Intervención de ARF sobre el nuevo sistema laboral en México
Valeria Reyes.- Texto
Alejandra Gachuz.- fotos
El nuevo sistema laboral en México fue un foro que convocó el senador Luis Sánchez Jiménez, realizado en el Senado de la República, con el objetivo de analizar las alternativas existentes en el tema, ante el imperativo de que las reformas se deben dar con apertura, tolerancia y respeto, pero en defensa de los trabajadores y sus condiciones laborales.
La discusión se da en un contexto particular, pues hace un año se reformó el Artículo 123 constitucional para dar paso a una reforma mayor en materia laboral, y hace un par de días venció el plazo para realizar las adecuaciones y la puesta en marcha de los artículos 107 y 123. Es muy necesario hacer notar esta omisión, porque no es con prisas y albazos que se debe abordar este asunto, aseguró el legislador perredista.
De igual manera, recordó que en diciembre su grupo parlamentario presentó una iniciativa en materia de amparo y trabajo, la cual fue llevada a la tribuna en conjunto con la Unión Nacional de Trabajadores. Y aseguró que esta propuesta es producto de un ejercicio colectivo de la UNT con otros sectores, con la academia, con renombrados litigantes y las propias experiencias históricas del movimiento democrático de los trabajadores.
Participaron en el foro diversos académicos, investigadores y funcionarios involucrados con el tema a lo largo de cuatro mesas; en la primera de ellas, denominada "El nuevo paradigma laboral constitucional", el presidente colegiado de la UNT, Francisco Hernández Juárez, alertó sobre la posibilidad de que en cualquier momento la discusión de esta reforma podría ser subida a la tribuna atendiendo a temas políticos y eso nos debe mantener alertas, sobre todo por el momento tan complejo por el que atraviesa el país.
Aseguró que aunado a la propuesta que presentó esta central de trabajadores se interpuso una queja para denunciar las condiciones laborales que imperan en el país ante el consejo negociador del Tratado de Libre Comercio, pero también se está trabajando en crear un frente que acerque estos temas a los candidatos en la contienda presidencial.
De esta mesa se concluyó que existe coincidencia plena en que modernizar el mundo del trabajo; sin embargo, el gran debate está en los matices. Tenemos que defender los derechos colectivos y la estabilidad laboral, tema que entra en contradicción con el outsourcing; además, este debate enciende las alertas en materia de seguridad social, pues vendría después.
En la segunda parte, denominada "Diseño institucional laboral", el líder de los trabajadores universitarios, Agustín Rodríguez Fuentes, polemizó en su intervención. A continuación les compartimos sus palabras:
Me parece que éste es un excelente ejercicio, esperamos que no se quede solamente como eso sino que sirva para extirpar las grandes deficiencias que se pretenden incorporar a partir de la aprobación de la ley secundaria en justicia laboral.
Hay muchas cosas que son verdaderamente lamentables en nuestro país y no se necesitan reformas para corregirlas, lo único que se necesita es la disponibilidad para cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que protestan los funcionarios cuando llegan a incorporarse en una responsabilidad pública, como es el caso de la Secretaría del Trabajo, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Local de Conciliación y todos los tribunales que puedan tener alguna incidencia.
¿Quién de aquí no sabe que en nuestro país se contrata un trabajador a los 22 años, a los 32 lo despiden y ya no los vuelven a contratar en ningún lado?, ¿eso es justicia laboral?, ¿eso dice la ley? Pues no, pero eso sucede. ¿Quién de ustedes no sabe que en el gran ámbito de trabajo la mujer es la más discriminada a nivel laboral? Si tiene problemas de gravidez, pues ya estuvo que no la contratan. Y, ¿la ley dice eso?, la ley no lo dice, sin embargo sucede todos los días en nuestro país, en todo momento.
¿Para qué estamos haciendo foros de reforma laboral? ¿Para poner todavía en una estructura más eficiente al servicio del gran capital? No es de la fuerza de trabajo, no es para el beneficio de la fuerza de trabajo. La Ley Federal del Trabajo que se aprobó en los años setenta, tiene el sustento de ser una ley tutelar de los derechos de los trabajadores, no esa embarrada que le acaban de dar en la reciente reforma a la ley, ya lo pusieron en entredicho.
