Número 12 Época IV Septiembre 2007 El surgimiento de la mediocracia en México
Javier Esteinou Madrid A principios del tercer milenio, en México los medios de comunicación colectivos no sólo son instituciones de esparcimiento, diversión información o cultura, sino debido a las enormes capacidades tecnológico materiales que han conquistado durante el siglo XX y el siglo XXI y a su forma de organización institucional, se han convertido en enormes fuerzas político-ideológico-económicas que presionan y hasta subordinan al Estado y a la sociedad. En este sentido, siguiendo el modelo de reforzamiento del control social y de la lógica desigual del poder autoritario, los medios han alcanzado en México niveles tan altos de concentración de supra poder y de gobernabilidad colectiva, que han dado origen a la Mediocracia. Entendida ésta como la hegemonía política, cultural e ideológica creciente que alcanzan los medios de comunicación y sus conglomerados mediáticos contemporáneos sobre el Estado, la clase política, las instituciones públicas, el resto de los organismos sociales o entidades tradicionales y del espacio publico; para imponer sus intereses, dinámicas y proyectos sobre la mayoría social.(1) De esta manera, la mediocracia debe ser entendida como “una nueva forma de gobierno, dominada por los medios de masas que en los pasados treinta años emergieron en las naciones abundantes de información y que ahora se diseminan globalmente y se propagan a través de fronteras nacionales en la convergencia del entretenimiento, las cadenas de televisión, los gigantes de la computación y las telecomunicaciones, resultando en menos de una docena de grandes conglomerados corporativos globales que ahora han capturado mercados de interés de ciudadanos alrededor del planeta”.(2) De esta forma, debido al ascendiente que tienen sobre la sociedad, a la formidable capacidad para propagar mensajes que han alcanzado, a la concentración de la propiedad de los principales canales, especialmente de la televisión; a la poderosa influencia política que han alcanzado, a las alianzas corporativas que han emprendido con los más diversos sectores, al empleo de tecnología informativa altamente compleja, a las grandes capacidades técnicas que han conquistado; al anacronismo o abandono legal que existe en éste terreno, a la estandarización, la uniformidad de la comunicación y la cultura, al discurso unidimensional, y a la información homogéneamente manipulada, desigual, desequilibrada y mercantilizada; todo ello ha hecho de los medios un consolidado poder paralelo, e incluso superior, al que ejercen las instituciones políticas.(3) Así, la mediocracia se ha convertido en el gobierno de los medios, o controlado por los medios, donde se establece una mediación irremediable e ineludible entre el poder político y la sociedad.(4) Incluso, ampliando el factor legal, se puede decir que “las leyes para los medios de comunicación en algunos casos son tan obsoletas que casi nunca se aplican o no registran los avances tecnológicos que han ocurrido en ese campo en los ultimas cuatro décadas. Al margen de este marco jurídico desactualizado, los dueños de empresas radiodifusoras y periodísticas suelen establecer arreglos casuísticos con el poder político para conservar su poder. Y, sobre todo, persiste la ausencia de una reglamentación específica que ampare los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de los medios”.(5) Dentro de éste marco de impunidad legal, la hegemonía mediática de los medios ha llegado a ser tan grande que “si, en un primer tiempo, el hombre político busca controlar los medios, estas tentativas resultan vanas pues su posición ante las nuevas reglas del juego político resultan patéticas. Entonces, en un segundo momento, hace un llamado surrealista a la responsabilidad de los medios, pero esta cuestión se encuentra totalmente liquidada en la práctica mediática. Si un diputado se equivoca o actúa mal, tendrá la sanción del voto; si un estudioso no estudia, tendrá la sanción de los exámenes. Pero ¿cuál es la sanción del hombre de los medios? Basta con que tenga el beneplácito del propietario del medio y del anunciante, es decir, en ambos casos, del dinero, para que no suceda nada”.