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Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006

El Ejecutivo Federal debe cumplir con el financiamiento
a la educación pública mexicana

Agustín Rodríguez Fuentes, Alberto Pulido Aranda ,
Agustín Castillo López, Esteban Guerrero Santos , Miguel Sánchez Mayén

STUNAM

En las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, de manera paralela se desarrolló lo que hoy conocemos como "Sistema Nacional de Educación Superior y el Sindicalismo Independiente Universitario". En esas décadas, la educación superior alcanzó una matricula de más de un millón de estudiantes; para el 2005 pasó de un millón 900 mil a poco mas de dos millones 300 mil y se estima que para este 2006 se ha alcanzado una matricula de más de dos millones 445 mil alumnos, lo cual significa que no se ha alcanzado ha cubrir la demanda educativa superior programada por las autoridades educativas; en contraparte, de una manera solapada por el gobierno se inició el ascenso de la educación privada, y así los aumentos del subsidio federal jamás correspondieron a la inversión que los presidentes en turno asignaron a la educación publica.

Por lo que respecta al sindicalismo, en la década de los 70, a falta de representaciones gremiales en las universidades, por la voluntad democrática de los trabajadores académicos y administrativos y en la vía de los hechos, solamente amparados por la Constitución , construimos los sindicatos universitarios que hoy tenemos, iniciando así el proyecto sindical nacional con un primer objetivo: conquistar un marco jurídico dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley reglamentaria, la LFT , fundando el 12 de octubre 1979 el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU).

Durante esos años se entablaron batallas políticas e ideológicas con el gran sentido de rescatar los principios laborales de la Constitución de 1917. Así, derrotamos la ignominiosa propuesta del Dr. Guillermo Soberón Acevedo de adicionar un Apartado "c" al artículo 123 constitucional, con el que se pretendió normar las relaciones laborales en los centros de educación superior. Al final se obligó al Presidente de la Republica, José López Portillo, a mandar al Congreso de la Unión una iniciativa para reconocer al sindicalismo universitario, el cual quedó legalmente registrado en el Apartado "A" del Artículo 123 constitucional, aunque con ciertas restricciones.

A partir de esa nueva realidad, podíamos constituir sindicatos de institución pero se nos negó el registro al Sindicato Nacional, dejándonos solamente como única posibilidad la de conformar una Federación de Sindicatos Universitarios; asimismo, se nos restringió el derecho de participar en el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, quedando las administraciones de las universidades como únicas responsables de administrar a este sector.

La década de los 80 se caracterizo por la consolidación del sindicalismo universitario, pero con un sentido estatal y regional. En los 90, en razón del recrudecimiento del neoliberalismo, que entre otros aspectos impuso los llamados topes salariales, las restricciones presupuestales y la crisis económica galopante, el sindicalismo universitario nacional busco formas novedosas de coordinación y la unión de acción en planes comunes para encontrar mejores reivindicaciones sociales y aumentos salariales suficientes.

En el momento presente, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior (CNSUES) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) nos encontramos consolidando un gran proyecto de vinculación, coordinación y de acción conjunta de todas las vertientes del sindicalismo en sus diversas expresiones, con una sola voluntad de encontrar el camino donde podamos desarrollar las mejores universidades públicas del mundo, y alcanzar las mejores condiciones sociales y salariales para los trabajadores académicos y administrativos.

En la década de los 80 nuestro país se encontró con el problema de la deuda externa y el pago puntual de la misma, lo cual comprometió el desarrollo del país y, por ende, los gobiernos federales y estatales no previeron la demanda de la población para ingresar a la Educación Media Superior y Superior.

Mientras en 1970 en las instituciones públicas de educación superior existían diez y siete mil maestros y décadas más tarde la cifra se elevó a más de cien mil, de manera paralela creció la plantilla de trabajadores administrativos. La incapacidad del gobierno federal sumió al país en una crisis económica jamás vivida en México, lo cual llevó al sindicalismo a caminos de politización y, en consecuencia, a un enfrentamiento que culminó con tratos discriminatorios y hasta represivos en diferentes centros de educación superior, marcando el desarrollo inadecuado de las universidades públicas.