¿Eso a quién beneficia? ¿A quién beneficia generar el máximo de limitaciones y contradicciones al interior de esta nueva ley que nadie pidió? Sin embargo, hoy ya la tenemos, y como aquí han dicho varios ponentes: "pues ya está y ahora nos la tragamos, ¿no?" Pues no, tiene que haber una consideración distinta, si lo que se quiere es tener una justicia laboral, derechos laborales, equilibrio entre los factores de la producción, en un ámbito equilibrado, me parece que se puede, pero para ello se necesita una mentalidad distinta, una liberación distinta de esos compromisos que se tienen a nivel internacional.
¿Saben ustedes que a nivel internacional se tiene esta reforma a la justicia laboral?, no porque la hayamos pedido los trabajadores con grandes movilizaciones, aunque es una demanda muy vieja de nosotros; sin embargo ¿por qué se da?, por los tratados internacionales que exigen cosas a este país: de mayor entrega, de mayor esclavitud, de mayor sometimiento para los trabajadores.
Por eso tenemos la justicia laboral, para poder entrar en ese esquema internacional, de otra manera no estaríamos. Por eso es importante revisar qué sucede, ¿qué viene sucediendo? y ¿hacia dónde vamos en este diseño laboral que se tiene hasta ahora, totalmente manipulado de manera arbitraria?
Utilizan a dos senadores, disque representantes de los trabajadores de “dos grandes centrales de trabajadores", a los que finalmente quién los mandató, ¿a quién consultaron?, porque tenemos noticias de que esos señores han sido descalificados por sus organizaciones, porque están presentando propuestas que son lesivas y negativas hacia los propios trabajadores y, si embargo, aquí los tienen, en el debate sobre cuestiones que nadie solicitó.
Por eso es importante el evento, porque hay una propuesta que presenta el PRD, junto con la UNT, en el ánimo de buscar construir un mejor equilibrio, una mejor respuesta en beneficio de la fuerza del trabajo.
A partir de las reformas estructurales de carácter neoliberal que se empezaron a aplicar a nivel mundial y con mayor fuerza en América Latina desde los años ochenta, el Estado inició un proceso de abdicación de su responsabilidad social hacia el mundo del trabajo, impulsando políticas que se basaron en una apertura externa indiscriminada a la inversión extranjera y al capital financiero, la privatización de las empresas estratégicas nacionales, la liberalización de los mercados internos, el abandono de políticas industriales y, en el caso que nos ocupa en este seminario, se han implantado políticas de desregulación, flexibilización laboral, además de promoverse un proceso de mercantilización de los bienes sociales, educación, salud, seguridad social…
Dichas políticas generaron una extraordinaria concentración de la riqueza, masificación de la pobreza, la precarización del trabajo y creciente informalidad laboral, además de la pauperización de la calidad de vida de los trabajadores y la desigualdad social que continúa creciendo exponencialmente.
La legislación laboral nunca ha sido la causa de las crisis económicas; por cierto que hubo una noticia que decía que había que sentirse muy felices porque ya no tenemos 55 millones en pobreza extrema, hoy sólo tenemos 53; hay que felicitarnos porque vamos muy bien.
La legislación laboral nunca ha sido la causa de las crisis económicas; esto es importantísimo si recuerdan cuando se nos sometió a una reforma laboral se nos ofreció que iba a haber de inmediato la creación de varios cientos de miles de empleos; sí, los tenemos, pero todos ellos en la informalidad, porque con esta legislación los que eran formales ahora ya pasaron a ser informales y, efectivamente, de un poquito de informales ahora tenemos muchos. ¿Qué significa eso? Contratación de 30 días, de 45 días, 60 días, tres meses, seis meses y cero seguridad social.
La legislación laboral nunca ha sido la causa de las crisis económicas; hoy, algunas de las causas residen en un poderoso sector financiero totalmente desregulado, que opera a escala mundial y sin ninguna restricción; que ha subyugado a la economía real. Asimismo, las corporaciones empresariales trasnacionales y nacionales, que en aras de obtener ganancias vía fastrack y perpetuar la sobrexplotación de la fuerza de trabajo, están pulverizando los derechos sindicales y sociales de los trabajadores.
