Reforma Universitaria en la UNAM
A dos años de la CECU
EN
LA UNAM SIGUE PRESENTE UNA VISIÓN DE CONGRESO UNIVERSITARIO
(Cronología
de la CECU)
Alberto Pulido A.
23 de marzo de 2001: El CU aprueba impulsar un Congreso Universitario. Por amplia mayoría, los integrantes del Consejo Universitario de la UNAM aprobaron iniciar los trabajos de organización para la realización de un Congreso General Universitario, cuyo principal objetivo será alcanzar la reforma de la UNAM. Se acordó conformar un Grupo de Trabajo (GT) que deberá presentar al CU una propuesta para la integración de una comisión organizadora del congreso.
11 de mayo de 2001: El GT inicia sus labores. El GT decidió como primer paso de sus labores iniciar un análisis de la documentación existente del Congreso Universitario de 1990 y aprobó desarrollar una consulta abierta a los universitarios con el fin de que se manifiesten en torno a las atribuciones que debería tener una Comisión Especial que se formara para llevar a cabo la organización de un congreso universitario de reforma.
24 de octubre de 2001: El CU da el visto bueno para la conformación de la CECU. Tomando en cuenta los resultados que arrojó la consulta, el GT presentó al CU las bases para la integración de la Comisión Especial para el Congreso Universitario. La CECU deberá quedar integrada por 48 miembros, de los cuales 17 serán miembros del CU y 31 no integrantes de éste. Una parte de integrantes de la Comisión deberá ser designada por voto secreto universal y directo y la otra por insaculación.
1 de abril de 2002: Son presentados al pleno del CU los integrantes de la CECU. El GT informó al CU de sus actividades y presentó a los integrantes de la CECU. Por parte de los trabajadores quedaron: Alberto Pulido A., Carlos Rey Espinosa, Alejandro Ortiz Piña y Juan F. Velázquez González. Tomaron protesta los miembros de la CECU. Posteriormente se incorporó Bruno Luna Gómez en sustitución de Carlos R. Espinosa.
9 de mayo de 2002: La CECU difundirá sus labores. La CECU aprobó la propuesta de difusión del trabajo para la información a la comunidad, la cual establecía que la CECU cuente con una página de Internet.
4 de octubre de 2002: La CECU presenta su primer informe al CU. La CECU informó de sus trabajos al CU. Indicó haber realizado 40 sesiones de labores, las cuales implicaron 90 horas de trabajo efectivo; entre los aspectos abordados se encontraban los siguientes: revisión de la información existente destinada a la organización del Congreso Universitario, consulta.
22 de julio de 2002: La CECU informa de la encuesta. Mediante un comunicado publicado en la Gaceta UNAM, la CECU informó que la empresa Covarrubias y Asociados aplicará la encuesta a la comunidad universitaria en torno a la reforma universitaria y el congreso.
Del 22 al 25 de julio de 2002: Se realiza el Debate por la UNAM. La CECU llevó adelante en toda la UNAM, a excepción del bachillerato -que lo hizo tiempo después-, el llamado Debate por la UNAM. En éste participaron distinguidos universitarios que dieron sus puntos de vista en nueve conferencias y 28 mesas redondas.
Entre el 26 de julio y el 18 de agosto de 2002: Se aplica la encuesta a la comunidad universitaria. Por la vía de la entrevista domiciliaria o telefónica se formularon preguntas en torno a los temas relevantes para la reforma universitaria y propuestas para la organización del Congreso Universitario.
26 de agosto: Covarrubias informa sobre resultados de la encuesta a la CECU. La empresa manifestó que fueron encuestados 1,437 universitarios: 461 académicos, 528 estudiantes y 448 trabajadores. El 87% de éstos expresó estar a favor de una reforma para la UNAM. El 72% se encontraba informado de que estaba llevándose a efecto la organización de un congreso y el 75% opinó que el congreso sí era la vía para lograr una reforma. Al respecto, en el sector de los trabajadores el 87% se mostró más convencido. El 88% de los encuestados se manifestó por un congreso por etapas.
