior era una actitud que no era comprensible, puesto que el personal administrativo estaba en peores condiciones económicas que los docentes, mismos que contaban con su profesión y no solo daban clases. ´ El 22 de diciembre de 1930 en la Asamblea Electoral fue designado Diódoro Antúnez Echegaray como Secretario General, que al siguiente mes solicitó al Consejo Universitario que emitiera un dictamen sobre la situación de los profesores y empleados con respecto a la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro como lo establecía la Ley Orgánica, sin recibir respuesta. La Directiva estaba compuesta de esta forma: Secretario General, Diódoro Antúnez Echegaray; Secretario del Interior, Mariano González; Secretario del Exterior, Jesús E. Robles; Secretario de Justicia, Miguel Saldaña E.; Secretario de Hacienda, Ricardo Martínez Amat; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos M. de Córdoba; Secretario de Legislación, Pedro Rivas Morales.18 Para ese año había en la Universidad Nacional 655 plazas administrativas.19 En enero de 1931, Diódoro Antúnez solicitó un aumento de salarios, petición que no fue atendida, y en febrero se eligió a los nuevos delegados para el Consejo Sindical. En el mes de junio se le informó al Rector que la Unión de Empleados había tomado la resolución de implantar el Seguro de Vida del Empleado Universitario y en sus sesiones de los días 8 y 22 de julio el Consejo Universitario lo volvió a rechazar. En enero de 1931 la Rectoría dispuso que se hiciera una rebaja a los sueldos del personal administrativo, La Unión de Empleados se opuso y logró que no se hiciera efectivo de inmediato, aunque posteriormente se aplicó. Por lo anterior, los afiliados a la Unión que laboraban en la Biblioteca Nacional hicieron circular un volante con el siguiente texto: "Los que suscribimos hemos sido informados por el delegado de la Unión (que era Manuel Vázquez Cadena) en esta dependencia de la brillante defensa que hizo el Comité Ejecutivo, encabezado por su Secretario General, para defender al personal sindicalizado de una rebaja injusta de sueldos que se pretendía imponer". Más adelante agregaban "damos a todos los miembros de ese Comité y en particular a los compañeros Secretario General y del Trabajo, un voto de confianza y el más amplio respaldo por su actitud"20 La crisis económica de los Estados Unidos en esos años repercutió de manera aguda en el país, por lo que el gobierno federal redujo el presupuesto destinado a la Universidad Nacional. Gracias a esa situación, en la sesión del Consejo Universitario del 25 de marzo se decidió no incrementar salarios y sí hacer un reajuste. En el mes de octubre, el Rector junto con una serie de funcionarios de la comunidad universitaria- publicaron una Carta Abierta a la propia comunidad con las siguientes consideraciones: "La Universidad Nacional Autónoma de México, en los instantes en que la angustia económica llama a sus puertas para imponer un sacrificio más a los sueldos raquíticos de su docto magisterio, de su laborioso personal y de sus exhaustos laboratorios, no desmaya en el propósito nobilísimo de cumplir su elevada misión y se levanta más optimista que antes..." Entre los firmantes se encontraban el Dr. Antonio Caso, Director de la Facultad de Filosofía; el Lic. Luis Chico Goerne, Director de la Facultad de Derecho; el Profesor Isaac Ochoterena, Director del Instituto de Biología y el Lic. Vicente Lombardo Toledano, Director de la Escuela Central de Artes Plásticas. Firmaban, además, los representantes de la Confederación Nacional de Estudiantes, de la Federación Estudiantil del D.F. y los presidentes de todas las sociedades de alumnos de la UNAM. En la carta se solicitaba un apoyo económico que podía ser una cuota periódica o un donativo para la Institución. Para conocer el trabajo desarrollado por Diódoro Antúnez Echegaray como Secretario General de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional es necesario que se analicen las reacciones que en el seno del Consejo Universitario provocaban los triunfos en la defensa de los trabajadores afiliados a la Unión. En consecuencia, se hace necesario conocer el siguiente texto: 1g.aa. Sr. Romano Muñoz.- “Antes de que terminen (de discutirse) los presupuestos deseo que la Rectoría se sirva dar lectura a una comunicación de la Unión de Empleados íntimamente ligada a los presupuestos” Turno Décimo Noveno. Sr. Rector.- “…la iniciativa del señor Consejero Brito que la generaliza al personal administrativo, fue que el reajuste del personal se hiciese teniendo en cuenta la opinión de los delegados que designase la Unión de Empleados en Asamblea General. Una vez aprobada la iniciativa como fue con motivo de la sugestión del señor Director de la Biblioteca Nacional, considera la Rectoría que quedaba fuera la iniciativa a que iban a dar lectura en relación con el acuerdo que acababa de tomar el Consejo' Sr. Brito Rosado.