Por tanto, es urgente para nuestro país retomar la senda del desarrollo, reconstruir una nueva relación entre el Estado, los mercados y la sociedad, a partir de un proceso de democratización de la definición de las políticas públicas con base en una nueva gobernabilidad democrática basada en la definición de las políticas del desarrollo, la libre circulación de las y los trabajadores, reivindicando su derecho a migrar y a no migrar. Este enfoque integral de los cambios que el país requiere, desde lo social, lo laboral y de la estructura productiva, se basa en una perspectiva política de los procesos económicos y tener cada vez una mayor centralidad; las políticas industriales, energéticas, medio ambientales y educativas con un enfoque basado en las personas. Aspiramos a construir un Estado para la sociedad.
Por consiguiente, es fundamental reconstruir un nuevo sistema de relaciones laborales para recuperar el valor político del trabajo y plenos derechos de ciudadanía, orientados por el principio de equidad y protegido por la acción de un Estado social y democrático, capaz de garantizar la provisión de servicios públicos de calidad. Para lo cual, el Poder Legislativo puede coadyuvar a reconstruir los términos de un nuevo acuerdo social como compromiso civilizatorio en torno a la centralidad del trabajo.
El trabajo debe volver a ser, si no el centro, sí uno de los elementos centrales de la agenda política, económica y social que reivindique el valor profundamente civilizador de las normas laborales, que deben constituir otra de las claves en la construcción del futuro del trabajo.
Esta frase es importantísima, ojalá y la retomen los partidos políticos que están en campaña, porque se les olvida que hay trabajadores en el país; ustedes revisen sus programas y no tienen nada, absolutamente nada. ¿A qué se debe esto?, a que todos los programas están enfocados en darle cumplimiento a las leyes programáticas de lo que se llama neoliberalismo.
Con las políticas de la ortodoxia neoliberal impuestas por el actual gobierno, en contubernio con el sindicalismo de protección patronal, nunca se logrará estructurar un modelo laboral que garantice el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social.
Y así quieren que se sigan manteniendo, con esos planteamientos que hacen estos señores de la CTM, la CROC y la CROC; van en esa orientación, a generar estas estructuras de protección patronal y de sindicalismo de protección.
Partiendo de esa premisa, no debemos olvidar que la reforma a la justicia laboral que se planteó en primera instancia a nuestra Constitución, tuvo como objetivo allanar el camino para la aprobación en México del Acuerdo de Asociación Transpacífico, para que se adaptara la normatividad interna en materia laboral a las exigencias de países con economías desarrolladas; aquí está el punto por el cual se tuvo que hacer esta reforma.
Actualmente, nos encontramos frente a una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por senadores y líderes de la CTM y CROC, centrales sindicales que desde finales del año pasado se encuentran suspendidas de la membresía de la Confederación Sindical Internacional (CSI), por realizar acciones contrarias a los intereses de los trabajadores y, en consecuencia, de la CSI. Y sí, muy expulsados pero aquí nos tienen batallando con sus propuestas inadecuadas para los trabajadores.
Lo anterior es de gran impacto y relevancia, pues la misma iniciativa pretende crear la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, supuestamente con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, proponiéndose la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales para “prestar estos servicios públicos de interés general y trascendencia social”; pero también se contempla la integración del órgano de gobierno del Instituto compuesto de doce miembros, cuatro por cada sector, llamado Consejo Técnico.
De manera particular, los integrantes del sector obrero serán dos integrantes de la organización nacional de trabajadores más representativa, un integrante de la segunda organización nacional de trabajadores más representativa, y un integrante de la tercera organización nacional de trabajadores más representativa; casualmente es un retrato hablado del sindicalismo corporativo: CTM, CROM y CROC, y si no al tiempo, si esto pasa como está presentado ojalá haya visión de parte del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para echar para atrás estos atropellos, que son a todas luces agresivos para la inteligencia de los trabajadores. Nos tratan como si fuéramos de lento aprendizaje y la verdad eso es un insulto.
Es evidente la intención de tal iniciativa de propiciar el fortalecimiento del régimen corporativo de protección patronal, liderado por esas centrales sindicales, ignorando por completo las recomendaciones que desde hace casi diez años le ha venido realizando la Organización Internacional del Trabajo al gobierno mexicano en ese sentido.
Siendo la más recientemente la hecha por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional el Trabajo en su informe anual y la cual debe de tomarse con carácter de urgente y primordial, pues como parte del proceso de reforma de la justicia laboral, la “Comisión alienta al Gobierno a que someta a la consulta tripartita los desarrollos legislativos previstos para dar aplicación a la reforma constitucional y le pide que informe de toda evolución al respecto, reiterándole que la asistencia técnica de la OIT permanece a su disposición”.
Respecto a la representatividad sindical y contratos de protección, la “Comisión toma nota con preocupación de las observaciones de la CSI alegando que los contratos de protección seguirán siendo una práctica habitual, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas legislativas y prácticas que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas planteados por el fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección, incluido en relación al registro de sindicatos...”
Tal consulta ahora más que nunca se hace latente, pues desde la presentación de la iniciativa conocida como “Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral” por parte del Presidente de México, el 28 de abril de 2016, su promulgación el 24 de febrero de 2017, así como la iniciativa presentada el 7 de diciembre de 2017 por los senadores de la CTM y CROC, hemos sido testigos de la negativa por parte del gobierno federal de entablar un auténtico diálogo social, abierto, público.
No queremos pláticas de pasillo ni de café, sino diálogo con los trabajadores y el sindicalismo independiente; realidad que se ha extendido hasta la instrumentación de tan importante reforma, pues existe secrecía, obscuridad y ausencia de discusión pública para la implementación de las leyes secundarias para dar cumplimiento al mandato constitucional.
Por todo lo anterior y en aras de lograr un verdadero cambio en la impartición de justicia laboral en México sin perjuicio a los trabajadores y los sindicatos, se exhorta a los involucrados en el presente proceso, y particularmente al gobierno mexicano, a que amplíen el plazo previsto en el transitorio segundo del DECRETO por el que se declaren reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, hasta en tanto no se haya realizado una verdadera consulta tripartita al respecto y con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ofrecido para la elaboración de la redacción final de la legislación laboral secundaria, evitando así un proceso clandestino y contrario a los derechos de los trabajadores.
Asimismo, seguiremos luchando por el pleno ejercicio y ampliación de derechos para todas y todos los trabajadores, incluyendo la desaparición del apartado B constitucional, la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, sustituyéndola por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades y, sin lugar a duda, el Senado de la República debe ratificar el convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Finalmente, nuestra organización sindical tiene una visión estratégica más amplia y de carácter integral en lo que se refiere al sistema laboral mexicano; nuestro propósito estratégico central consiste en la transformación, democratización y modernización del mundo del trabajo. Para lo cual se requiere iniciar transformaciones en la matriz productiva para lograr mayor valor agregado en los productos nacionales, fortalecer la cooperación, intercambio y complementación regional para lograr una reinserción en la económica global, fomentar inversiones públicas que contribuyan a generar empleos de calidad y productivos, impulsar formas alternativas de la propiedad social y de autogestión productiva, así como la recuperación del consumo privado, a través de una política del gasto público, que promueva la creación de la infraestructura económica y social destinada a crear oportunidades de actividad productiva para los pequeños y medianos productores.
Con este propósito, haremos uso de todos los recursos políticos democráticos y de diálogo e interlocución, para hacer realidad esta aspiración de los trabajadores por la más plena democracia y libertad sindical y construir, a través de la propuesta política y la movilización social, un conjunto de reglamentaciones y disposiciones jurídicas encaminadas a garantizar que las nuevas formas de organización de la producción aseguren el acceso a los derechos laborales fundamentales; y a construir un conjunto de mecanismos de verificación del cumplimiento de los derechos a la contratación colectiva autentica, trabajo digno, salario remunerador y servicios de salud y seguridad social garantizados.
Estos mecanismos deberán ser de carácter vinculante, incluir formas de penalización por su incumplimiento para, en todo momento, fortalecer el Estado social de derecho.
Compañeros, “Unidos Venceremos”.