8cuafu1-07

Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006

Tendencias del financiamiento a las universidades

Pedro Hernández
STUNAM

Está claro para todos que el tema del financiamiento cruza inevitablemente los otros factores que tendrían que ver con la gratuidad y la autonomía, y obviamente la relación de las universidades con el gobierno, o más que con el gobierno con el Estado, término que nos permitiría referimos al conjunto de instituciones, no tanto el judicial, pero sí fundamentalmente al poder legislativo y al ejecutivo y a los niveles de gobierno principales, el federal y el estatal. Igualmente, estaríamos de acuerdo en que la Constitución y la Ley General de Educación establecen la obligación del Estado de promover y atender mediante los apoyos financieros la educación de todo tipo o modalidad, incluida la educación superior, y si, en el caso de la UNAM , la Ley Orgánica la concibe como un organismo descentralizado del Estado, es inevitable la relación entre éste y la Universidad.

Esta vinculación no es sólo con el gobierno, pues la Constitución le impone al Estado la obligación de promover y atender este nivel superior educativo, lo que significa que el poder legislativo tiene la obligación de aprobar los recursos necesarios para atender esta función y el poder Ejecutivo de preverlos en sus proyectos de ley de egresos y de "proporcionarlos". Como contrapartida, a las universidades les corresponde hacer un uso transparente de dichos recursos, un uso eficiente y equitativo, de manera que sea capaz de justificar ante la sociedad la utilización de recursos, que son de la Nación y que provienen de los contribuyentes.

En el panorama actual, las relaciones entre las universidades públicas y el poder del Estado giran fundamentalmente en torno a dos ejes: el financiamiento y la evaluación, en cuyos factores el gobierno ha buscado controlar el desempeño de las universidades y orientar las pautas de sus planes o programas, o de su desarrollo en general.

Así, los mecanismos de complemento financiero a través de programas tales como el Fondo de Modernización de la Educación Superior (Fomes) implican una forma de intervención del Estado sobre el régimen de autonomía (entendida como la capacidad de las universidades para diseñar y gestionar sus mecanismos de desarrollo académico), porque condicionan el acceso a los recursos públicos a la adopción, por parte de las universidades, de enfoques y modalidades de desempeño determinadas no sólo por la SEP sino también por organismo internacionales, como es el caso del Banco Mundial, que buscan imponer decisiones en la educación superior.

Tanto el BM como el FMI, en los hechos, fungen como instrumentos de proyección del poder imperial, promoviendo programas de ajuste estructural y de privatizaciones a ultranza del sector público, incluida la educación pública superior, todo en nombre del invisible pero desastroso "mercado global" Esta "proyección de poder" se materializa en el campo de la educación e investigación universitaria para introducir Y colocar como factor hegemónico los valores Y los intereses Y las prácticas de la clase empresarial y del mundo de los negocios por encima de los ideales y principios de la educación superior.

Por ejemplo, el BM en un documento titulado "El Financiamiento y Administración de la Educación Superior : Reporte sobre el Status de las reformas en el Mundo", indica que la agenda para la "reforma educativa, está orientada por el mercado más que por la propiedad pública o por la planeación y la regulación gubernamentales" y que "la dominación del capitalismo de mercado y los principios de la economía neoliberal se encuentran en la base de la orientación por el mercado, de la educación media superior y superior".

La educación superior, argumenta el Banco Mundial, es un bien privado cuyos problemas son manejables o están al alcance de "soluciones de mercado", y da en seguida una serie de recetas concretas no sólo para pago de las colegiaturas y medidas de préstamos a los estudiantes, sino también cómo hacerlo a través de compañías privadas, además de promover el número de instituciones educativas privadas, recetas que el .gobierno de derecha actual ha seguido puntualmente.

Esta declaración de guerra contra las universidades va a agudizarse con el gobierno del usurpador Felipe Calderón, quien ya tiene en su agenda los emplazamientos del Banco Mundial para continuar desarrollando sus políticas. La llegada de Casterns, alto funcionario del FMI al equipo de transición, es precisamente un presagio de los embates que preparan contra las instituciones públicas del país y en este caso contra las universidades.

Para revertir estos designios, que buscarán afectar las asignaciones presupuestales tendiendo a disminuir los recursos para asfixiar a las lES, tendremos que ser consecuentes con los llamados a adquirir compromisos de cohesión nacional entre académicos", estudiantes, trabajadores y a la sociedad civil, para construir frentes en defensa de la educación.

Pugnemos también por el reordenamiento de las partidas presupuestales que se entregan a las universidades, en virtud de que las demandas salariales de sus trabajadores, tanto académicos como administrativos, sufren graves rezagos debido a las prioridades que establecen las administraciones burocráticas de las universidades en perjuicio de los ingresos y la calidad de vida de sus trabajadores.


	Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006 Tendencias del financiamiento a las universidades Pedro Hernández STUNAM Está claro para todos que el tema del financiamiento cruza inevitablemente los otros factores que tendrían que ver con la gratuidad y la autonomía, y obviamente la relación de las universidades con el gobierno, o más que con el gobierno con el Estado, término que nos permitiría referimos al conjunto de instituciones, no tanto el judicial, pero sí fundamentalmente al poder legislativo y al ejecutivo y a los niveles de gobierno principales, el federal y el estatal. Igualmente, estaríamos de acuerdo en que la Constitución y la Ley General de Educación establecen la obligación del Estado de promover y atender mediante los apoyos financieros la educación de todo tipo o modalidad, incluida la educación superior, y si, en el caso de la UNAM , la Ley Orgánica la concibe como un organismo descentralizado del Estado, es inevitable la relación entre éste y la Universidad. Esta vinculación no es sólo con el gobierno, pues la Constitución le impone al Estado la obligación de promover y atender este nivel superior educativo, lo que significa que el poder legislativo tiene la obligación de aprobar los recursos necesarios para atender esta función y el poder Ejecutivo de preverlos en sus proyectos de ley de egresos y de "proporcionarlos". Como contrapartida, a las universidades les corresponde hacer un uso transparente de dichos recursos, un uso eficiente y equitativo, de manera que sea capaz de justificar ante la sociedad la utilización de recursos, que son de la Nación y que provienen de los contribuyentes. En el panorama actual, las relaciones entre las universidades públicas y el poder del Estado giran fundamentalmente en torno a dos ejes: el financiamiento y la evaluación, en cuyos factores el gobierno ha buscado controlar el desempeño de las universidades y orientar las pautas de sus planes o programas, o de su desarrollo en general. Así, los mecanismos de complemento financiero a través de programas tales como el Fondo de Modernización de la Educación Superior (Fomes) implican una forma de intervención del Estado sobre el régimen de autonomía (entendida como la capacidad de las universidades para diseñar y gestionar sus mecanismos de desarrollo académico), porque condicionan el acceso a los recursos públicos a la adopción, por parte de las universidades, de enfoques y modalidades de desempeño determinadas no sólo por la SEP sino también por organismo internacionales, como es el caso del Banco Mundial, que buscan imponer decisiones en la educación superior. Tanto el BM como el FMI, en los hechos, fungen como instrumentos de proyección del poder imperial, promoviendo programas de ajuste estructural y de privatizaciones a ultranza del sector público, incluida la educación pública superior, todo en nombre del invisible pero desastroso "mercado global" Esta "proyección de poder" se materializa en el campo de la educación e investigación universitaria para introducir Y colocar como factor hegemónico los valores Y los intereses Y las prácticas de la clase empresarial y del mundo de los negocios por encima de los ideales y principios de la educación superior. Por ejemplo, el BM en un documento titulado "El Financiamiento y Administración de la Educación Superior : Reporte sobre el Status de las reformas en el Mundo", indica que la agenda para la "reforma educativa, está orientada por el mercado más que por la propiedad pública o por la planeación y la regulación gubernamentales" y que "la dominación del capitalismo de mercado y los principios de la economía neoliberal se encuentran en la base de la orientación por el mercado, de la educación media superior y superior". La educación superior, argumenta el Banco Mundial, es un bien privado cuyos problemas son manejables o están al alcance de "soluciones de mercado", y da en seguida una serie de recetas concretas no sólo para pago de las colegiaturas y medidas de préstamos a los estudiantes, sino también cómo hacerlo a través de compañías privadas, además de promover el número de instituciones educativas privadas, recetas que el .gobierno de derecha actual ha seguido puntualmente. Esta declaración de guerra contra las universidades va a agudizarse con el gobierno del usurpador Felipe Calderón, quien ya tiene en su agenda los emplazamientos del Banco Mundial para continuar desarrollando sus políticas. La llegada de Casterns, alto funcionario del FMI al equipo de transición, es precisamente un presagio de los embates que preparan contra las instituciones públicas del país y en este caso contra las universidades. Para revertir estos designios, que buscarán afectar las asignaciones presupuestales tendiendo a disminuir los recursos para asfixiar a las lES, tendremos que ser consecuentes con los llamados a adquirir compromisos de cohesión nacional entre académicos", estudiantes, trabajadores y a la sociedad civil, para construir frentes en defensa de la educación. Pugnemos también por el reordenamiento de las partidas presupuestales que se entregan a las universidades, en virtud de que las demandas salariales de sus trabajadores, tanto académicos como administrativos, sufren graves rezagos debido a las prioridades que establecen las administraciones burocráticas de las universidades en perjuicio de los ingresos y la calidad de vida de sus trabajadores.