COALICIÓN CIUDADANA NACIONAL POR LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA CON JUSTICIA Y EQUIDAD

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

(Propuesta)

La Coalición se ha constituido como un espacio plural de convergencia ciudadana para la gobernabilidad democrática y el cambio de rumbo del país. Entre sus objetivos está contribuir a la distensión política mediante el fomento de un clima de acuerdos entre los actores sociales y políticos del país, e iniciar un proceso, desde la sociedad civil, para construir una serie de compromisos que den certidumbre y transparencia al proceso electoral y que se traduzcan en mejores condiciones para gobernar nuestro país en los próximos años. De esta manera será factible aplicar un programa de reactivación económica y promover un nuevo pacto social que impulse la democracia y propicie la participación de los ciudadanos en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Para la Coalición el Acuerdo de Gobernabilidad debe contemplar tres grandes temas con medidas que se pueden aplicar de inmediato y orientadas hacia cambios sustantivos en las instituciones y el rumbo del país: el proceso electoral del 2006, la Reforma de Estado y un Programa de Reactivación de la Economía.

Se trata de proyectar la mejor forma de gobernar en una circunstancia de cómo la que hoy prevalece en el país, de saber qué es necesario realizar en lo económico y qué tanto se tiene que avanzar en lo político, acordando de antemano los cambios indispensables para establecer, de común acuerdo con la sociedad, las acciones que hagan posible la transformación del país. De este modo, se podrán encontrar los puntos de acuerdo que beneficien a todos y que muestren con claridad la voluntad política de las fuerzas partidistas, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los legisladores, en su compromiso con la sociedad.

De entrada, es necesario que los candidatos y partidos políticos respeten la legislación vigente y los acuerdos encaminados a lograr la transparencia y limpieza de las elecciones, con la consecuente aceptación general de los resultados de las mismas. En este marco es indispensable respaldar las acciones que, tanto el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lleven a cabo a fin de conducir el proceso dentro de los cauces de la civilidad, la transparencia y la tranquilidad social.

Proceso Electoral del 2006

Garantizar la distensión no será posible si las campañas se caracterizan por la diatriba, la descalificación, la demagogia, la ausencia de propuestas y el uso inequitativo y excesivo de los medios electrónicos de comunicación, así como por el derroche de recursos de origen incierto. Los mexicanos necesitamos y exigimos campañas que contribuyan a encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales, en las que podamos distinguir y reconocer propuestas viables de gobierno, a fin de emitir un voto responsable y razonado.

Para cumplir con estos propósitos, proponemos la siguiente agenda que incluye mecanismos que podrían implementarse de inmediato para prevenir desviaciones y garantizar la confiabilidad y transparencia de los comicios.

1. Fortalecimiento de las funciones de fiscalización del IFE;
2. Organización por parte del IFE de los debates públicos entre candidatos;
3. Compra de tiempos de radio y televisión, por parte del IFE, con cargo a las prerrogativas que le corresponden a cada partido;
4. Prohibición de la publicidad gubernamental durante el período electoral;
5. Prohibición del uso de recursos públicos e información privilegiada para incidir en los resultados electorales.
6. Fortalecimiento y apoyo en las tareas de observación electoral que las organizaciones de la sociedad civil llevarán a cabo.
7. Garantizar la transparencia del proceso de votación de los mexicanos que residen en el exterior.

Sin demérito de lo anterior, una tarea inmediata de la LX Legislatura tendrá que ser la del perfeccionamiento de la legislación electoral, que necesariamente deberá incluir los siguientes aspectos:

1. Disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la supresión del financiamiento privado;
2. Reducción del tiempo de duración de las campañas electorales;
3. Prohibición de precampañas y regulación de campañas internas de los partidos;
4. Legislar las candidaturas comunes e independientes;
5. Compactación de calendarios y homologación de los procesos electorales;
6. Establecer criterios de equidad en la definición de las candidaturas de los partidos (mujeres, indígenas y jóvenes); y
7. Reforma electoral del Distrito Federal.

La Reforma del Estado

Para construir las nuevas formas de ejercer el gobierno y redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad, debemos fortalecer, actualizar y modernizar al Estado. La reforma integral y democrática del Estado robustecerá el carácter laico y el sentido social del mismo, a partir de la reformulación de la estructura existente del poder. Estamos convencidos en la necesidad de un nuevo régimen político, que surja del más amplio consenso, que derogue las prácticas autoritarias y corporativas del viejo régimen, que armonice las instituciones del Estado, democratice los canales de participación e instaure un verdadero Estado de derecho.