- "Me permito aclarar al señor Rector que la proposición mía se concretaba al caso especial de la Biblioteca Nacional en lo que se refiere a este caso, yo propuse que se tomara en cuenta la proposición de la Unión, pero creo oportuno referirme a un hecho que con alguna frecuencia vi que acaeció en el año pasado (1931) en la Universidad; hubimos de autorizar en la Comisión de Hacienda partidas un poco crecidas, pasaron de algunos miles de pesos, por indemnizaciones de empleados cesados por la propia Universidad ya que la Unión de Empleados presentó las demandas respectivas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y parece, no sé si por torpeza de los abogados de la Universidad, que todos los casos los perdimos. Yo viendo que la Universidad, o no contaba con abogados competentes, o la Unión de Empleados tenía tal fuerza que podía ganarnos todos los casos, me dirigí a la propia Unión de Empleados, pidiendo que entre ella y nuestra Universidad llegáramos a un acuerdo a fin de que estas demandas no llegaran a presentarse, y que por separación de empleados no se presentaran más demandas y la Unión de Empleados me manifestó que eso podía solucionarse con un acuerdo perfectamente legal de todas las autoridades universitarias; este acuerdo en síntesis sería que se tomara el parecer de esa Unión en cada caso, para que ella determinara por la antigüedad y por los méritos de cada empleado, cuando hubiera necesidad de expedir algún cese, debía ser en todo caso cesado. Pero me expresó la referida Unión que deseaba que interviniera en todo caso la Comisión de Hacienda y dos miembros nombrados, no recuerdo cómo está el proyecto, rogaría que después se me aclare el punto respectivo, pero la Unión asegura que en esta forma considera que no habrá más tropiezos ni dificultades por lo que se refiere a pago de indemnizaciones. Creo que en esta forma, y ya que se trata de un ofrecimiento de la Unión de Empleados de la Universidad para evitar algo que podría significar una bancarrota seria para la Universidad como es la de tener que pagar en todos los casos indemnizaciones por empleados cesados, deberíamos escuchar a la Unión de Empleados de la Universidad, nombrando la comisión que ellos proponen y que esto, de acuerdo con el señor Rector que es Presidente expreso de la Comisión de Hacienda acordase quienes son los empleados que en todo caso deben ser cesados, y quienes (aquellos que) por su antigüedad y por sus méritos deben continuar en sus puestos. Atendiendo a los perjuicios graves que la Universidad resiente por el pago de indemnizaciones para empleados cesados, me permito rogar al Consejo apruebe la iniciativa presentada por la Unión de Empleados para todos los casos que en lo sucesivo se presenten. Mi iniciativa se refería a la Biblioteca Nacional, pero en este caso la amplio en el sentido de la proposición de la Unión de Empleados de la Universidad." Sr. Rector.- "Es decir que el reajuste se haga teniendo el dictamen de la Comisión de ajustes, y así se propuso que designara esa comisión por los delegados de la Unión de Empleados y por dos delegados que nombre la Rectoría en uso de la facultad legal que le concede el Estatuto Orgánico de la Universidad. Ese reajuste combinado por Rectoría y trabajadores, será sometido a la Junta de Conciliación y esperamos que de mutuo acuerdo se evite toda responsabilidad económica para la Universidad." Lic. Carbajal.- "Yo creo que el asunto es tan claro que no admite discusión; una resolución del Consejo no puede modificar lo que la Ley Orgánica de la Universidad estatuye, de manera que lo que puede hacerse en esta ocasión es lo que sugiere el señor Rector; que se tenga en cuenta la opinión de la Unión de Empleados, pero no darle una fuerza de decisión en cada uno de los conflictos que se presenten sobre el particular". Sr. de los Reyes.- "No veo la razón legal ni lógica de mi buen amigo el señor licenciado Carbajal para decir que a la Unión de Empleados no se le va a conceder una intervención definitiva y fuerte en cada uno de los asuntos que se presenten en cada uno de los conflictos. Yo creo que la misión de la Unión de Empleados tiende a que se le conceda intervención con iguales derechos, sin que la Universidad y aun teniendo en consideración la Ley que aquí mencionó el señor Rector; la Ley Federal del Trabajo ampara a todos los obreros y empleados. Nosotros sabemos de antemano que aquí hay muchas personas que conocen la Ley Federal del Trabajo, que el Estado en ese caso no se constituye sino en un verdadero protector del empleado y del obrero y está garantizando de antemano a estos individuos aunque no haya un contrato colectivo de trabajo firmado. Así es que la Universidad está en su papel, de acuerdo con lo expresado por el señor Rector; de aceptar este reajuste que se hará por la Universidad o la Rectoría de acuerdo con la Unión de Empleados, y la aclaración especial va en ese caso; cuando el señor Brito hizo una moción relacionada con la Biblioteca Nacional, respecto del personal, el señor Rector dijo algo sobre medidas disciplinarias, y va precisamente eso que todos los acuerdos o todos los conflictos