(6) Funciones que realiza la mediocracia Con la nueva macro concentración de este super poder, que da origen a la telecracia o mediocracia, los medios realizan, entre otras, las siguientes 35 funciones y efectos sociales(7) 1.- Son intermediarios entre la sociedad y el poder, entre los acontecimientos y los públicos, o entre los diversos segmentos que conforman la sociedad. En síntesis, el homo politicus abandona el ágora para convertirse en el homo videns einsertarse en la Atenas mediática de nuestra sociedad moderna.(11) Sin embargo, el grado de poder conquistado no sólo los ubica como poderosas instituciones culturales que crean la mediocracia o la telecracia, sino que sobre todo los coloca como macro poderes, con débiles límites, controles legales formales y contrapesos sociales, y sólo excepcionalmente regidos por autocontroles de carácter ético, que les permiten desarrollarse con dinámicas propias, arrollando los intereses públicos, las garantías de los derechos de los trabajadores, los principios de transparencia y concurrencia, y los derechos sociales, condicionando fuertemente la esfera de los poderes públicos. Se han convertido en una mediocracia sin mediaciones.(12) Así, por la falta de límites y controles que los acoten se han transformado en poderes fácticos que, de hecho y no de derecho, alcanzan un peso político y social muy importante para influir sobre la dirección del país. Incluso cuando éstos poderes fácticos funcionan al margen de la ley o cuando las leyes no son suficientes para acotarlos, y cuando de ellos surgen abusos y exacciones de diversa índole en contra de los derechos ciudadanos, se convierten en poderes salvajes.(13) Posicionamiento de los poderes comunicativos salvajes Con la conquista de éstas enormes cuotas de poder, de influencias y de presión sobre el Estado y la sociedad, los medios se convierten en fuerzas salvajes que no tienen límites, especialmente la televisión, alcanzando, entre otros, los siguientes 18 posicionamientos políticos y sociales salvajes: 1.- Imponen la prevalencia de sus intereses por encima de las necesidades colectivas. Con todo ello, los medios electrónicos, y en especial la televisión, como poderes salvajes se han convertido en el principal problema y enemigo de la democracia.(16) En este sentido, la preeminencia que han alcanzado los poderes salvajes, como el de los medios, contrarían o limitan la soberanía derivada de las decisiones de la sociedad en las urnas, se constituyen en fuerzas paralelas a las que articulan el quehacer político institucional, para enfrentarse al enorme esfuerzo invertido en las transiciones democráticas como las que hemos presenciado en éstos años en México.(17) Así, en los tiempos de la globalización y de los poderes supranacionales, los medios masivos de información se han convertido en fuerzas meta constitucionales que se ubican por encima del orden del derecho, sometiendo al Estado y entregándole los destinos de la nación mexicana al poder de la telecracia mediática.(18) De esta forma, la Telecracia se instaló con tremenda fuerza y raíces dentro de las entrañas de la estructura política de la sociedad mexicana, y ahora a principios del tercer milenio casi no existe ninguna decisión trascendental del Estado para la comunidad nacional, especialmente en el terreno comunicativo, que no sea consultada, filtrada o sometida a las consideraciones del gran poder mediático paralelo meta constitucional. (19) La expansión de la videocracia Con la herencia previa del modelo mediocrático, durante el transcurso del sexenio de gobierno 2000-2006 el uso de los medios de comunicación para dirigir al país por parte del Poder Ejecutivo fue muy intenso. Al grado que el propio presidente Vicente Fox Quezada señaló, desde principios de su gestión que no se podía conducir colectivamente a la sociedad sin el empleo acelerado de los medios de información social. Así, a lo largo de dicha administración gubernamental el empleo de los medios de difusión fue tan acentuada que surgió una poderosa videocracia o telecracia o mediocracia, que caracterizó sustancialmente el corazón del gobierno de transición política del 2000 al 2006 al introducir la práctica de gobernar más a través de la transmisión de la propaganda gubernamental por los medios de difusión, que por la realización de logros concretos del gobierno. Ante esta realidad “la nueva forma que puede asumir el control político de la sociedad en la era de los medios de comunicación, se da mediante la videocracia, la cual implica alimentar de sustancia vacía a la democracia como gobierno de opinión. En la videocracia el predominio del ver sobre el pensar produce un efecto en la sociedad que es la atrofia de la capacidad de entender”.