La Reforma del Estado incluye los siguientes ejes:

1. Construcción del Estado Democrático;
2. Derechos humanos, seguridad y justicia;
3. Federalismo, municipios y autonomías;
4. Política exterior de Estado;
5. Sociedad del conocimiento, y
6. Revisión integral de la Constitución.

En lo inmediato, la actual Legislatura deberá aprobar un artículo transitorio de la Constitución, por medio del cual se establezca un método y se faculte a la LX Legislatura para que realice una revisión integral del texto constitucional.

En la Sexagésima Legislatura se propone comenzar los trabajos de reforma del Estado, con base en la siguiente agenda inicial:

1. Conformación de un gobierno de mayoría (creación de la figura de Jefe de Gabinete);
2. Reconocimiento del Distrito Federal como un estado de la República;
3. Reconocimiento de las autonomías de los pueblos y comunidades indígenas (cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar);
4. Reforma del poder Judicial;
5. Establecimiento de un Tribunal Constitucional;
6. Implementación de un Consejo de Política Exterior;
7. Modernización y redefinición del funcionamiento del Congreso para ajustarlo a la realidad actual de pluralidad política;
8. Incorporación de los derechos humanos integrales en un capítulo constitucional; reconociendo como tales a los derechos laborales;
9. Ampliación de las facultades y atribuciones de las comisiones de derechos humanos.
10. Establecer el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato e instaurar, revisar o perfeccionar las leyes de participación ciudadana.
11. Redefinición de las facultades de los tres órdenes de gobiernos, y
12. Reforma a los medios de comunicación.
13. Ampliación de la definición de Estado Laico en el texto constitucional y definición de mecanismos de sanción a funcionarios y funcionarias que actúen en contra de este principio.
14. Aprobación de la Ley General para la igualdad entre Hombres y Mujeres aprobada en el Senado y aprobación de la Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Niñas aprobada en el Senado.

Programa de Reactivación Económica

En este contexto, lo fundamental, además del programa de gobierno, será el gobernar con la participación de la sociedad para constituir un gobierno de mayoría que garantice la estabilidad y el cambio de régimen político. Es de la mayor importancia, para el avance del país, el que la agenda nacional no se circunscriba solamente a la lucha electoral y al conflicto de poder que ésta contiene, sino que se nutra de otros temas que impulsen la democratización de la vida nacional e incidan en el desarrollo y competitividad de la economía nacional, incentivando la creación de acuerdos a diversos niveles, por medio de los cuales el próximo gobierno podrá aplicar bajo condiciones de estabilidad, la estrategia pactada con los actores sociales.

Los excedentes por concepto de renta petrolera así como las remesas de los emigrantes mexicano constituyen una masa de recursos con la que se podría iniciar un programa de reactivación del mercado interno y la planta productiva nacional cuyo objetivo central consistirá en desencadenar una dinámica integradora de nuestra economía nacional por medio de la cual se superarían las limitaciones y la irracionalidad de la actual política económica que se orienta solamente al control de las variables macroeconómicas sacrificando a la soberanía nacional, al mercado interno y al nivel de vida de la población.

El futuro de nuestro país depende del desarrollo y profesionalización del recurso humano, así como del incremento de la productividad y competitividad de las empresas. Factor este último asociado al uso de alta tecnología y a la investigación científica y tecnológica.

La nueva política económica tendrá que orientarse, en consecuencia, hacia la inclusión del conjunto de los agentes productivos y sociales en un programa de emergencia de financiamiento al desarrollo que considere las siguientes medidas iniciales:

