20cong23-1

La sesión Plenaria de Resolutivos del XXIII Congreso General Ordinario del STUNAM, celebrada el día 29 de agosto del 2004, se inició a las 11:00 hrs. con 1110 delegados, equivalentes al 81.66% del total en lista de los mismos, cubriendo con ello el quórum legal establecido.

MESA 1:
POLITICA NACIONAL Y COYUNTURA ACTUAL

Los trabajos se iniciaron el día 27 de agosto de 2004 a las 16:00 horas, integrándose a la mesa como responsables del Comité Ejecutivo, Alberto Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Propaganda, Carlos Galindo Galindo, Secretario de Relaciones y Lilia Eunice Pérez Parra, Secretaria de Acción Femenil. Realizándose la votación para elegir a quienes dentro de los delegados asistentes al Congreso se integrarían al presidium de la Mesa, siendo elegidos los compañeros delegados Mario Ubaldo Núñez, del CCH Oriente y Juan Manuel Zurroza Martínez, de la FES Iztacala.

(Relatoría: primera parte)

UNA AGENDA PARA CAMBIAR EL RUMBO ECONOMICO

En nuestro país la sociedad y los partidos políticos han generado una nueva realidad política en el marco del anterior régimen institucional, el que funcionó durante muchos años, pero que ahora ya no resulta adecuado para encuadrar esa nueva realidad. Durante los tres años anteriores, con el objeto de mantener la estabilidad económica, se dejaron intactos los fundamentos del régimen político, que ha seguido funcionado de manera inercial. La alternancia en el poder del PRI al PAN, ha llevado a la continuidad y profundización de un modelo económico que busca liberar al estado de los gastos sociales (educación, salud, vivienda, seguridad social, generación de energía eléctrica, etc), para privatizarlos y abrirlos al capital extranjero.

Esa contradicción entre la nueva realidad y la vieja institucionalidad se ha expresado de manera más clara en los enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, que hunde sus raíces en el papel de los partidos políticos en la nueva realidad democrática. Los resultados de ese enfrentamiento se han traducido en la parálisis que todos padecemos.

El modelo neoliberal de desarrollo implementado por los cuatro últimos gobiernos de nuestro país, lejos de superar los principales problemas estructurales los ha agravado y ha creado nuevos problemas estructurales que se han manifestado en nuestra economía en la destrucción de ramas y cadenas de producción, generando desempleo y provocando el empobrecimiento de amplias capas de la población. El momento actual que vive México es de incertidumbre. El deterioro del país se profundiza a pesar de que vivimos una relativa estabilidad macroeconómica sin crecimiento y con una mayor agudización de los problemas sociales, por lo que la situación resulta cada día más delicada.

Todo esto evidencia nuevamente los rasgos de la actual crisis y es una muestra más de la urgencia de un cambio de fondo en la política económica. Por tanto, se requiere reforzar la visión de Estado, como un medio para también elevar el nivel del debate entre los partidos y de la elaboración de propuestas y alternativas.

Por lo tanto, ante la actual gestión neoliberal, profundamente conservadora, nuestro sindicato plantea como resolutivo de nuestro XXIII Congreso General Ordinario que se convoque a una discusión para que se enriquezcan los siguientes planteamientos:

Por un cambio de rumbo de la política económica

Establecer una planeación estratégica para un programa multianual de gasto público, destinado al sector productivo nacional, a la inversión en infraestructura, creación de empleos y bienestar social.
Impulsar una política fiscal expansionista, para encarar los rezagos productivos, incrementar la productividad y generar efectos multiplicadores en la esfera productiva y el empleo. Es decir, flexibilizar la política fiscal, monetaria y cambiaria para dinamizar el mercado interno e incrementar la demanda interna, así como la creación de empleos.
Modificar la autonomía y reestructuración de la banca central, para tener una política monetaria y de financiamiento para el crecimiento y el pleno empleo.
Renegociar la deuda externa, reestructurando y renegociando el pago del servicio de la misma. Igualmente pugnar por el control del flujo de capitales y la especulación; disminuir el déficit del comercio exterior y contar con financiamiento para la recuperación y el crecimiento económico, así como para impulsar el desarrollo tecnológico.
Impulsar un movimiento nacional por un autentico Consejo Económico y Social de Estado, en el cual estén representados todos los sectores.
El Estado debe recobrar la soberanía en el ejercicio de sus recursos bioenergéticos y ser un activo promotor y regulador de la actividad económica, para recuperar un crecimiento sostenido, sustentable e incluyente, con pleno empleo y bienestar social, capaz de asegurar una asignación de recursos a favor de la esfera productiva y evitar la especulación.
Nos pronunciamos contra el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo del Libre Comercio de las Ameritas (ALCA) y el Plan Puebla-Panamá (PPP). Asimismo el gobierno deberá ser capaz de modificar las actuales relaciones de intercambio desigual y promover una inserción más favorable de nuestro país en la economía mundial.
Impulsar una nueva regionalización de la globalización a partir de una nueva política internacional antiimperialista, que se base en la solidaridad y el intercambio mutuamente provechoso entre los pueblos; es decir, una reinserción con base en nuestras ventajas competitivas y comparativas principalmente con Latinoamérica, la Unión Europea y el Sureste Asiático.