Del 22 al 25 de septiembre de 2002: Debate por la UNAM en las prepas. En el ciclo de bachillerato, la CECU organizó tres conferencias y seis mesas redondas en las que se trataron temas relativos al bachillerato, a las funciones de la universidad mexicana y la pertinencia de una reforma en la educación media superior.
30 de septiembre y principios de noviembre de 2002: Seminarios internos de la CECU. En nueve sesiones de trabajo, la CECU realizó su Seminario Interno con la participación de especialistas y ex rectores en temas vinculados con las experiencias históricas tenidas en relación a reformas universitarias.
4 de octubre de 2002: El CU propone labores para la CECU. El CU aprobó el informe de la CECU y la mandató para que realizara las siguientes actividades: Análisis de la pertinencia de realizar un congreso por etapas o en sesiones únicas; realización de fases previas al congreso, tales como: una consulta abierta a la comunidad, la elaboración de un diagnóstico institucional y presentar los acuerdos incumplidos del Congreso General de 1990. La CECU informó que su dinámica de trabajo consistirá en una sesión plenaria por semana y otra donde se reúnan las subcomisiones de trabajo.
2 y 5 de diciembre de 2002: Se propone un congreso por etapas. En la Gaceta UNAM se publicó la propuesta de la CECU de realizar un Congreso por Etapas. Se propuso que sea un "evento que no se agota en tiempos determinados; un proceso fundamentalmente académico, democrático y plural, donde la transformación de la UNAM sea gradual y consensuada, donde se impulse la diversidad y pluralidad que caracterizan a la comunidad universitaria".
Primera quincena de enero de 2003: Se repartió propuesta del Congreso por Etapas a la totalidad de trabajadores y profesores. Anexo al talón de cheque de todos los académicos y trabajadores administrativos, la CECU repartió su propuesta de Congreso por Etapas.
3 de marzo de 2003: Convocatoria para el diagnóstico institucional. En la Gaceta UNAM se publicó la Convocatoria General para los Seminarios de Diagnóstico. Se planteó que éstos fueran locales al ser convocados por los consejos técnicos y asesores, intermedios cuando abordaran temas comunes a varias dependencias, y generales que serían convocados por la CECU cuando se traten temas generales para la UNAM, por ejemplo "Universidad y Sociedad, planes y programas", entre otros. Estos seminarios serán considerados como una fase preparatoria para el diseño y organización del Congreso Universitario.
20 de marzo de 2003: Acuerdos no cumplidos del Congreso de 1990. Cumpliendo el mandato del CU, la CECU dio a conocer los acuerdos del congreso de 1990 que no fueron cumplidos. Se informó que en total fueron 276 acuerdos los que adoptó el congreso; de éstos, 145 (52.5%) fueron cumplidos, 84 (30.4%) se ejecutaron de manera parcial y 47 (17.0%) no fueron cumplidos.
16 de junio de 2003: Terminó la CECU sus labores rumbo al diagnóstico institucional de la UNAM. Ante el CU, la CECU anunció que ya "se cuenta con el análisis y la sistematización de las Mesas de Diálogo, del Seminario Interno de la CECU, de los diagnósticos de administraciones anteriores, de 'El debate por la UNAM' y del 90% de los diagnósticos de cuerpos colegiados entregados, y se trabaja en su incorporación al guión aprobado por el pleno de la CECU". (Tercer informe de la CECU al CU, 16 de junio de 2003).
25 y 26 de agosto y 8 de septiembre de 2003: Diagnóstico con expertos. Coordinado por la CECU y el Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) se desarrollaron talleres con expertos, en los que se abordaron, entre otros, temas como: Universidad y Sociedad, Estructura de Gobierno y Administración, Gestión Universitaria y Financiamiento.
Septiembre de 2003: Centenares de ponencias en los seminarios de diagnóstico. Al presentar su cuarto informe al CU, la CECU informó que la comunidad universitaria presentó 2,404 ponencias en las 127 sesiones que se desarrollaron durante los seminarios de diagnóstico, tanto los de carácter local como los intermedios y los generales.
20
de mayo de 2004: Finalizado el proyecto de Diagnóstico Institucional.
El pleno de la CECU inició la discusión del proyecto de
Diagnóstico Institucional, que fue redactado por varias subcomisiones
de la propia CECU; este diagnóstico será presentado al
CU y posteriormente dado a conocer a la comunidad universitaria.
LINEAMIENTOS PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM
Carlos
Rey Espinosa Salgado
Secretario de la Carrera Académica, STUNAM
Un elemento fundamental para el desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro país es, sin duda alguna, la elaboración e implantación de una política pública en materia de educación media superior y superior, que permita su fortalecimiento gradual y permanente al considerar a la educación universitaria pública, gratuita y laica como un factor estratégico y de prioridad nacional.
El establecimiento de una política de Estado debe considerar la necesidad de construir un modelo educativo universitario que corresponda y sea congruente con las necesidades que el país requiere, a fin de fortalecer su independencia, soberanía, equidad y desarrollo social.
Es conveniente incrementar los lazos de vinculación entre las universidades públicas del país para avanzar hacia el desarrollo de un sistema nacional de universidades que permita la formación de un Consejo Nacional de Instituciones de Educación Media Superior y Superior, el cual desarrolle políticas públicas que generen un verdadero sistema y modelo educativo universitario.
La Universidad, como institución educativa de cultura e investigación, tiene que considerar la función de prestar un servicio a la sociedad, la cual se agrega en forma cada vez mas obligada y preponderante, recuperando su sentido social, crítico y propositivo, en la idea de hacer compatible la formación de cuadros profesionales en el campo del empleo, así como el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, para la solución de problemas y necesidades reales que presenta la sociedad mexicana en un mundo mas globalizado y en donde impera la sociedad del conocimiento.
Hoy, la formación profesional debe tener un carácter integral, en donde el profesionista adquiera conciencia crítica y propositiva. Por ello es fundamental que el estudiante obtenga una cultura amplia que le permita ubicar el contexto político, económico, social y cultural en el cual se encuentra, pero además una gama o variedad de conocimientos especializados que le permitan introducirse con facilidad a los procesos de trabajo y la solución de problemas que la comunidad presenta.
La reforma universitaria es un elemento pendiente en la agenda de las instituciones públicas de educación media superior y superior, y en particular en la Máxima Casa de Estudios del país. Así, es esencial la realización de un Congreso Universitario democrático y preponderantemente académico, que dé paso a una reforma integral y estructural que desarrolle y fortalezca a la UNAM.
La estructura académica de la UNAM es, sin duda alguna, la columna vertebral del accionar sustantivo y permanente de nuestra Máxima Casa de Estudios. En este sentido, es necesario revisar y replantear el conjunto de elementos que la conforman, como es el modelo educativo, la investigación, la docencia, los planes y programas de estudio, a fin de cambiar a corto plazo la situación de dependencia económica, científica y tecnológica, e incluso de carácter ideológico, que hoy padece la nación.
La función académica de las universidades es un factor fundamental para el desarrollo de las naciones, por lo cual el trabajo académico es relevante y significativo. A pesar de ello, la inestabilidad laboral de docentes e investigadores es alarmante y no debe ser considerada como una realidad contingente, sino como un problema estructural que expresa contradicción objetiva y de la esencia de las relaciones de producción de la formación social mexicana.
Por ello es conveniente generar y desarrollar una serie de propuestas en los diferentes ámbitos de la estructura académica que actualicen el quehacer científico y docente de la institución, para generar conocimiento y profesionistas que respondan a las necesidades, demandas y problemas que se presentan en la sociedad.
La reforma de la estructura académica de la UNAM deberá considerar la revisión del modelo educativo y de investigación actual, desarrollando un verdadero sistema nacional de educación media superior y superior, a través del diseño e implementación de políticas públicas y una planeación estratégica de la educación universitaria a corto, mediano y largo plazo, y el compromiso de una política de Estado en cuanto al financiamiento.
Asimismo, la necesidad de actualizar el marco y norma académica (Ley Orgánica, Estatuto General, Estatuto del Personal académico), con el propósito de generar una revisión a fondo del modelo académico: estructura y organización, planes y programas de estudio, relaciones académicas y escolares, carrera académica y administración de la academia.
En este contexto, la necesidad de un nuevo Estatuto del Personal Académico se justifica en la perspectiva de generar una nueva y mejor Universidad, es decir, debe quedar claro que la actualización de nuevo orden académico, en este proceso de reforma universitaria, tiene que ser pensado hacia la UNAM del futuro: Por lo cual es imperiosa la necesidad de una revisión integral del modelo y estructura académica en el ámbito jurídico, administrativo, docente, de investigación, de los planes y programas de estudio.
La reforma del Estatuto del Personal Académico, deberá considerar la transformación integral de todo el sistema académico de la UNAM, en sus diferentes modalidades y niveles educativos. Es decir, que responda al modelo presencial, al sistema de universidad abierta, en línea y a distancia; que incida en un bachillerato, licenciatura y posgrado de mayor compromiso y calidad académica, con el fin de dar paso a un proceso de academización de la Universidad Nacional, pero al mismo tiempo de dignificación del personal académico, así como el fortalecimiento de la libertad de cátedra y pensamiento.
Se requiere un Estatuto que promueva la generación y transmisión de conocimiento, que no sea ajeno a las múltiples relaciones y condiciones de producción del mismo en forma crítica, que fortalezca un saber que atraviese los mecanismos de protección de la ignorancia.
La actualización del Estatuto del Personal Académico da la oportunidad de resolver de manera definitiva la posible existencia de interpretaciones sobre derechos, obligaciones, prestaciones, procedimientos y tiempos, así como evitar las lagunas y contradicciones que se presentan, lo cual nos permitirá darle transparencia y eficacia a los asuntos académicos. Se requiere un Estatuto que revierta los procesos de burocratización de la academia, que establezca mecanismos claros y transparentes en las múltiples acciones, procesos, relaciones del quehacer académico. Por ello se propone:
· Es esencial empoderar al sector académico de la norma Estatutaria como instrumento de desarrollo permanente, atando lo académico desde su propia perspectiva. Mantener un solo Estatuto del Personal Académico que preserve la clase y la unidad académica en la UNAM; su desregulación, nos conduciría a la erosión del EPA y de la clase académica.
· Los técnicos académicos deberán incorporarse de manera real a la carrera académica, a fin de que obtengan mejores posibilidades para su definitividad y promoción académica. Considerar, por tanto, la conveniencia de que se les otorgue el derecho al año sabático, la evaluación por instancias y criterios académicos, así como el establecimiento de tablas de equivalencias para dicho proceso.
· La superación, actualización y profesionalización académica debe considerarse como un derecho del personal académico y una obligación de la UNAM, Lo que deberá permitir mejorar la calidad y nivel académico de forma permanente. Pero, además, hacer más tangible la posibilidad de avanzar en los procesos de desarrollo de la carrera académica.
Así, el Estatuto del Personal Académico deberá considerar y normar la necesidad y obligatoriedad de la superación académica. Para tal efecto instituirá órganos colegiados que establezcan mecanismos y procedimientos que obliguen al desarrollo académico, en todas sus figuras y niveles.
· El personal académico que las entidades requieren para la realización y desarrollo de sus programas, sólo podrá ingresar a través de un concurso de oposición para el ingreso; el personal así contratado será técnico académico, profesor o investigador de carrera interino o definitivo, o como profesor de asignatura interino o definitivo.
· En cuanto a la planta académica, se requiere abrir un número adecuado de plazas de carrera de tiempo completo y de medio tiempo a fin de atender las necesidades permanentes de investigación y docencia en cada entidad académica, con el propósito de fortalecer el desarrollo de la investigación y la docencia. Tener en cuenta que el trabajo académico como tal nunca dejara de existir, pues esta función sustantiva tiene un carácter permanente y, por tanto, relaciones académico-laborales indeterminadas.
· Los Consejos Técnicos como instancias de decisión académica tienen que democratizarse; para tal efecto se constituirán como órganos independientes de la administración, es decir, deberán ser autónomos.
· Las Comisiones Dictaminadoras deberán obligatoriamente considerar criterios y perfiles académicos para emitir su dictamen; el titular de la entidad académica no intervendrá en el proceso de emisión del mismo, evitando así la intervención de las autoridades y funcionarios en los procesos de definición de los asuntos académicos,
· Los Consejos Internos tienen que considerarse como instancias académicas en los institutos; para tal efecto se definirán y establecerán sus atribuciones de manera muy precisa en el Estatuto. Estos órganos deberán desarrollarse a fin de fortalecer las actividades de investigación y la participación de los académicos en los planes de trabajo de la entidad de que se trate.
· Los procesos de evaluación se desarrollarán con criterios académicos y por órganos colegiados de evaluación académica, con el propósito de que sean independientes de la acción de las autoridades y se evite en definitiva la influencia de la administración sobre la academia.
· Diseñar e implantar un catálogo de categorías y niveles académicos, donde se desarrolle de manera real la carrera académica a través de procesos de promoción que tengan perfiles, responsabilidades y requisitos, que consideren desde los ayudantes de profesor hasta los profesores e investigadores de carrera.
· Comité Académico de Fiscalización y Evaluación de Dictámenes. El comité tendrá como función admitir inconformidades del personal académico sobre los dictámenes que sean emitidos por órganos e instancias colegiadas, como los consejos técnicos y comisiones dictaminadoras, por lo que su carácter deberá ser autónoma de éstas.
Esta instancia estará integrada por un representante de cada colegio académico de las diferentes escuelas y facultades, centros e institutos.
Los planteamientos mencionados demuestran que la reforma del EPA tiene que ser un acto planeado, organizado y dirigido fundamentalmente por el sector académico de la UNAM, en donde se expresen de manera critica, libre y responsable las ideas, con el propósito de mejorar integralmente la norma académica y, sobre todo, no ir a un proceso que mutile y aminore los derechos académicos que actualmente ya se tienen; al contrario, se va a la reforma para generar una situación, condiciones y relaciones que favorezcan el ingreso, permanencia, superación y desarrollo del personal académico no para empeorar o perjudicar su circunstancia.
El Consejo Universitario debe garantizar un proceso de reforma del Estatuto, de carácter democrático, incluyente y preponderantemente académico; convocar y promover una participación real del sector, en particular de los colegios de todas las entidades académicas, lo cual es esencial y estratégico si se quiere que dicho proceso sea realmente relevante y significativo para la UNAM.
El Claustro que la Comisión Especial del Congreso Universitario ha propuesto como instancia para la organización y desarrollo de la reforma debe corresponder a cada una de las figuras académicas existentes en la Universidad, a sus ciclos, y niveles académicos.
El claustro tiene que ser el espacio plural, representativo y democrático de reflexión y análisis de la realidad actual de los académicos, que considere todas las opiniones y expresiones que se presentan en el sector en cuanto a sus necesidades, situación y conflictos, a fin de constituir una propuesta integral, así como la construcción de consensos que legitimen el desarrollo de una propuesta de EPA, en donde reine la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, que permitan encontrar formulas de solución a los problemas que hoy la institución padece, y la tienen en una circunstancia compleja y difícil.
El
desarrollo de consensos y legitimación de procesos es fundamental
si realmente se quieren construir con pasos firmes a la Universidad
del nuevo siglo.
Continúa