(20) Mediante la expansión de éste fenómeno “la comunicación gubernamental se inclinó por adoptar y aprovechar el bagaje de conocimientos de la publicidad mercantil, para influir en la sociedad a través de técnicas de manejo de la opinión pública que privilegian el uso de mensajes de corta duración, de frases breves y atractivas que pretenden causar impresión e impacto, generar recordación e influir en el criterio o voluntad del ciudadano”.(21) La fase extrema de este enfoque sobre la comunicación de asuntos públicos la observamos “en los procesos electorales donde de manera dramática se observa el exceso de uso de la forma de difusión centrada en el efecto, y frecuentemente, carente de contenido real, pues se evita la presentación de realidades complejas, se elude el debate, se rehuye tomar posición en temas críticos y, en cambio, se opta por situarse en posiciones ambiguas que, en numerosas ocasiones, no corresponden a la intención y plataforma real de partidos políticos o candidatos”.(22) De esta forma, se constató que el uso de uso de las herramientas de la publicidad y propaganda comerciales en los medios masivos, por parte del sector público llegó a deformar el deber de comunicar del gobierno hacia una sociedad informada, por la obsesión de mediatizar con la difusión de publicidad y marketing gubernamental a una sociedad plagada de grandes necesidades de desarrollo social que no han sido resueltas.(23) Los excesos mediáticos del poder Para alcanzar eficientemente las metas del video gobierno, el Estado mexicano asignó anualmente fuertes partidas presupuestales para pagar la propaganda gubernamental. Así, por ejemplo en el año 2000, último de la anterior administración federal, el gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal fue de 2,638.6 millones de pesos. Sin embargo, al inicio del nuevo sexenio, en el 2001, este gasto representó 2,547.8 millones. En el 2002 fue de 1,461.7 millones. En el 2003, año electoral, éste se duplicó respecto a 2002, ascendiendo a 3,010.4 millones. En 2004 se ejercieron 2,018.6 millones. En el 2005, el gasto aprobado para el ejercicio fiscal fue de 2,238.4 millones de pesos. Para el 2006, los recursos fiscales destinados a publicidad y relaciones públicas fueron de más de 5,000 millones de pesos.(24) Así, el gasto ejercido en comunicación social del 2001 al 2006 ascendió a más de 15,016 millones de pesos.(25) Paradójicamente, el enorme gasto de dichos recursos se ejerció a pesar de que el Ejecutivo Federal contó con los denominados "Tiempo de Estado" y "Tiempo Fiscal". De esta forma, por disposición de la Ley Federal de Radio y Televisión, el Estado disponía de 30 minutos diarios de tiempo de Estado en todos y cada uno de los canales de televisión y estaciones de radio en el país. De acuerdo al Reglamento de dicha Ley, modificado por el Presidente Fox el 10 de octubre del 2002, hasta 10 minutos de ese tiempo se podrán utilizar en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno, y los 20 minutos restantes en bloques no menores de 5 minutos cada uno.(26) El llamado "tiempo fiscal" consiste en el pago en especie de un impuesto especial creado en 1968. En términos del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de 2002, los concesionarios de radio y televisión podrán pagar la contribución con 18 minutos diarios de transmisión para las estaciones de televisión, y con 35 minutos en las de radio. En ambos casos, los materiales tendrán una duración de entre 20 y 30 segundos cada uno. (27) A partir de ello, observamos que de acuerdo al directorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en México existen actualmente 855 estaciones de radio en AM, 628 en FM y 730 estaciones de televisión. En base a la existencia de esta enorme infraestructura comunicativa, encontramos que del tiempo de Estado, los 10 minutos diarios en mensajes de 20 segundos se traducen en 30 mensajes diarios por estación, que multiplicados por las 2,213 estaciones de radio y televisión, concesionadas y permisionadas resultan 66,390 mensajes al día.