Por una agenda alternativa de reforma hacendaria

Impulsar reformas que fortalezcan los ingresos del gobierno federal, principalmente a través de los impuestos directos y del combate efectivo a la evasión y la elusión fiscales.
Eliminar los regímenes preferenciales existentes, que benefician más a los grupos de población de más altos ingresos que a los de más bajos.
Los sistemas fiscales deben reestructurarse para incorporar impuestos ambientales e impulsar subsidios para aquellas industrias que en sus sistemas productivos fomenten una cultura ecológica.
Los programas de egresos de los gobiernos deberán favorecer la competitividad, mejorar la efectividad en la intervención gubernamental, reducir costos, y promover el desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica.
Derogar los regímenes de excepción del ISR.
Gravar progresivamente las actividades económicas lucrativas, principalmente al gran capital y a todas las transacciones bursátiles y financieras.
Promover la transformación de la banca de desarrollo en un instrumento eficaz de fomento económico que apoye el desarrollo regional y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Impulsar un nuevo federalismo de la hacienda pública en la Constitución, para superar la dependencia casi absoluta de los gobiernos estatales y municipales sobre las participaciones y aportaciones federales.

Por un Estado Social de Derecho que dé viabilidad a un sistema universal de reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud y a la protección social de los trabajadores y sus familias de acuerdo con la Constitución.

Consensar un Sistema de Seguridad Social Nacional Integral y de Medicina Social para todos los ciudadanos, de carácter universal y solidario, como un mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza entre los trabajadores y entre las generaciones, comprometido con el bienestar colectivo y una clara responsabilidad del Estado.
Construir un Estado Social de Derecho, en el cual se reconozca que el bienestar social es responsabilidad y obligación del Estado, y donde ésta sea, a la vez, responsabilidad colectiva de la sociedad. deberá brindar seguridad jurídica que defina los derechos y obligaciones del Estado, los patrones, los trabajadores, los derechohabientes y además el de los asegurados.
Reconocimiento y aplicación del derecho al trabajo, como un derecho humano y que sean factibles los derechos de organización, libertad y democracia sindical, reconocidos por los convenios internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.
Prohibición y sanción con base en la ley, de cualquier acto de injerencia patronal o gubernamental que atente contra la independencia, la democracia sindical y el ejercicio de los derechos colectivos. Así como la lucha contra el corporativismo sindical y los contratos de protección
Ampliar la democracia sindical y establecer mecanismos obligatorios de rendición de cuentas, realización de asambleas, información periódica acerca de las cuotas y patrimonio sindicales; elección por voto secreto y directo de la representación sindical, publicación de los contratos colectivos.
Crear el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Crear el Instituto Nacional de Salarios, Productividad y Reparto de Utilidades, organismo técnico y autónomo encargado de la realización de los estudios respectivos y la elaboración de propuestas de políticas públicas.
Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados Laborales dependientes del Poder Judicial.
Incorporar mecanismos que garanticen la equidad de género en el marco de los derechos humanos, de los convenios internacionales, de la normatividad laboral mexicana, que den pauta para establecer relaciones laborales justas y asegurar que la normatividad laboral garantice plenamente los derechos de las mujeres y la equidad en el mundo del trabajo.

Impulsar un proyecto de Nación basado en el conocimiento y en una educación integral para todos, como prioridad nacional.