A pesar de que actualmente nos encontramos ante la expectativa que marca el nuevo milenio, que lleva adelante el fenómeno económico y social de la globalización y con su secuela de restricciones presupuestales, varias instituciones se han colocado en niveles altos de excelencia. Entre los casos más notorios se encuentra la UNAM, que se ha colocado entre las primeras 75 universidades del mundo y la primera en Iberoamérica, así como el Instituto Politécnico Nacional que ha sido reconocido por el gobierno francés como un centro de alta calidad en el desarrollo científico y tecnológico.

Sin embargo, los últimos seis años se caracterizaron por un deterioro constante y creciente de los presupuestos universitarios fijados por el gobierno federal, ante la incapacidad y negligencia de la SEP y de la Secretaria de Hacienda, que se han distinguido por tergiversar y escamotear los presupuestos y partidas que la Cámara de Diputados asignó, en la pasada LIX Legislatura , para la educación superior, la ciencia y la tecnología. Se ha castigado de manera particular a la educación media superior, convertida en el cuello de botella del sistema educativo nacional, al ser uno de los principales obstáculos por la cobertura insuficiente y desigual en el acceso a este nivel educativo, cuando solo el 53.5% de la población total de 16 a 18 años de edad obtiene inscripción en el mismo. En consecuencia, la matricula apenas representa el 11.4% de la población escolar del país.

De acuerdo a los planteamientos expuestos, proponemos a este Foro del Sindicalismo Universitario Nacional que discute la problemática del financiamiento de la educación, lo siguiente:

-Solicitar que la Cámara de Diputados encabece una comisión especial donde participen las representaciones sindicales nacionales del sindicalismo universitario (FNSU, CONTU, CNSUES) y la ANUlES, como representante de los rectores, para definir el presupuesto que debe ser asignado al rubro de la educación pública superior, a fin de que los universitarios podamos desarrollar con calidad nuestras tareas sustantivas en beneficio de la nación.

-Proponemos se establezcan de manera permanente foros locales, regionales y nacionales para que se discutan, analicen y se resuelvan los presupuestos pertinentes para cada institución educativa y así dar viabilidad en tiempo y forma a los requerimientos de financiamiento.

-Constituir una comisión permanente conformada con cuadros especializados de los sindicatos que estudie, analice y diseñe una adecuada política económica y social que nos lleve a la homogeneización de prestaciones y logros sindicales plasmados en los contratos colectivos.

-Conformar un sistema intersindical de comunicación que permita formar un banco de datos y estructurar organizadamente proyectos y modelos alternativos de educación y propuestas viables ante las reformas estructurales que pretende imponer el Estado. Resulta de vital importancia enfrentar el lesivo desarrollo en los rubros educativos que viene impulsando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reiterada propuesta del Plan Puebla-Panamá, que tendrán serias repercusiones para nuestros países y para la educación superior.

-Establecer relaciones internacionales con sindicatos hermanos de la educación superior, en defensa de la autonomía, independencia y soberanía educativa de las naciones. Asimismo, desarrollar la solidaridad con las luchas internacionales en los aspectos culturales, educativos y sindicales.

-Consensuar fechas para emitir una convocatoria para la realización de un Congreso Nacional Universitario, en el que se discuta un nuevo proyecto de educación con el fin de alcanzar niveles de vanguardia en ciencia, tecnología y conocimientos humanísticos, que desemboque en una Ley Nacional de Educación que garantice el compromiso del Estado de proporcionar educación pública, gratuita, laica y de calidad, desde el sistema básico hasta la educación superior y de posgrado.

-Exigimos se dé un apoyo real a la investigación científica y tecnológica, ampliando y robusteciendo las funciones del CONACYT.

-Ante las reformas estructurales que el gobierno federal insiste en presentar al Congreso de la Unión , el movimiento obrero en general y en particular el sindicalismo universitario presentaremos alternativas democráticas viables y nos movilizaremos para ratificar la propuesta de construir una mesa nacional de negociación integrada con representaciones del gobierno federal (SEP, STyPS, SHCP y ANUlES) y de los sindicatos (FNSU, CNSUES y CONTU). Ésta deberá tener capacidad de generar propuestas que puedan ser presentadas al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo.