(28) Del tiempo fiscal, aplicable sólo a estaciones concesionadas de radio, los 35 minutos diarios en radio equivalen a 105 mensajes de 20 segundos por día en cada estación, que multiplicado por las 1,142 estaciones de radio concesionadas en el país, se tiene un total de 119,910 mensajes radiofónicos cada 24 horas. Para la televisión, el tiempo fiscal diario es de 18 minutos, que representa 54 mensajes de 20 segundos diarios por estación, que multiplicado por las 468 emisoras de TV concesionadas a nivel nacional, se traduce en 25,272 mensajes televisivos diarios. (29) De esta manera, sumando el total de los mensajes por los conceptos de tiempo de Estado y de tiempo fiscal, se tiene que hay un gran total de 211,572 mensajes de 20 segundos disponibles cada día para los poderes públicos.(30) Ahora bien, la repartición de dichos tiempos fueron definidos en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, que indicó que "los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, denominados tiempo fiscal y tiempo de Estado, serán distribuidos en los siguientes porcentajes: 40% al Poder Ejecutivo Federal; 30% al Poder Legislativo Federal, asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10% al Poder Judicial Federal y 20% a los entes públicos federales definidos en el artículo 2 fracción X de tal Decreto (se refiere a las personas de derecho público de carácter federal con autonomía, creadas por la Constitución)..." La misma distribución se hace en el artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2006. Por todo lo anterior, queda claro que los poderes públicos y el Estado mexicano cuentan anualmente con un enorme arsenal de recursos mediáticos que les proporciona numerosos espacios en radio y televisión para realizar amplísima y cotidianamente su tarea de comunicación a la ciudadanía, sin que esto represente un costo extra o directo mas para el erario, pues su uso no genera un pago adicional, ya que están incluidos de facto en los tiempos de Estado y los tiempos fiscales que contemplan las leyes. No obstante, los enormes recursos mediáticos que automáticamente por normatividad oficial ya le correspondían al Estado Mexicano para difundir sus mensajes, éste siguió gastando cuantiosas sumas de recursos públicos para promover todavía más su imagen y así crear una videocracia fundada en el uso intensivo de la mercadotecnia y la publicidad política. Con esta práctica mediático política, a principios del nuevo siglo México se encuentra plenamente inmerso en la etapa de la video gobernabilidad mediática, que provocó que “el uso y el abuso de medios de comunicación para fines de legitimación del Poder Público, se haya convertido en un riesgo muy grande para el desarrollo democrático de nuestra sociedad”. (31) Dentro de este contexto mediático, observamos que si la Constitución Política Mexicana establece el derecho a la información como la garantía de los ciudadanos para el acceso a la información pública gubernamental, paradójicamente aún no se ha legislado la obligación del gobierno de comunicar a la ciudadanía información veraz, oportuna y de calidad que represente una sólida base para la toma de decisiones y el ejercicio pleno de sus derechos. Con dicho comportamiento gubernamental se han distorsionado y desviado los propósitos fundamentales del gobierno. Ejemplo de ello fue cómo en los últimos meses del año 2005 el Ejecutivo de la Unión se involucró de lleno en una gran campaña de promoción para posicionar su imagen en la opinión pública, ante la aproximación de su periodo de gobierno y frente al proceso electoral federal que tuvo lugar el 2 de julio del 2006, tal como lo hizo durante el proceso electoral federal del 2003.(32) En este sentido, faltando a los códigos de ética elementales e “ignorando la más elemental prudencia política, en un entorno definido por la falta de consensos en torno a su capacidad de liderazgo, el Presidente de la República basó su estrategia de posicionamiento político en el acoso sistemático de la opinión pública, apoyándose en la realización de una amplia campaña mediática fundamentada en la manipulación de programas de gobierno y en datos y cifras oficiales sobre supuestos resultados de los mismos. Fue público y notorio que dicha administración federal fue protagonista de un abuso sin precedentes en la difusión de comerciales y campañas promocionales en los medios masivos de comunicación enmarcado en una estrategia orientada, no con la premisa de la comunicación social que busca informar al ciudadano, sino de la propaganda política que busca ganar adeptos”. (33) Esta estrategia informativa “transformó al Gobierno Federal en una gigantesca maquinaria de mercadeo y a la Presidencia de la República en una agencia de publicidad cuyo principal logro fue la de convertir en política de Estado aquella prescripción de Maquiavelo que afirma: “gobernar es hacer creer”. Una estrategia que sustituyó la visión de Estado que debe permear a todos los actos del Presidente de la República por una estrategia de mercadeo, definida por publicistas y por técnica de venta de productos. Una táctica que tras convertir al jefe del Estado mexicano en un actor de comerciales, pretendió hacernos creer que el país avanzó, apropiándose para ello no sólo de programas creados e impulsados desde administraciones anteriores, como la distribución de leche de LICONSA, los desayunos escolares del Dirección de Integración Familiar (DIF), los programas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto de Educación de Adultos (INEA), de alfabetización, los créditos del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda (INFONAVIT), entre otros, y de importantes iniciativas que han transformado institucionalmente al país y que nacieron en el mismo Poder Legislativo”. (34) A toda la practica anterior “se sumó la colocación de anuncios espectaculares a lo largo y ancho del país que pretendieron hacer creer que las más elementales labores cotidianas de la administración pública federal que se han hecho ininterrumpidamente desde hace décadas, representa los grandes logros de una administración que terminó de entender bien a bien lo que significa el ejercicio responsable del servicio público en un contexto político de transición como el que experimentamos en este momento histórico”.(35) En este sentido, “en vez de ganarse el apoyo de la opinión pública con sus acciones de gobierno y sus posicionamientos políticos, el Presidente Vicente Fox hizo descansar la aceptación a su persona en un juego publicitario sostenido por el presupuesto público y las concesiones que hizo el régimen a quienes lo apoyaron. En lugar de convencer a los líderes de opinión, prefirió venderse como si se tratara estrictamente de un producto comercial. Hizo exactamente lo mismo que antes hizo como ejecutivo de la Coca Cola. Ante ello, nos preguntamos: ¿En eso consiste la responsabilidad de ser Presidente ?”(36) Desde el punto de vista publicitario, “las campañas presidenciales estuvieron bien hechas, fueron exitosas y fueron probablemente las mejores logradas del sexenio. Sus componentes fueron adecuados y sus mensajes estuvieron muy bien enfocados a logros concretos. Comprendió pocos promocionales pero con un alta frecuencia de difusión. El formato de testimoniales fue impecable y se utilizó correctamente”.(37) Sin embargo, para la “democracia, las campañas de Fox fueron un agravio, una ofensa. Sus campañas pagadas estuvieron reforzadas por campañas de publicidad ganada. Así ocurrió durante los huracanes del 2005, donde fue más importante aparecer en la televisión que resolver los problemas aún pendientes de los damnificados. Lo mismo volvió a repetirse con los mensajes que dirigió el Presidente a los paisanos que regresaron a México para las fiestas de fin de año del 2006 y sus recorridos por la frontera. A los candidatos se les prohibió dirigirse a los paisanos durante la Tregua Navideña de Propaganda Político Electoral, ¿para que el Presidente lo haga de manera exclusiva ?”