1. Establecer un programa emergente para recuperar el papel del mercado interno, y de de la banca de desarrollo, como motor del desarrollo nacional y de la generación de empleos;
2. Promover un crecimiento económico sostenido, y sustentable.
3. Creación del Consejo Económico y Social de Estado que se encargaría de elaborar un diagnóstico de la situación de la planta productiva nacional que serviría como base para definir las prioridades para el financiamiento y fomento de la industria y del sector agropecuario;
4. Concertar un nuevo pacto fiscal que transparente el ejercicio presupuestal, la asignación de recursos eliminando la discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos;
5. Etiquetar los recursos de corto, mediano y largo plazo para invertir en infraestructura, en fomento industrial, y agropecuario, en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y en el gasto social de educación, vivienda y bienestar social.
6. Incluir los criterios del punto anterior en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto del sector público;
7. Promover una política industrial que reintegre y articule las cadenas productivas fomentado la competitividad y productividad de las empresas, así como la capacitación y profesionalización de sus trabajadores;
8. Impulsar la reforma laboral y productiva para democratizar el mundo del trabajo desarrollando la autonomía e independencia sindicales, para fortalecer la contratación colectiva auténtica y establecer criterios de bilateralidad en temas como la productividad, la capacitación y la competitividad;
9. Rescatar la soberanía alimentaria y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo; lo anterior implica entre otras cosas el desarrollo de proyectos agroindustriales;
10. Revisión del TLC y demás acuerdos comerciales suscritos por el gobierno mexicano a fin de proteger la planta productiva nacional, promover la soberanía alimentaria e incluir un capitulo en donde se protejan los derechos sociales;
11. Fomentar la soberanía nacional mediante el control de las industrias y recursos estratégicos como el sector energético y el las telecomunicaciones cuyo desarrollo debe estar vinculado con las grandes prioridades nacionales y
12. Renegociación de la deuda externa e interna.

Existen adicionalmente otras medidas que pueden formar parte del programa de reactivación del mercado interno. Se trata de propuestas para impulsar el desarrollo e integración de las cadenas productivas que se han formulado en diversos ámbitos como los diálogos nacionales, el FSCISP, el Acuerdo de Chapultepec y otros foros de reflexión en relación con las pequeñas y medianas empresas, el sector energético y el área de Compras gubernamentales.

Esta estrategia expresará el compromiso inicial de todos los factores productivos con una economía de largo plazo vinculada con el desarrollo, la soberanía nacional la generación de empleos, la equidad, el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores y en general con el bienestar de nuestra población.

La generalización de la pobreza, por otro lado, ha afectado principalmente a las mujeres, los jóvenes y a los adultos mayores. Por lo que se requiere de políticas y fondos compensatorios que fomenten el empleo productivo y en plena igualdad de oportunidades, la independencia económica, el patrimonio y distribución equitativa de los bienes de producción y la seguridad social.

Estas políticas representarán un paso importante en la recuperación de la responsabilidad social del Estado y en el necesario replanteamiento del tipo de inserción de nuestra economía en los mercados mundiales globalizados, en la medida en que el Estado no actué solamente como regulador de la actividad económica sino como promotor del desarrollo con justicia y equidad.

La Cuestión Social

Para recuperar la función social del Estado, los suscriptores del Pacto de Gobernabilidad proponemos lo siguiente:

1. Elevar progresivamente las partidas presupuestales dedicadas al desarrollo social, hasta alcanzar los niveles mínimos recomendados (ocho por ciento) por la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud y educación.
2. Pactar un programa de rescate de las instituciones que integran el sistema de salud y seguridad social mexicano, que eleve la calidad de los servicios que se ofrecen a los derechohabientes y que le de viabilidad financiera a lo que deberá ser un sistema universal de seguridad social. Empresarios, gobierno y trabajadores deberán contribuir al logro de estos propósitos.
3. Promover la investigación científica y tecnológica que se vincule a las necesidades de la planta productiva y el desarrollo nacional. Incrementar progresivamente las partidas presupuestales destinadas a este rubro hasta alcanzar los niveles mínimos de inversión recomendables por Naciones Unidas.
4. Fortalecer el carácter laico, público y gratuito de la educación que imparte el Estado.
5. Resolver el problema de los regímenes de jubilaciones y pensiones sobre la base de garantizar el carácter solidario de los fondos de pensiones, la jubilación digna para los trabajadores mexicanos y en el marco del acuerdo nacional para el rescate de las instituciones de salud y seguridad social, buscando que el gobierno y los patrones asuman la responsabilidad social que les corresponde.
6. Implementar acciones para resolver el grave problema de la inseguridad, por medio de un Programa Nacional Integral de Prevención (el combate a la delincuencia, profesionalización de los cuerpos policíacos, reforma del poder judicial en el ámbito de procuración de justicia y dotar de autonomía al ministerio público); e
7. Impulsar programas de cultura, recreación y bienestar social.

La Coalición ciudadana se propone hablar con los actores sociales, políticos y de gobierno para fomentar este clima de acuerdos y construcción de consensos. Queremos avanzar en una gobernabilidad democrática y posible aún en condiciones de gobierno de minoría.
México, D. F., a 26 de octubre de 2005.