8cuafu1-06

Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006

Problemas de financiamiento de la universidad
pública mexicana

Mtro. Víctor M. Méndez Sánchez

La universidad pública mexicana ha venido padeciendo, durante los últimos cuatro sexenios de gobierno federal, los efectos de la política económica neoliberal, de la que forma parte el proceso privatizador que tiende a modificar sustancialmente su invaluable función social por un proyecto de universidad que subordina el conocimiento a las políticas de mercado.

Durante este período, el gobierno mexicano y las autoridades educativas de la SEP han estado impulsando una serie de políticas orientadas a privatizar la educación en todos los niveles y subsistemas; se ha ejercido una reducción sistemática del presupuesto destinado a la educación pública, donde la educación superior ha sido mayormente afectada.

Dichas políticas han venido respondiendo a los dictados de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han delineado el rumbo de nuestra política educativa. En el mismo sentido, la política neoliberal, la globalización económica y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), constituyen los tres procesos que explican en conjunto la transformación que ha sufrido nuestro sector educativo y de manera específica la tendencia privatizadora de la educación superior.

Estos procesos han venido impactando en los preceptos constitucionales establecidos en el Artículo 3°: la gratuidad, la laicidad y la autonomía, y se han reflejado en el recorte de los subsidios públicos federales a la educación superior, ocasionando que en los últimos años un número cada vez mayor de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar una carrera universitaria.

En este contexto, se han venido estableciendo las nuevas misiones y funciones de la educación superior, planteando una nueva visión para este subsector educativo, sustentado en la pertinencia social, la vinculación con el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad y en los nuevos modelos de enseñanza superior que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad, entre otros aspectos. En esta nueva orientación de la política educativa a nivel superior se encuentra el Programa Nacional de Educación (PNE)

Expone en relación al financiamiento público la meta de lograr que se incremente anualmente el financiamiento de la educación superior hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006.

En relación a este punto, resulta pertinente mencionar que, a un mes de que concluya el actual período de gobierno de Vicente Fox, el presupuesto asignado a la universidad pública mexicana se quedó estancado en el mismo nivel del 0.6 % del PIB que cuando inició su periodo de gobierno.

Así mismo, habría que señalar el incumplimiento de la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, que establece otorgar subsidios a la educación pública hasta alcanzar el 8% del PIB en 2006; mismo que ha quedado en "letra muerta" desde diciembre del 2002, al no registrarse incrementos por encima del 5% del PIB, que ya se venia asignando en los años anteriores.

Lo anterior coloca a las universidades públicas en una situación de incertidumbre y de creciente malestar, ante el creciente cúmulo de necesidades, que se van generando para su buen funcionamiento.

Los problemas por falta de financiamiento se han incrementado, evidentemente, en los últimos años y se requiere de acciones inmediatas que puedan evitar situaciones de conflicto en lo sucesivo.

Entre algunos de los principales problemas podemos mencionar los siguientes:

1. La creciente demanda estudiantil no cuenta con espacios suficientes para ser atendida. Sólo el 20% de los estudiantes tiene acceso a la educación superior.

2. Las instituciones de educación superior enfrentan necesidades crecientes de infraestructura, mobiliario y equipo, en la medida en que se busca dar cumplimiento a los indicadores de eficiencia y calidad.

3. Existen severos rezagos en los aspectos de capacitación, actualización y formación del personal académico y administrativo de dichas instituciones. Como caso particular, se puede mencionar a los profesores por asignatura de las universidades públicas, y que pese a que representan en promedio el 70% de la planta académica, no están considerados en el programa de formación académica del PROMEP.

4. En lo referente a los salarios de los trabajadores universitarios y como resultado de las políticas de ajuste y reestructuración de los últimos cuatro sexenios, se ha venido experimentando una gradual depreciación salarial de tal magnitud que si se toma como referencia los años 80, a la fecha se acumula una perdida del poder adquisitivo del 75%; y del 35% si tomamos como punto de partida la crisis financiera y económica de diciembre de 1994.

5. Se requiere el establecimiento de la rezonificación salarial. Los criterios que en el pasado se aplicaron para la rezonificación del país y que actualmente corresponden a las universidades públicas en las denominadas zona II (barata) y Zona III (cara), resultan obsoletos ante la dinámica económica nacional que se ha encargado de homologar el encarecimiento del costo de vida en todo el país.

6. Es necesario una profunda revisión de los tabuladores salariales que actualmente operan en las distintas universidades del país, con la finalidad de crear un solo tabulador salarial para personal académico y otro para personal administrativo.

7. Establecer, en lo sucesivo, criterios justos y objetivos que garanticen la distribución equitativa que se asigna a las universidades públicas con el fin de subsanar los rezagos históricos y de estandarizar la calidad académica de las mismas a nivel nacional.

8. Establecer un fondo de apoyo para los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas.

Por último, solicitamos a los señores legisladores que nos acompañen en este importante foro, considerar los puntos anteriores en el momento de determinar la asignación presupuestal para las universidades públicas.


	Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006 Problemas de financiamiento de la universidad pública mexicana Mtro. Víctor M. Méndez Sánchez La universidad pública mexicana ha venido padeciendo, durante los últimos cuatro sexenios de gobierno federal, los efectos de la política económica neoliberal, de la que forma parte el proceso privatizador que tiende a modificar sustancialmente su invaluable función social por un proyecto de universidad que subordina el conocimiento a las políticas de mercado. Durante este período, el gobierno mexicano y las autoridades educativas de la SEP han estado impulsando una serie de políticas orientadas a privatizar la educación en todos los niveles y subsistemas; se ha ejercido una reducción sistemática del presupuesto destinado a la educación pública, donde la educación superior ha sido mayormente afectada. Dichas políticas han venido respondiendo a los dictados de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han delineado el rumbo de nuestra política educativa. En el mismo sentido, la política neoliberal, la globalización económica y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), constituyen los tres procesos que explican en conjunto la transformación que ha sufrido nuestro sector educativo y de manera específica la tendencia privatizadora de la educación superior. Estos procesos han venido impactando en los preceptos constitucionales establecidos en el Artículo 3°: la gratuidad, la laicidad y la autonomía, y se han reflejado en el recorte de los subsidios públicos federales a la educación superior, ocasionando que en los últimos años un número cada vez mayor de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar una carrera universitaria. En este contexto, se han venido estableciendo las nuevas misiones y funciones de la educación superior, planteando una nueva visión para este subsector educativo, sustentado en la pertinencia social, la vinculación con el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad y en los nuevos modelos de enseñanza superior que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad, entre otros aspectos. En esta nueva orientación de la política educativa a nivel superior se encuentra el Programa Nacional de Educación (PNE) Expone en relación al financiamiento público la meta de lograr que se incremente anualmente el financiamiento de la educación superior hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006. En relación a este punto, resulta pertinente mencionar que, a un mes de que concluya el actual período de gobierno de Vicente Fox, el presupuesto asignado a la universidad pública mexicana se quedó estancado en el mismo nivel del 0.6 % del PIB que cuando inició su periodo de gobierno. Así mismo, habría que señalar el incumplimiento de la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, que establece otorgar subsidios a la educación pública hasta alcanzar el 8% del PIB en 2006; mismo que ha quedado en "letra muerta" desde diciembre del 2002, al no registrarse incrementos por encima del 5% del PIB, que ya se venia asignando en los años anteriores. Lo anterior coloca a las universidades públicas en una situación de incertidumbre y de creciente malestar, ante el creciente cúmulo de necesidades, que se van generando para su buen funcionamiento. Los problemas por falta de financiamiento se han incrementado, evidentemente, en los últimos años y se requiere de acciones inmediatas que puedan evitar situaciones de conflicto en lo sucesivo. Entre algunos de los principales problemas podemos mencionar los siguientes: 1. La creciente demanda estudiantil no cuenta con espacios suficientes para ser atendida. Sólo el 20% de los estudiantes tiene acceso a la educación superior. 2. Las instituciones de educación superior enfrentan necesidades crecientes de infraestructura, mobiliario y equipo, en la medida en que se busca dar cumplimiento a los indicadores de eficiencia y calidad. 3. Existen severos rezagos en los aspectos de capacitación, actualización y formación del personal académico y administrativo de dichas instituciones. Como caso particular, se puede mencionar a los profesores por asignatura de las universidades públicas, y que pese a que representan en promedio el 70% de la planta académica, no están considerados en el programa de formación académica del PROMEP. 4. En lo referente a los salarios de los trabajadores universitarios y como resultado de las políticas de ajuste y reestructuración de los últimos cuatro sexenios, se ha venido experimentando una gradual depreciación salarial de tal magnitud que si se toma como referencia los años 80, a la fecha se acumula una perdida del poder adquisitivo del 75%; y del 35% si tomamos como punto de partida la crisis financiera y económica de diciembre de 1994. 5. Se requiere el establecimiento de la rezonificación salarial. Los criterios que en el pasado se aplicaron para la rezonificación del país y que actualmente corresponden a las universidades públicas en las denominadas zona II (barata) y Zona III (cara), resultan obsoletos ante la dinámica económica nacional que se ha encargado de homologar el encarecimiento del costo de vida en todo el país. 6. Es necesario una profunda revisión de los tabuladores salariales que actualmente operan en las distintas universidades del país, con la finalidad de crear un solo tabulador salarial para personal académico y otro para personal administrativo. 7. Establecer, en lo sucesivo, criterios justos y objetivos que garanticen la distribución equitativa que se asigna a las universidades públicas con el fin de subsanar los rezagos históricos y de estandarizar la calidad académica de las mismas a nivel nacional. 8. Establecer un fondo de apoyo para los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas. Por último, solicitamos a los señores legisladores que nos acompañen en este importante foro, considerar los puntos anteriores en el momento de determinar la asignación presupuestal para las universidades públicas.