(38) Con todo ello, se constató pública y notoriamente, que la administración federal panista faltó a la ética básica y no tuvo reparo en utilizar la comunicación social para lograr las siguientes 3 funciones: Primero, empleó los canales de información masivos como una forma de acrecentar la popularidad y aceptación del Presidente de la República. En este sentido, la campaña presidencial sobre logros de su gobierno se tradujo en una elevación de la aceptación ciudadana a su persona. Segundo, utilizó a los medios para la autopromoción y el culto a la personalidad de los servidores públicos con fines de proselitismo electoral, donde bajo el cobijo de la rendición de cuentas asomó un personalismo contrario a la acción de gobierno entendida como tarea colectiva. Y finalmente, tercero, aprovechó a los medios de difusión colectivos para descalificar a otras instituciones del Estado, como el Congreso y algunos partidos políticos, pretendiendo utilizar la opinión pública como ariete o herramienta de presión. El exceso mediático del gobierno de transición pacífica a la democracia fue tal que incluso Lino Korrodi, destacado personaje del foxismo, íntimo amigo del Presidente de la República y artífice de la estructura de movilización denominada “Amigos de Fox” que contribuyó de manera decisiva para su triunfo electoral en el 2000, reconoció el 2 de diciembre del 2005 en el marco del Seminario Internacional de Campañas Electorales y Nuevos Medios de Comunicación que organizó el Instituto Tecnológico de Monterrey que “estuvimos ante una campaña mediática que nos vendió la imagen de los logros de su buen gobierno con un gasto brutal que osciló entre 2,000 y 3,000 millones de pesos. Este exceso fue criminal, pues arremetió contra los pobres. ¡No se vale!”(39) Al respecto, es conveniente considerar que mientras la administración federal gastó a lo largo de sus seis años de funcionamiento cifras escandalosas en propaganda estatal que superaron los 16,000 millones de pesos, la obra cumbre de infraestructura básica del gobierno Foxista, la presa El Cajón construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el río Santiago, en Nayarit, tendrá un costo total de 9,000 millones de pesos, esto es, más o menos dos o tres años de gasto en propaganda gubernamental.(40) En el mismo sentido, los gobiernos del Distrito Federal y mexiquense invertirán en los próximos 5 años 21,366 millones de pesos en infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) y garantizar el abasto de agua a más de 19 millones 300 mil habitantes de las 16 delegaciones políticas del D.F y 59 municipios conurbanos, es decir, más o menos 8 años de gasto en publicidad presidencial.(41) En idéntica perspectiva, el gobierno federal junto con las administraciones públicas del Estado de México, Puebla e Hidalgo, invertirán 6,200 millones de pesos para construir el Arco Norte de la Ciudad de México con una longitud de 223 kilómetros para comunicar a esas 4 entidades sin cruzar el Distrito Federal, esto es, la mitad del gasto de propaganda del Poder Ejecutivo en este gobierno.(42) De igual forma, para evitar que México siga cayendo en el ranking de competitividad internacional, pues en el 2006 descendió del lugar 60 a la posición 40 en la escala mundial, el gobierno federal tendrá que invertir anualmente el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y no menos del 1 % como es ahora. Ante ello, las cifras altísimas que se derrochan en propaganda gubernamental, pueden reducir significativamente este lastre de la evolución competitiva nacional,(43) etcétera. Ante ello, la pregunta es ¿cuánta infraestructura básica que requiere urgentemente el desarrollo fundamental de la sociedad mexicana se podría construir si no se desperdiciara todo ese presupuesto en meros gastos propagandísticos para legitimar o promover al gobierno mercadológicamente, y no en base a sus resultados de éxito concreto que impulsen el crecimiento nacional? * Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F. NOTAS 1. Trejo Delarbre, Raúl, Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos, Editorial Cal y Arena, México, D.F, México, D.F., 2004, paginas 16, 17 y 22. “La mediocracia que nos viene”, Editorial, Revista Zócalo No. 65, Comunicación, Política y Sociedad, Año V, México, D.F, julio del 2005, pagina 1. |
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