Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006 Reivindicar el carácter laico, democrático y gratuito de la educación Benito Bahena y Lome En nuestro país, y contrario al discurso oficial que sostiene de que se ha reducido la pobreza, encontramos cada vez más una creciente y extensa pobreza, una ofensiva desigualdad y la exclusión e inseguridad social que lastiman y ofenden a la mayoría de la sociedad mexicana. Por ello, el compromiso como Gobierno democrático será poner su acento en lo social, será promover la construcción de las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de las y los mexicanos para que ejerzan plenamente sus derechos y participen plenamente en la vida nacional; para cumplir este compromiso se requiere un nuevo Estado con responsabilidad social, que asuma eficazmente las atribuciones que la Constitución le confiere y las que les sean asignadas en un proceso de verdadero cambio. Al asumir plenamente sus responsabilidades, un gobierno democrático deberá impulsar un conjunto de políticas públicas para fortalecer, transformar las instituciones sociales, con la finalidad de crear las condiciones del desarrollo de los sectores mayoritarios de la población; la nueva política social debe ser el instrumento idóneo para la generación de empleos, para el fortalecimiento del ingreso per capita, la redistribución del ingreso evitando su polarización; de una amplia inversión en todos los niveles de la educación pública, comprendiendo desde luego la ciencia y la tecnología, la promoción y difusión de la cultura, apoyando no sólo la creación artística urbana sino también el apoyo a las diferentes manifestaciones culturales propias de las etnias y comunidades de nuestra patria. Una nueva política social comprenderá, asimismo, un amplio programa de creación de vivienda, la revisión y fortalecimiento del sistema de salud nacional y la construcción de un sistema de seguridad social, desarrollando a la vez vigorosos programas específicos de combate a la pobreza que incluyan la revisión y evaluación de los ya existentes, entre otras de las medidas de políticas públicas que un gobierno social y democrático de derecho habrá de emprender. Ello implicará articular la política social con una política alternativa de desarrollo económico, así como reorientar las políticas públicas y los recursos de la federación; es decir, una política congruente que combata, por un lado, la desigualdad y la pobreza, y por el otro fomente el crecimiento económico, el cual se construye sobre cuatro aspectos centrales: creciente generación de empleo, recuperación gradual del salario o ingreso de los trabajadores, fortalecimiento y reorientación de las finanzas públicas, con una verdadera reforma fiscal integral, y fortalecimiento y transformación de las instituciones de bienestar social. En suma, consideramos que un nuevo gobierno democrático y socialmente responsable tiene que comprometerse con una política articulada de crecimiento, redistribución y fortalecimiento institucional sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos sociales, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Debemos reconocer que sin una política económica incluyente no hay política social que valga la pena y que hay que hacer económicamente posible lo socialmente necesario; pero también que crecimiento que excluya lo social no es desarrollo. El nuevo Gobierno democrático debe adoptar una política social que articule inteligentemente políticas universales de atención generalizada en los temas antes mencionados y una política focalizada, de amplia cobertura y con enfoque social y de género, para hacer realidad la concreción de los derechos sociales de mexicanos y mexicanas. El país debe aspirar a una sociedad organizada, en ejercicio de su soberanía, para satisfacer los derechos humanos integrales y con el objetivo de hacer posible una vida digna para todas las mexicanas y los mexicanos. Concibe al desarrollo social como el proceso de cumplimiento, con participación ciudadana y social, de los derechos humanos integrales: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, de minoría y medioambientales. Esto sólo será posible de manera permanente en la medida en que las mexicanas y los mexicanos tengan un trabajo digno y su relación con la naturaleza sea sustentable, en que puedan ser sujetos responsables de su propio destino en la medida que ejerzan su derecho a su autodeterminación y su soberanía; esto es, que sean ciudadanas y ciudadanos, como sujetos individuales y/o colectivos, que exijan y ejerciten sus derechos humanos integrales frente al mercado y al Estado. Educación, ciencia y tecnología El siglo XXI es el siglo de la información, el desarrollo y el conocimiento científico. Por lo tanto, la educación debe ser un factor para el desarrollo tanto nacional, como el de crear alternativas para el desarrollo individual; estas circunstancias obligan a que el Estado canalice los recursos presupuestales suficientes para cubrir el gasto en la educación nacional. Para ello, habrán de utilizarse además de los métodos tradicionales los medios electrónicos y la conectividad, como instrumentos coadyuvantes en la tarea educativa. En nuestro país, la educación enfrenta el problema central de la incompatibilidad entre sus principios originarios -derecho social y detonante del desarrollo social- y las líneas de política educativa aplicadas por los últimos gobiernos neoliberales. El resultado ha sido una educación deficiente, que no apoya el desarrollo de las capacidades y potencialidades de niños, niñas y jóvenes para su incorporación creativa y productiva a la vida social en un mundo cambiante. En tales condiciones, la educación tampoco ha podido contribuir plenamente a la construcción de una nación democrática y productiva, con ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y derechos. Llama la atención cómo el carácter público, gratuito, incluyente y de sentido social de la educación ha sido desvirtuado. Se ha pretendido, incluso, en el llamado gobierno del cambio, eliminar la cobertura, calidad y equidad, impartida por maestros con deterioradas condiciones salariales y de trabajo, que les impide ponerse al día en los conocimientos y métodos pedagógicos. A pesar de que existe un alto índice de inscripción a la escuela primaria, hay en el país miles de adultos, en