Desconfiemos de las asociaciones público-privadas
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), a la cual está afiliado el STUNAM, presenta de manera cotidiana un informe sobre sus países miembros, principalmente sobre la privatización de los servicios públicos; a continuación se presenta el informe alusivo a nuestro país.
Desde finales de 1990 muchos países han favorecido las asociaciones público-privadas (APP) como solución al subdesarrollo persistente, en ámbitos que van desde la atención a la salud y la educación hasta los transportes y las infraestructuras.
No obstante, según Jomo Kwame Sundaram, destacado economista malasio y ex Subsecretario General de Desarrollo Económico en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas, las experiencias con las APP han sido en gran medida, aunque no exclusivamente, negativas, y muy pocas APP han dado buenos resultados en beneficio del interés público.
México
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, niega que tenga la intención de privatizar el sistema público de salud. “Lo digo con toda la contundencia: no hay ningún interés en la SSA en favorecer un proceso privatizador de las instituciones públicas de salud. No lo hay.
“Contundentemente lo digo, entendiendo que estoy bajo protesta de decir la verdad”. Pero las críticas de los legisladores se enfocaron en los recortes presupuestales que ha recibido el sector en lo que va del sexenio, los cuales superan los 40 mil millones de pesos; también destacaron su preocupación sobre la propuesta para universalizar el sistema de salud pública, que pudiera desembocar en su privatización. (…) El senador Fernando Mayans (PRD) señaló que no van a permitir que se vaya a privatizar la salud de este país.
El Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación y Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones dice “que los pueblos reconozcan que la participación del género femenino duplicará la fuerza de las luchas en contra de la privatización, de las inversiones extractivas, la discriminación y la violencia del Estado contra la vida comunitaria”.
En plena crisis en el sistema penitenciario estatal y federal, Ruth Villanueva Castilleja, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “indicó que la privatización de las cárceles no es la solución para mejorar el sistema; por el contrario, enfatizó que debe haber voluntad política para erradicar la corrupción y corregir las condiciones de muchos de estos centros”.
Los críticos llaman la atención sobre el hecho de que el ejecutivo nacional quiere dedicar el 36% del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a tan sólo tres megaproyectos, en detrimento de las infraestructuras locales de agua y saneamiento. “Además, se trata de obras a cargo de empresas cuyos socios fueron señalados como beneficiarios en paraísos fiscales, manifestó la coordinadora nacional Agua para Todos”.
En conferencia de prensa ante las puertas de la Cámara de Diputados, representantes de la organización argumentaron que el presupuesto 2018 profundizaría el severo recorte de 72 por ciento en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, con lo cual se viola el derecho humano al líquido y se busca inducir la privatización.