que tenga que solucionar la Unión de Empleados, se hagan a base de competencia, a base de antigüedad y no toman en consideración en términos generales ese término que aplicó hace un instante de esos casos disciplinarios. Nosotros conocemos perfectamente bien a los empleados, y sabemos cómo trabajan y puesto que ellos están de acuerdo y han señalado el camino, y están de acuerdo en subsanar el problema de la Universidad cooperando con la misma Rectoría para evitar posteriores conflictos"21 Esta era la propuesta que había enviado al Consejo Universitario el Secretario General de la Unión de Empleados, Diódoro Antúnez, por medio del consejero de la Biblioteca Nacional, Brito Rosado, para que en lugar de que se llevaran a cabo ceses de empleados que la Unión de Empleados había logrado reinstalar a prácticamente todos con indemnización- se formara una Comisión compuesta por dos elementos de las autoridades y dos de la Unión para ponerse de acuerdo y solucionar los problemas, cambiándolos de adscripción. La propuesta que había sido apoyada por varios consejeros no fue aceptada por el Rector García Téllez, quien incluso se molestó y argumentando que Antúnez Echegaray había fallado en su trabajo, lo cesó y difundió el texto del cese por medio de volantes. El siguiente es el texto del Oficio del cese del Secretario General de la Unión de Empleados Diódoro Antúnez Echegaray por el rector Ignacio García Téllez: “Al C. Tesorero y Jefe del Departamento Habiendo observado que en diversas ocasiones el C. Diódoro Antúnez, en la actualidad jefe de la Sección de Publicidad de esta Institución, ha faltado al cumplimiento de su deber fundamental de empleado, o sea el de trabajar de acuerdo con las instrucciones y propósitos generales que he manifestado, para el desarrollo de las labores administrativas de las que soy responsable como Jefe del Personal de la Universidad, y que, además, ha llegado hasta obstruccionar las actividades que con tal carácter he iniciado, he tenido a bien disponer que cese al mencionado C. Antúnez, en el cargo que actualmente desempeña. Con el propósito de justificar ante la "Unión de Empleados de la Universidad', organización que me merece el más alto respeto- la medida que se toma en esta ocasión y sin que ello suponga una renuncia a la facultad que me concede la Ley Orgánica de la Universidad para remover al personal administrativo, deseo puntualizar los hechos realizados por el C. Antúnez. Atendiendo a la indicación del Jefe del Departamento Administrativo anterior y a las peticiones reiteradas del personal de la Sección de Estudios, y muy especialmente a las señoritas sus subordinadas, tuve a bien disponer el cambio del propio C. Diódoro Antúnez, a la Sección de Publicidad, en bien de la armonía de los servidores de la Universidad. No obstante el leal apoyo que la Rectoría ha brindado a la "Unión de Empleados" y de la que es prueba manifiesta mi actitud en el presente caso, dicho empleado ha tratado de utilizar el organismo del que era Secretario General para realizar una labor de dificultades ante la Rectoría, en varias ocasiones. No conforme con ello, el C. Antúnez ha creado y fomentado divisiones entre los empleados de la Universidad, como consta a muchos de ellos, a quienes ha tratado de perjudicar valiéndose de un carácter sindical. El C. Antúnez ha indicado al grupo de Consejeros Universitarios que formulaba extraoficialmente un proyecto de presupuestos, los cargos que a juicio de la "Unión" podrían ser suprimidos en la Universidad, sin tomar en cuenta la opinión de la Asamblea General de dicha Unión y desvirtuando la finalidad de la misma, puesto que en lugar de defender a sus miembros de cualquier movimiento administrativo que los perjudicara, no vaciló en indicar que se separarán de su cargo a algunos de los sindicalizados de la propia Unión. Esta actitud que sólo admite por parte de la Rectoría una apreciación moral, puesto que juzgar de ella en lo general compete a la propia Unión de Empleados y únicamente a ella, es un motivo más para dictar el cese del c. Antúnez, ya que esta circunstancia evidencia que el mismo no sólo no tiene lealtad en el servicio que como empleado se le ha conferido, sino que carece de ella para con sus propios compañeros. Con fundamento en el artículo 21° inciso c) de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma, y puesto que no se ha expedido aún el reglamento para el nombramiento del personal administrativo de la Universidad, he tenido a bien, como se indica anteriormente, disponer el cese del expresado C. Diódoro Antúnez. Esta facultad expresa e indiscutiblemente que la Ley me concede,]me exime de dar explicaciones sobre las remociones del personal que acuerde la Rectoría; pero en este caso he querido hacerlas explícitas como una nueva manifestación de la cordialidad de mi actitud hacia la "Unión de Empleados" y únicamente porque el C. Antúnez desempeñaba el cargo de Secretario General de la misma. A T E N T A M E N TE. |
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