su momento niñas y niños, que nunca entraron a la escuela. Además , sigue presentándose el fenómeno de la deserción, baste señalar los casos de las generaciones que terminaron la primaria y secundaria en 2004, las cuales alcanzaron el 11 %, y el 20% respectivamente, a pesar de la obligatoriedad constitucional de éstas. Este hecho señala un fracaso educativo serio, que es tomado de pretexto para sostener que la educación superior es un privilegio y debe ser pagado por el estudiante y su familia. Hasta un pasado muy reciente los recursos públicos que se destinaban a la educación eran insuficientes para garantizar su calidad y cobertura. Con la reciente reforma de 2003 a la Ley Federal de Educación, que dispone se destine el ocho por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, el Gobierno democrático deberá cumplir con esta medida, en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados cada año para su aprobación. Por otra parte, no se ha destacado suficientemente que, además, en las actuales condiciones de un mundo globalizado la educación debe ser concebida como un elemento fundamental del desarrollo, como una inversión pública y privada en los recursos humanos para el desarrollo tecnológico y para la investigación científica; buscando en todo momento vincular la educación media superior y superior con el proceso productivo nacional; y crear las condiciones adecuadas que induzcan a la población a un proceso de capacitación y actualización permanente. Dado que el problema educativo no es sólo de oferta -pues la pobreza de muchos hogares les impide garantizar la asistencia escolar de los menores y las precarias condiciones de vida hacen muy difícil el aprendizaje-, la lucha contra la pobreza y el combate a la inasistencia y a la deserción escolar tienen que ser parte de un mismo proceso. A fin de cumplir este compromiso es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, su organización y sus objetivos. Se requiere dotar a la educación proporcionada por el Estado de un enfoque que reivindique su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos los niveles, y que también enfatice su carácter universal e incluyente, plural, científico, crítico, humanista y social. La educación debe ser un derecho social exigible así como una obligación del Estado y, por tanto, garantizada por las leyes. Es, por ello, indispensable tomar todas las medidas necesarias, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, para que la obligatoriedad de la primaria, la secundaria y la educación preescolar deje de ser declarativa y se convierta en realidad. El papel de las universidades El proceso democrático educativo que estamos proponiendo incluye, en forma destacada, a la educación superior; enfatiza la importancia de las universidades como motores del cambio, su impostergable adecuación a las necesidades del nuevo siglo, la revisión de sus programas académicos y formas de gobierno y su imperativa democratización. Se alentará la participación de las universidades en la extensión de su misión hacia la sociedad, por todos los medios de difusión con especial énfasis en los electrónicos; se promoverá que cada una de las universidades cuenten con su propio canal de televisión, su estación de radio y centren sus esfuerzos en desarrollar la conectividad para enlazarse con los centros generadores de conocimiento y avances científicos. Un gobierno democrático debe alentar el diálogo constante y la concertación como mecanismos a usarse en la resolución de las controversias que surjan en la comunidad universitaria y, por lo tanto, siempre privilegiará estas posturas a las resoluciones autoritarias de los desacuerdos o conflictos que se generen. Asimismo, el nuevo gobierno impulsará la plena y total autonomía de todas las universidades estatales. La investigación científica y el desarrollo tecnológico El desarrollo de capacidades científico-técnicas requeridas para garantizar un cambio cualitativo en las fuerzas productivas del país, es un esfuerzo que sólo puede realizarse apoyando a las instituciones de educación superior, promoviendo y fortaleciendo la autonomía universitaria y garantizando la libertad de cátedra e investigación. Para ello se necesita constituir un sistema social de innovación que articule en su seno el sistema educativo, la actividad científica, industrial y tecnológica; la formación de la mano de obra y ciertos aspectos de la relación salarial, para terminar con la desarticulación del sistema productivo y orientar la nueva política social hacia el incremento de las capacidades productivas y de oportunidades de los miembros de la sociedad. El Gobierno democrático respetará lo dispuesto en la Ley Federal de Educación, que dispone destinar recursos presupuestales (equivalentes al 1 % del Producto Interno Bruto) para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. No podemos pensar en reactivar la economía sin considerar el desarrollo científico y tecnológico como un asunto estratégico en nuestro país. La alianza con los empresarios implica involucrarlos en el fomento para la creación de las tecnologías para el desarrollo: la vinculación del sector productivo con la investigación. Este debe ser el contenido de la alianza con los empresarios, el sector productivo comprometido con la economía del país y un Estado dispuesto a asumir y reconocer el papel del desarrollo de la investigación propia en las universidades y los centros de investigación. Debemos emprender una gran transformación del sistema educativo formal, recurriendo a los medios de comunicación, la conectividad y la participación social. Esto con el fin de llevar a todos los mexicanos los conocimientos a que ha llegado la humanidad y de orientar preferentemente la inserción de las clases populares en la sociedad y la economía nacional. Sólo así, se podrán identificar áreas de investigación y desarrollo científico nacional en función de las prioridades del aparato productivo, de la salud, del bienestar social, de la preservación ambiental, así como en áreas particulares, donde sea posible alcanzar alta competitividad internacional. El Estado debe comprometerse con una política activa de desarrollo científico-tecnológico que incentive las invenciones y proteja los derechos de autor de los creadores mexicanos. |
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