	Cuaderno Número 1 Diciembre, 2006 El Ejecutivo Federal debe cumplir con el financiamiento a la educación pública mexicana Agustín Rodríguez Fuentes, Alberto Pulido Aranda , Agustín Castillo López, Esteban Guerrero Santos , Miguel Sánchez Mayén STUNAM En las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, de manera paralela se desarrolló lo que hoy conocemos como "Sistema Nacional de Educación Superior y el Sindicalismo Independiente Universitario". En esas décadas, la educación superior alcanzó una matricula de más de un millón de estudiantes; para el 2005 pasó de un millón 900 mil a poco mas de dos millones 300 mil y se estima que para este 2006 se ha alcanzado una matricula de más de dos millones 445 mil alumnos, lo cual significa que no se ha alcanzado ha cubrir la demanda educativa superior programada por las autoridades educativas; en contraparte, de una manera solapada por el gobierno se inició el ascenso de la educación privada, y así los aumentos del subsidio federal jamás correspondieron a la inversión que los presidentes en turno asignaron a la educación publica. Por lo que respecta al sindicalismo, en la década de los 70, a falta de representaciones gremiales en las universidades, por la voluntad democrática de los trabajadores académicos y administrativos y en la vía de los hechos, solamente amparados por la Constitución , construimos los sindicatos universitarios que hoy tenemos, iniciando así el proyecto sindical nacional con un primer objetivo: conquistar un marco jurídico dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley reglamentaria, la LFT , fundando el 12 de octubre 1979 el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). Durante esos años se entablaron batallas políticas e ideológicas con el gran sentido de rescatar los principios laborales de la Constitución de 1917. Así, derrotamos la ignominiosa propuesta del Dr. Guillermo Soberón Acevedo de adicionar un Apartado "c" al artículo 123 constitucional, con el que se pretendió normar las relaciones laborales en los centros de educación superior. Al final se obligó al Presidente de la Republica, José López Portillo, a mandar al Congreso de la Unión una iniciativa para reconocer al sindicalismo universitario, el cual quedó legalmente registrado en el Apartado "A" del Artículo 123 constitucional, aunque con ciertas restricciones. A partir de esa nueva realidad, podíamos constituir sindicatos de institución pero se nos negó el registro al Sindicato Nacional, dejándonos solamente como única posibilidad la de conformar una Federación de Sindicatos Universitarios; asimismo, se nos restringió el derecho de participar en el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, quedando las administraciones de las universidades como únicas responsables de administrar a este sector. La década de los 80 se caracterizo por la consolidación del sindicalismo universitario, pero con un sentido estatal y regional. En los 90, en razón del recrudecimiento del neoliberalismo, que entre otros aspectos impuso los llamados topes salariales, las restricciones presupuestales y la crisis económica galopante, el sindicalismo universitario nacional busco formas novedosas de coordinación y la unión de acción en planes comunes para encontrar mejores reivindicaciones sociales y aumentos salariales suficientes. En el momento presente, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior (CNSUES) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) nos encontramos consolidando un gran proyecto de vinculación, coordinación y de acción conjunta de todas las vertientes del sindicalismo en sus diversas expresiones, con una sola voluntad de encontrar el camino donde podamos desarrollar las mejores universidades públicas del mundo, y alcanzar las mejores condiciones sociales y salariales para los trabajadores académicos y administrativos. En la década de los 80 nuestro país se encontró con el problema de la deuda externa y el pago puntual de la misma, lo cual comprometió el desarrollo del país y, por ende, los gobiernos federales y estatales no previeron la demanda de la población para ingresar a la Educación Media Superior y Superior. Mientras en 1970 en las instituciones públicas de educación superior existían diez y siete mil maestros y décadas más tarde la cifra se elevó a más de cien mil, de manera paralela creció la plantilla de trabajadores administrativos. La incapacidad del gobierno federal sumió al país en una crisis económica jamás vivida en México, lo cual llevó al sindicalismo a caminos de politización y, en consecuencia, a un enfrentamiento que culminó con tratos discriminatorios y hasta represivos en diferentes centros de educación superior, marcando el