Aprobó la UNAM reglamento de responsabilidades administrativas
En sesión plenaria del Consejo Universitario (CU), la Universidad Nacional aprobó, el pasado 31 de enero, un nuevo reglamento denominado de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios y empleados de la UNAM.
Lo primero que hay que aclarar es que este reglamento se desprende del reglamento de transparencia aprobado hace algunos meses, que a su vez se desprende de la Ley General de Transparencia, de obligación federal para todas las instituciones públicas.
En este sentido, la máxima casa de estudios es la primera universidad en implementar un recurso legal de esta índole para asegurar un mejor uso de los recursos públicos, lo cual servirá como referente para el resto de las universidades del país. Es decir, el objetivo es fortalecer la confianza institucional que tiene la sociedad hacia su universidad.
No nos confundamos, el objetivo principal de este reglamento son los funcionarios y empleados de confianza, pues son los que realmente administran el presupuesto cotidianamente, aunque también puede investigarse a un docente, investigador o administrativo de base si tiene bajo su responsabilidad recursos públicos.
Se mencionó el caso de un investigador que sin tener cargo administrativo, pero que maneja financiamiento público por algún proyecto académico, es susceptible de ser investigado en el marco de dicho reglamento. Al igual que un trabajador administrativo de base que por la naturaleza de su cargo administre recursos públicos; sin embargo, en cualquiera de los dos casos anteriores, el trabajador y el académico, se respetarán los procedimientos de investigación establecidos en sus Contratos Colectivos de Trabajo para el rubro de la demanda laboral. Lo anterior quedó establecido en el artículo 34 de dicho reglamento.
Lo que se agrega es una nueva vía legal de investigación sobre el uso indebido del presupuesto universitario proveniente del erario. Ya existía la vía penal y laboral, con tiempos y procedimientos independientes; ahora está la administrativa, que va desde inhabilitar, suspensión de funciones, hasta la pérdida del cargo administrativo como funcionario.
En la sesión previa al pleno del CU y durante la plenaria, integrantes de la comisión de legislación, así como el presidente de la misma, el doctor Pedro Salazar Ugarte, enfatizaron en que el reglamento no contraviene ni los tiempos, ni los procedimientos establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo académico y administrativo, como respuesta a las dudas que generaron algunos artículos como el sexto transitorio por parte de la representación de los trabajadores ante el Consejo Universitario, por lo que se votó a favor, con el compromiso de que la anterior definición habrá de quedar por escrito por parte de la Abogada General. En resumen, la UNAM vuelve a dar un paso hacia adelante en esta cruzada contra la corrupción.