Fortalecer la Ley Integral de la Educación, que garantice y consolide el derecho a la educación a través de un sistema nacional, público, gratuito, laico, y científico.
Respetar la obligatoriedad del financiamiento estatal, comprendido como una inversión social en los marcos recomendados por la UNESCO que es por lo menos del 8 % del PIB.
Impulsar la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, como un acto colectivo, un trabajo solidario y de compromiso social que guarda una estrecha vinculación con el sector productivo de su entorno.
Es indispensable reposicionar a la educación superior a partir de la investigación, desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo económico sustentable e incluyente que respete el medio ambiente, así como los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que es indispensable elevar esta inversión social al 1.5% del PIB.
Promover un sistema nacional de educación integral a partir de una constante elevación de la calidad con equidad de la educación y cuyos objetivos sean la formación integral para la vida y el bienestar social, recuperando los valores y principios actuales emanados de nuestras raíces pluriétnicas y culturales que conforman nuestra identidad nacional, como uno de los fundamentos de la construcción de una nueva ciudadanía y del desarrollo de la sociedad.

Por una política de Estado, dirigida al desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de los energéticos.

Rescatar los recursos energéticos: petróleo, gas natural, petroquímica básica y electricidad como estrategia fundamental para el ejercicio de la soberanía y la seguridad nacionales y para el funcionamiento de la economía ampliando la planta productiva e incentivando el crecimiento
Desarrollar un real sistema nacional de planeación, para efectuar las previsiones y acciones de una política de Estado Energética, que deberá implementarse en la práctica en el corto, mediano y largo plazo. para rescatar la conducción del país a partir de decisiones soberanas y recuperar condiciones de crecimiento y desarrollo
Vincular la petroquímica junto a una nueva capacidad de refinación con la cogeneración de electricidad para sustituir las importaciones de gas y aprovechar combustibles alternativos y, de esta manera crear los ejes de una nueva política industrial, integrada a las cadenas productivas.

Nuestro proyecto alternativo de política económica tiene en el centro la superación del desempleo, la miseria, la pobreza y la exclusión social; y como objetivos de este proyecto, el crecimiento y desarrollo económico para la mejora sustantiva de la calidad de vida con base en una economía dirigida al mayor bienestar social. Es decir, un México más justo, más plural y democrático.


	26, 27, 28 y 29 de agosto de 2004
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La sesión Plenaria de Resolutivos del XXIII Congreso General Ordinario del STUNAM, celebrada el día 29 de agosto del 2004, se inició a las 11:00 hrs. con 1110 delegados, equivalentes al 81.66% del total en lista de los mismos, cubriendo con ello el quórum legal establecido. MESA 1: POLITICA NACIONAL Y COYUNTURA ACTUAL Los trabajos se iniciaron el día 27 de agosto de 2004 a las 16:00 horas, integrándose a la mesa como responsables del Comité Ejecutivo, Alberto Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Propaganda, Carlos Galindo Galindo, Secretario de Relaciones y Lilia Eunice Pérez Parra, Secretaria de Acción Femenil. Realizándose la votación para elegir a quienes dentro de los delegados asistentes al Congreso se integrarían al presidium de la Mesa, siendo elegidos los compañeros delegados Mario Ubaldo Núñez, del CCH Oriente y Juan Manuel Zurroza Martínez, de la FES Iztacala. (Relatoría: primera parte) UNA AGENDA PARA CAMBIAR EL RUMBO ECONOMICO En nuestro país la sociedad y los partidos políticos han generado una nueva realidad política en el marco del anterior régimen institucional, el que funcionó durante muchos años, pero que ahora ya no resulta adecuado para encuadrar esa nueva realidad. Durante los tres años anteriores, con el objeto de mantener la estabilidad económica, se dejaron intactos los fundamentos del régimen político, que ha seguido funcionado de manera inercial. La alternancia en el poder del PRI al PAN, ha llevado a la continuidad y profundización de un modelo económico que busca liberar al estado de los gastos sociales (educación, salud, vivienda, seguridad social, generación de energía eléctrica, etc), para privatizarlos y abrirlos al capital extranjero. Esa contradicción entre la nueva realidad y la vieja institucionalidad se ha expresado de manera más clara en los enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, que hunde sus raíces en el papel de los partidos políticos en la nueva realidad democrática. Los resultados de ese enfrentamiento se han traducido en la parálisis que todos padecemos. El modelo neoliberal de desarrollo implementado por los cuatro últimos gobiernos de nuestro país, lejos de superar los principales problemas estructurales los ha agravado y ha creado nuevos problemas estructurales que se han manifestado en nuestra economía en la destrucción de ramas y cadenas de producción, generando desempleo y provocando el empobrecimiento de amplias capas de la población. El momento actual que vive México es de incertidumbre. El deterioro del país se profundiza a pesar de que vivimos una relativa estabilidad macroeconómica sin crecimiento y con una mayor agudización de los problemas sociales, por lo que la situación resulta cada día más delicada. Todo esto evidencia nuevamente los rasgos de la actual crisis y es una muestra más de la urgencia de un cambio de fondo en la política económica. Por tanto, se requiere reforzar la visión de Estado, como un medio para también elevar el nivel del debate entre los partidos y de la elaboración de propuestas y alternativas. Por lo tanto, ante la actual gestión neoliberal, profundamente conservadora, nuestro sindicato plantea como resolutivo de nuestro XXIII Congreso General Ordinario que se convoque a una discusión para que se enriquezcan los siguientes planteamientos: Por un cambio de rumbo de la política económica Establecer una planeación estratégica para un programa multianual de gasto público, destinado al sector productivo nacional, a la inversión en infraestructura, creación de empleos y bienestar social. Impulsar una política fiscal expansionista, para encarar los rezagos productivos, incrementar la productividad y generar efectos multiplicadores en la esfera productiva y el empleo. Es decir, flexibilizar la política fiscal, monetaria y cambiaria para dinamizar el mercado interno e incrementar la demanda interna, así como la creación de empleos. Modificar la autonomía y reestructuración de la banca central, para tener una política monetaria y de financiamiento para el crecimiento y el pleno empleo. Renegociar la deuda externa, reestructurando y renegociando el pago del servicio de la misma. Igualmente pugnar por el control del flujo de capitales y la especulación; disminuir el déficit del comercio exterior y contar con financiamiento para la recuperación y el crecimiento económico, así como para impulsar el desarrollo tecnológico. Impulsar un movimiento nacional por un autentico Consejo Económico y Social de Estado, en el cual estén representados todos los sectores. El Estado debe recobrar la soberanía en el ejercicio de sus recursos bioenergéticos y ser un activo promotor y regulador de la actividad económica, para recuperar un crecimiento sostenido, sustentable e incluyente, con pleno empleo y bienestar social, capaz de asegurar una asignación de recursos a favor de la esfera productiva y evitar la especulación. Nos pronunciamos contra el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo del Libre Comercio de las Ameritas (ALCA) y el Plan Puebla-Panamá (PPP). Asimismo el gobierno deberá ser capaz de modificar las actuales relaciones de intercambio desigual y promover una inserción más favorable de nuestro país en la economía mundial. Impulsar una nueva regionalización de la globalización a partir de una nueva política internacional antiimperialista, que se base en la solidaridad y el intercambio mutuamente provechoso entre los pueblos; es decir, una reinserción con base en nuestras ventajas competitivas y comparativas principalmente con Latinoamérica, la Unión Europea y el Sureste Asiático. Por una agenda alternativa de reforma hacendaria Impulsar reformas que fortalezcan los ingresos del gobierno federal, principalmente a través de los impuestos directos y del combate efectivo a la evasión y la elusión fiscales. Eliminar los regímenes preferenciales existentes, que benefician más a los grupos de población de más altos