desarrollo inadecuado de las universidades públicas. A pesar de que actualmente nos encontramos ante la expectativa que marca el nuevo milenio, que lleva adelante el fenómeno económico y social de la globalización y con su secuela de restricciones presupuestales, varias instituciones se han colocado en niveles altos de excelencia. Entre los casos más notorios se encuentra la UNAM, que se ha colocado entre las primeras 75 universidades del mundo y la primera en Iberoamérica, así como el Instituto Politécnico Nacional que ha sido reconocido por el gobierno francés como un centro de alta calidad en el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, los últimos seis años se caracterizaron por un deterioro constante y creciente de los presupuestos universitarios fijados por el gobierno federal, ante la incapacidad y negligencia de la SEP y de la Secretaria de Hacienda, que se han distinguido por tergiversar y escamotear los presupuestos y partidas que la Cámara de Diputados asignó, en la pasada LIX Legislatura , para la educación superior, la ciencia y la tecnología. Se ha castigado de manera particular a la educación media superior, convertida en el cuello de botella del sistema educativo nacional, al ser uno de los principales obstáculos por la cobertura insuficiente y desigual en el acceso a este nivel educativo, cuando solo el 53.5% de la población total de 16 a 18 años de edad obtiene inscripción en el mismo. En consecuencia, la matricula apenas representa el 11.4% de la población escolar del país. De acuerdo a los planteamientos expuestos, proponemos a este Foro del Sindicalismo Universitario Nacional que discute la problemática del financiamiento de la educación, lo siguiente: -Solicitar que la Cámara de Diputados encabece una comisión especial donde participen las representaciones sindicales nacionales del sindicalismo universitario (FNSU, CONTU, CNSUES) y la ANUlES, como representante de los rectores, para definir el presupuesto que debe ser asignado al rubro de la educación pública superior, a fin de que los universitarios podamos desarrollar con calidad nuestras tareas sustantivas en beneficio de la nación. -Proponemos se establezcan de manera permanente foros locales, regionales y nacionales para que se discutan, analicen y se resuelvan los presupuestos pertinentes para cada institución educativa y así dar viabilidad en tiempo y forma a los requerimientos de financiamiento. -Constituir una comisión permanente conformada con cuadros especializados de los sindicatos que estudie, analice y diseñe una adecuada política económica y social que nos lleve a la homogeneización de prestaciones y logros sindicales plasmados en los contratos colectivos. -Conformar un sistema intersindical de comunicación que permita formar un banco de datos y estructurar organizadamente proyectos y modelos alternativos de educación y propuestas viables ante las reformas estructurales que pretende imponer el Estado. Resulta de vital importancia enfrentar el lesivo desarrollo en los rubros educativos que viene impulsando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reiterada propuesta del Plan Puebla-Panamá, que tendrán serias repercusiones para nuestros países y para la educación superior. -Establecer relaciones internacionales con sindicatos hermanos de la educación superior, en defensa de la autonomía, independencia y soberanía educativa de las naciones. Asimismo, desarrollar la solidaridad con las luchas internacionales en los aspectos culturales, educativos y sindicales. -Consensuar fechas para emitir una convocatoria para la realización de un Congreso Nacional Universitario, en el que se discuta un nuevo proyecto de educación con el fin de alcanzar niveles de vanguardia en ciencia, tecnología y conocimientos humanísticos, que desemboque en una Ley Nacional de Educación que garantice el compromiso del Estado de proporcionar educación pública, gratuita, laica y de calidad, desde el sistema básico hasta la educación superior y de posgrado. -Exigimos se dé un apoyo real a la investigación científica y tecnológica, ampliando y robusteciendo las funciones del CONACYT. -Ante las reformas estructurales que el gobierno federal insiste en presentar al Congreso de la Unión , el movimiento obrero en general y en particular el sindicalismo universitario presentaremos alternativas democráticas viables y nos movilizaremos para ratificar la propuesta de construir una mesa nacional de negociación integrada con representaciones del gobierno federal (SEP, STyPS, SHCP y ANUlES) y de los sindicatos (FNSU, CNSUES y CONTU). Ésta deberá tener capacidad de generar propuestas que puedan ser presentadas al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo.