Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Rechazo a la Ley de Biodiversidad

A la opinión pública.
A los trabajadores.

México posee una importante riqueza natural, gracias a la cual nos encontramos entre las 10 naciones megadiversas del mundo y en nuestro territorio se encuentra alrededor del 12 por ciento de las plantas y animales de la Tierra. Esta envidiable posición nos obliga a los mexicanos a protegerla y legarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones y no entregarles depredación y destrucción.

Hasta el momento, gracias al trabajo científico de centenares de mexicanos, a las luchas llevadas a cabo por organizaciones ecológicas de la sociedad civil, a estudios y propuestas de profesionales de la ecología y del derecho, en la actualidad tenemos legislaciones ambientales de vanguardia que nos han posibilitado poseer más del 13 por ciento de nuestro territorio nacional protegido, a través de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que hoy tenemos.

Los trabajadores consideramos que estos avances reconocidos como de vanguardia en el mundo, están a punto de trastocarse, con la iniciativa de ley que el PVEM y el PRI han presentado al poder legislativo y que de manera ilegal pretenden aprobar.

En términos generales, la pretendida nueva legislación, de entrada, atenta contra el Convenio 169 de la OIT acerca de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, las que hasta el momento por mandato constitucional son las poseedoras legales de las ANP, las cuales, de llevarse a cabo la aprobación de esa ley, pasarían a un segundo plano y serían sustituidas por funcionarios que tendrían la posibilidad legal de tomar decisiones sobre la explotación de recursos presentes en las ANP, al margen de las comunidades. Esto daría pie a que, dentro de las ANP, se abran las posibilidades de la entrada indiscriminada de la minería a cielo abierto, de la utilización del fracking en áreas protegidas terrestres y marinas, dos técnicas de explotación de recursos de las más depredadoras que existen en el mundo y por cierto prohibidas en varios países.

Al momento presente, como una gran anomalía, un número importante de las ANP, no cuenta con programas de manejo, los cuales por ley deben delimitar a detalle las ubicaciones y extensiones de sus zonas núcleos y áreas de amortiguamiento, estas últimas con posibilidades de permitir la explotación de recursos de manera sostenible, esto a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha exhortado a las autoridades ambientales para que las presenten y apliquen.

Con la nueva legislación propuesta, se da pie a que se flexibilice el régimen de protección de las ANP, cayendo en un evidente retroceso en relación con lo que hoy ofrece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la que posibilita por ejemplo que “en los santuarios sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área” y con la nueva propuesta se le pretende adicionar la palabra “preferentemente se permitirán”, lo cual viola el principio de no regresión que actualmente se encuentra presente en las leyes ambientales mexicanas y da pie para que algún funcionario pueda modificar el uso de las ANP; además se dejan al margen de cualquier tipo de decisiones a las etnias indígenas que histórica y constitucionalmente han resultado beneficiadas de alguna ANP y que pueden resultar afectadas por decisiones arbitrarias de funcionarios y burócratas.

Los trabajadores sostenemos que esta ley no puede ser impuesta a los mexicanos de manera arbitraria y sin ningún tipo de consulta, por lo cual exigimos que se abran amplias discusiones y consultas con las comunidades indígenas, científicos y profesionales especializados en medio ambiente y organizaciones ecologistas, en torno a la iniciativa presentada, con el fin de mejorarla, para que de esta manera las nuevas reglas de juego legales, sirvan como palancas para conseguir elevar la conservación, utilización y aprovechamiento sostenible de la rica biodiversidad mexicana, a través de lo cual se eleve en calidad del derecho que tenemos los mexicanos y mexicanas a contar con un medio ambiente sano, sin dar marcha atrás a las conquistas que hoy se encuentran plasmadas en la legislación ambiental vigente.

 

Fraternalmente

“Por la Unidad Democrática de los Trabajadores”
Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.

Unión Nacional de Trabajadores

 

Responsables de la publicación: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda, secretarios General y de Prensa y Propaganda.