Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006 Inversión en educación con sentido social Doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso* Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social La salud y la educación son los activos más importantes de cualquier nación, aunque el Foro Nacional para el Financiamiento de la Educación Pública que nos ocupa privilegia el debate sobre la inversión educativa. En ese tenor, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social comenzará señalando el interés que confiere a la educación con sentido social, principio contenido de manera explícita en el artículo 3 de nuestra Constitución Federal y es este artículo el que precisa con toda claridad el carácter público, gratuito, universal y laico de la educación que debe imperar en el país. No cabe ninguna duda al respecto, de que son estos los principios rectores que inspiran nuestro modelo educativo. Sin embargo, el financiamiento ha sido siempre un escollo complicado de sortear. En 1979, cuando la UNESCO estableció el criterio de destinar al menos 8 por ciento del Producto Interno Bruto al ramo, el indicador se convirtió en un problema insuperable. Pronto México ubicó su realidad presupuestaria en relación con otras naciones de dimensiones equivalentes. El asunto no se limitó simplemente a una cuestión monetaria, sino a la calidad educativa del sistema y, en consecuencia, a la formación del alumnado egresado de instituciones educativas públicas. Tenemos en este sentido una problemática que parte del financiamiento, pero que deriva en la calidad del nivel académico. La pregunta que surge es si al incrementar el financiamiento quedarían resueltos de forma inmediata los temas de carácter académico. El problema parece más complejo, pues pasa por la definición de un modelo educativo y la asignación presupuestaria respectiva. Desglosemos entonces el problema. Para ello, partamos de los principios constitucionales antes mencionados y de las necesidades contemporáneas en educación que demanda la sociedad mexicana en un contexto mundial que se nos impone con todas sus consecuencias. La primera parte corresponde a la idea revolucionaria de revertir la inequidad social mediante la educación, pues constituye el único recurso capaz de brindar igualdad de oportunidades a los ciudadanos de una nación para procurarse bienestar general económico y cultural. La segunda refiere las necesidades que como país enfrentamos en vista del contexto en el cual nos encontramos insertos. Ello nos obliga a pensar en las necesidades científicas, tecnológicas, productivas y de desarrollo que nos apremia la dinámica mundial. Sin llegar a conclusiones simplistas, podemos afirmar que el diseño de políticas públicas no ha resuelto ninguna de estas necesidades. El sistema educativo del país se encuentra desvinculado del modelo productivo y este último no resarce las necesidades vitales de la población. Centrémonos en el tema. Uno de los modelos más exitosos del mundo es el modelo educativo de Finlandia. De acuerdo con la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE):
El estudio en cuestión abunda
Sin embargo, uno de los rasgos más sobresalientes del modelo en cuestión consiste en su enfoque solidario. Es decir, orientado hacia la solidaridad entre compañeros y el éxito colectivo. A contrapelo de lo inculcado en el presente por el capitalismo feroz, que promueve la competencia descarnada entre iguales, Finlandia impulsa un esquema como parte fundamental de su modelo educativo en donde todos resultan beneficiados. Por tanto, los resultados espectaculares, el éxito individual o el agravio comparativo no son importantes, sino el beneficio colectivo. En suma, profesores con una excelente formación y solidaridad entre los alumnos son claves del sistema educativo en Finlandia. Alcanzar estos objetivos sería nuestro ideal. Sin embargo, ni el diseño educativo ni la asignación de recursos resulta ni por mucho semejante. En México, para primaria y secundaria se destina una inversión de 2.7 por ciento del total en este rubro, frente al promedio de la OCDE de 8.2 por ciento. El mismo porcentaje se destina en nuestro país a la inversión en preparatoria. Sin embargo, comparativamente con el porcentaje registrado en la OCDE , otros países destinan el equivalente a 11.6 por ciento del total. ( La Jornada , enero 8, 2006). Ahora bien, no sólo resulta insuficiente la asignación de recursos, sino también regionalmente inequitativa. Pues algunas entidades federativas del país, cuyas aportaciones a la federación son proporcionalmente mayoritarias, reciben a cambio como asignación presupuestaria menores recursos. Por ejemplo, Baja California y Chihuahua, que destinan respectivamente 48 y 44 por ciento del gasto corriente a educación, reciben de la federación mucho menos que entidades que aportan hasta el 60 por ciento menos. La conclusión parecería ser que se castiga a aquellas entidades que hacen un mayor esfuerzo por la educación. Para dichas entidades, la carga resulta a veces insostenible, mientras que para otras, como el Distrito Federal, cuyo gasto en educación es nulo, recibe de parte de la federación presupuesto suficiente para cubrir íntegramente dicho rubro. La problemática se centra, en este sentido, en la relación que guardan la federación, los estados e incluso los municipios. Sin duda alguna, habrá entidades cuya recaudación tributaria sea comparativamente menor que la de otras. Por ello es que de manera insistente se ha sugerido incrementar las aportaciones federales para educación, independientemente de las contribuciones de cada estado al gobierno federal. Lamentablemente, este tipo de iniciativas nos remite de inmediato a la pregunta: ¿de dónde provendrán los recursos? Esta última a su vez nos remite al asunto pendiente de una reforma hacendaria, cuyo precepto básico no sea el incremento de impuestos a un segmento cautivo, sino la ampliación de la base tributaria y el gravamen a aquellos sectores con mayores ingresos. La implicación no puede resultar menos compleja: el acuerdo entre las fracciones parlamentarias para decidir sobre estos temas. El diseño de un esquema que satisfaga las necesidades y las expectativas de los mexicanos. Que permita a nuestro amado país contar con los elementos necesarios para insertarnos en la dinámica global de manera competitiva. Obtener empleos mejor calificados, mucho más remunerados. Pero, lo más importante, que brinde oportunidades a cada mexicano para contar con ciudadanos de primera. Esto es, salvar del rezago crónico a quienes por generaciones han quedado excluidos de cualquiera de los beneficios económicos y sociales más elementales. Es preciso definir entonces un modelo educativo con sentido social y sólo entonces sabremos las necesidades reales de financiamiento. Entre tanto, no podemos eludir la responsabilidad de demandar mayores recursos para mejorar el esquema con que contamos. Para edificar escuelas, mejorar aulas, equiparlas. Contratar más profesores e incidir en su formación profesional para que ellos y ellas, a su vez, incidan en la educación de los niños y jóvenes mexicanos. No es posible continuar aplazando este compromiso. Celebro la iniciativa de este Foro Nacional para el Financiamiento de la Educación Pública. Es un esfuerzo en beneficio de la población mexicana. Como actores sociales y políticos, los sindicatos y otras organizaciones no podemos quedar al margen de las discusiones centrales que conforman nuestro proyecto de nación. No debemos esperar a que otros tomen la iniciativa. Es preciso, como organizaciones acreditadas, que aprovechemos el momento histórico y demostremos nuestro compromiso con el país. En hora buena, profundicemos la discusión y presentemos nuestras conclusiones ante las instancias pertinentes, seguros de que obligadamente, habrán de llegar a buen término. |
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