ingresos que a los de más bajos. Los sistemas fiscales deben reestructurarse para incorporar impuestos ambientales e impulsar subsidios para aquellas industrias que en sus sistemas productivos fomenten una cultura ecológica. Los programas de egresos de los gobiernos deberán favorecer la competitividad, mejorar la efectividad en la intervención gubernamental, reducir costos, y promover el desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica. Derogar los regímenes de excepción del ISR. Gravar progresivamente las actividades económicas lucrativas, principalmente al gran capital y a todas las transacciones bursátiles y financieras. Promover la transformación de la banca de desarrollo en un instrumento eficaz de fomento económico que apoye el desarrollo regional y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Impulsar un nuevo federalismo de la hacienda pública en la Constitución, para superar la dependencia casi absoluta de los gobiernos estatales y municipales sobre las participaciones y aportaciones federales. Por un Estado Social de Derecho que dé viabilidad a un sistema universal de reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud y a la protección social de los trabajadores y sus familias de acuerdo con la Constitución. Consensar un Sistema de Seguridad Social Nacional Integral y de Medicina Social para todos los ciudadanos, de carácter universal y solidario, como un mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza entre los trabajadores y entre las generaciones, comprometido con el bienestar colectivo y una clara responsabilidad del Estado. Construir un Estado Social de Derecho, en el cual se reconozca que el bienestar social es responsabilidad y obligación del Estado, y donde ésta sea, a la vez, responsabilidad colectiva de la sociedad. deberá brindar seguridad jurídica que defina los derechos y obligaciones del Estado, los patrones, los trabajadores, los derechohabientes y además el de los asegurados. Reconocimiento y aplicación del derecho al trabajo, como un derecho humano y que sean factibles los derechos de organización, libertad y democracia sindical, reconocidos por los convenios internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Prohibición y sanción con base en la ley, de cualquier acto de injerencia patronal o gubernamental que atente contra la independencia, la democracia sindical y el ejercicio de los derechos colectivos. Así como la lucha contra el corporativismo sindical y los contratos de protección Ampliar la democracia sindical y establecer mecanismos obligatorios de rendición de cuentas, realización de asambleas, información periódica acerca de las cuotas y patrimonio sindicales; elección por voto secreto y directo de la representación sindical, publicación de los contratos colectivos. Crear el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Crear el Instituto Nacional de Salarios, Productividad y Reparto de Utilidades, organismo técnico y autónomo encargado de la realización de los estudios respectivos y la elaboración de propuestas de políticas públicas. Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados Laborales dependientes del Poder Judicial. Incorporar mecanismos que garanticen la equidad de género en el marco de los derechos humanos, de los convenios internacionales, de la normatividad laboral mexicana, que den pauta para establecer relaciones laborales justas y asegurar que la normatividad laboral garantice plenamente los derechos de las mujeres y la equidad en el mundo del trabajo. Impulsar un proyecto de Nación basado en el conocimiento y en una educación integral para todos, como prioridad nacional. Fortalecer la Ley Integral de la Educación, que garantice y consolide el derecho a la educación a través de un sistema nacional, público, gratuito, laico, y científico. Respetar la obligatoriedad del financiamiento estatal, comprendido como una inversión social en los marcos recomendados por la UNESCO que es por lo menos del 8 % del PIB. Impulsar la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, como un acto colectivo, un trabajo solidario y de compromiso social que guarda una estrecha vinculación con el sector productivo de su entorno. Es indispensable reposicionar a la educación superior a partir de la investigación, desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo económico sustentable e incluyente que respete el medio ambiente, así como los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que es indispensable elevar esta inversión social al 1.5% del PIB. Promover un sistema nacional de educación integral a partir de una constante elevación de la calidad con equidad de la educación y cuyos objetivos sean la formación integral para la vida y el bienestar social, recuperando los valores y principios actuales emanados de nuestras raíces pluriétnicas y culturales que conforman nuestra identidad nacional, como uno de los fundamentos de la construcción de una nueva ciudadanía y del desarrollo de la sociedad. Por una política de Estado, dirigida al desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de los energéticos. Rescatar los recursos energéticos: petróleo, gas natural, petroquímica básica y electricidad como estrategia fundamental para el ejercicio de la soberanía y la seguridad nacionales y para el funcionamiento de la economía ampliando la planta productiva e incentivando el crecimiento Desarrollar un real sistema nacional de planeación, para efectuar las previsiones y acciones de una política de Estado Energética, que deberá implementarse en la práctica en el corto, mediano y largo plazo. para rescatar la conducción del país a partir de decisiones soberanas y recuperar condiciones de crecimiento y desarrollo Vincular la petroquímica junto a una nueva capacidad de refinación con la cogeneración de electricidad para sustituir las importaciones de gas y aprovechar combustibles alternativos y, de esta manera crear los ejes de una nueva política industrial, integrada a las cadenas productivas. Nuestro proyecto alternativo de política económica tiene en el centro la superación del desempleo, la miseria, la pobreza y la exclusión social; y como objetivos de este proyecto, el crecimiento y desarrollo económico para la mejora sustantiva de la calidad de vida con base en una economía dirigida al mayor bienestar social. Es decir, un México más justo, más plural y democrático. Sindicalismo Nacional Universitario. Proponemos diseñar una estrategia de lucha conjunta para el próximo período de revisiones salariales y/o contractuales a partir de la defensa de la universidad pública, el salario y la seguridad social. Promover la manifestación del 31 de agosto y la falta colectiva del próximo 1º de septiembre, para rechazar la intromisión del poder legislativo en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, derogar las actuales reformas, impulsar la realización de las auditorías y la creación de una fuerza en defensa de la Seguridad Social en el ISSSTE. Fortalecer nuestra presencia mucho más activa y dinámica con los movimientos sociales, (Congreso Nacional Indígena, Organizaciones Estudiantiles, Sindicatos Independientes, Organizaciones de Colonos, amas de casa, etc), con base en nuestros principios y valores democráticos, para generar un proceso político capaz de cambiar la actual correlación de fuerzas, que impidan el avance de las contrarreformas e impulsar un plan de acciones contundentes para fortalecer la unificación y convergencia de las luchas de las trabajadoras y los trabajadores para crear las mejores condiciones de un amplio movimiento nacional hacia una huelga nacional y promover desde la UNAM y la sociedad civil un debate nacional sobre las reformas necesarias para un nuevo modelo de sociedad. En cuanto a esta primera parte, 57 delegados acordaron rechazar su contenido y 48 se manifestaron a favor del mismo. (La Plenaria de resolutivos votó por mayoría aprobar el contenido de esta parte, con 0 votos en contra y 8 abstenciones) (Relatoría: Segunda Parte) RESOLUTIVOS ESPECIALES Y ACCIONES Rechazo a los acuerdos de la Comisión Nacional Hacendaría en general y en lo particular en lo relacionado a que se grave con el 4% de IVA a los alimentos y a las medicinas, así como el que se pretenda imponer mayores tazas impositivas a los contribuyentes cautivos que somos los trabajadores del país. Nos pronunciamos en contra de cualquier reforma a la Ley Federal de Trabajo que atente y lesione los derechos de los trabajadores. Exigimos al poder legislativo no apruebe la iniciativa de Ley presentada por el Partido Acción Nacional el pasado 27 de abril del 2004, porque pretende vulnerar el carácter de la Universidad Publica en nuestro país, por lo que impulsaremos las siguientes acciones: Paros escalonados estatales en defensa de la seguridad social. Ruedas de prensa conjuntas por regiones, y nacionales con la participación de la UNT, FSM y el FASUES; las ruedas de prensa se convocarían a partir de septiembre. Participar en los 5 foros regionales y el Foro Nacional propuestos por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Que la FNSU realice un foro alterno sobre las propuestas de reforma a la ley de Educación Superior. Convocar a la UNT y al FSM a que se sumen a la defensa de la Educación Superior Publica y desarrollar una movilización en defensa de la Universidad Publica. Introducir emplazamientos internos de carácter político para el mes de septiembre con el propósito de incidir en la discusión del Presupuesto, de Egresos y la Ley Nacional de Ingresos. Derogación de la Ley del CONACYT Asimismo rechazamos la propuesta de reformas a la Ley del ISSSTE que se presentaron el pasado 25 de agosto por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, porque al igual que la aprobada para el IMSS, ésta modificaría el derecho que tenemos los trabajadores a tener una pensión. Convocamos a los trabajadores afiliados al régimen del ISSSTE a la realización de foros y movilizaciones: • Movilización a los principales hospitales del ISSSTE, exigiendo un mejor servicio y abasto suficiente de medicinas (hospitales López Mateos, Zaragoza, Darío Fernández y 1º. De Octubre). • Bloqueo y mitin en las oficinas centrales del ISSSTE (Monumento a la Revolución) Por un estado de derecho que no permita la impunidad • Exigimos al Gobierno Federal, al del Estado de Chihuahua y al Municipal, el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. • También exigimos el esclarecimiento del asesinato del compañero Pavel González. Por una Política exterior que defienda los intereses de nuestros connacionales y repudiamos cualquier tipo de agresión contra los migrantes, particularmente el uso de balas de goma con gas pimienta, que ha permitido el actual secretario de relaciones Luis Ernesto Derbez, por lo que exigimos la renuncia inmediata de dicho funcionario e impulsaremos un juicio político en su contra. Ante la necesidad de enfrentar la ofensiva del gobierno de Fox en contra de los intereses de los trabajadores, el XXIII Congreso del STUNAM decide preparar la Huelga Nacional, para lo cual la dirección sindical debe llevar a cabo las siguientes acciones: • Abrir una amplia discusión en las delegaciones sindicales sobre la necesidad inmediata de esta acción. • Poner a discusión en el seno de la UNT, del FSM, la preparación de la huelga nacional. • Hacer del 31 de agosto y el 1º de septiembre actos preparativos a la huelga nacional. Definir en un plazo perentorio esta iniciativa. • Asistir y participar los días 16, 17 y 18 de septiembre en el III Congreso Latinoamericano que se desarrollará en la Ciudad de León, Nicaragua. • Nos solidarizamos con las acciones que desarrolle el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, en los marcos del emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. (Esta segunda parte fue aprobada por unanimidad en la Mesa y fue ratificada en la Plenaria de Resolutivos por amplia mayoría) Siendo las 18:00 horas del día 28 de agosto de 2004 se terminan los trabajos de la Mesa. Continúa