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Informe al XXVI Congreso General Ordinario del STUNAM
Compañeras y compañeros:1. Política Nacional. En el año que abarca este Informe hemos impulsado la movilización del STUNAM, junto con la FNSU, UNT, el FSM, la CNTE, y otras organizaciones sociales, en torno al repudio de la política económica y social del gobierno federal de derecha y, al mismo tiempo, hemos reivindicado un programa de lucha social por la soberanía alimentaria, la recuperación del salario y el empleo, y la defensa de la seguridad social, con el fin de impulsar un cambio de rumbo en el desarrollo de México. Para ello, hemos realizado varias jornadas de lucha combativa y unitaria, encaminadas a renovar nuestros medios y formas de participación. Felipe Calderón se ha mantenido en su proyecto de fortalecimiento del Estado policíaco-militar, apoyado en las cúpulas de la burocracia política y sindical, con el fin de favorecer a los dueños del capital que lo llevaron al poder. El gobierno, los dueños del dinero, las cúpulas empresariales y burocráticas, insisten en el camino que permita llevar a cabo las reformas estructurales de segunda generación, que sólo consolidarían el régimen neoliberal, cuando ese mismo régimen ha entrado en decadencia en el mundo. En este rumbo, el gobierno negocia una probable coalición de partidos con el PAN, el PRI y Nueva Alianza, para impulsar sus próximas iniciativas: reforma fiscal, que mantiene en lo fundamental la protección de los grandes intereses; reforma de la Ley Federal del Trabajo para hacerla más flexible; se deja inerme al campo mexicano frente a la entrada en vigor, gradual y devastadora, del TLCAN, y no sólo eso sino que se reduce la inversión en el sector agropecuario y se agravan las condiciones de vida y de trabajo en el campo; se mantienen los presupuestos raquíticos a la educación y se disminuyen los dedicados a la ciencia y la tecnología. En ese marco, es fácil adivinar la orientación privatizadora y antipopular de las reformas energética, educativa y social. Por eso los trabajadores del campo y la ciudad decimos: del gobierno no se puede esperar nada porque hoy más que nunca está al servicio de los poderosos. Por eso también decimos: sólo la lucha de los trabajadores podrá detener el aumento de los precios, recuperar el poder adquisitivo del salario, defender la seguridad social, defender al campo mexicano y, en definitiva, cambiar el rumbo del desarrollo nacional. Estoy convencido que necesitamos un nuevo acuerdo social para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de la población y, por tanto, de nuevas formas de interlocución y negociación entre los sectores sociales y políticos. También es cierto que hoy los trabajadores y el pueblo no tienen las organizaciones y representaciones que permitan obligar a la coalición en el poder a negociar. Por eso nos hemos movilizado: para convocar al pueblo y convertir el enorme descontento existente en energía promotora de un cambio de rumbo del desarrollo del país. Al mismo tiempo, proponemos a los verdaderos representantes de los intereses populares en los partidos políticos y al Congreso de la Unión que busquemos juntos salidas políticas y legislativas que ayuden con urgencia a la defensa de la economía popular y a la construcción de acuerdos sociales y políticos orientados al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sobre la base de la recuperación del mercado interno y de la planta productiva nacional. Los trabajadores nos hemos dado a la tarea de impulsar un Rumbo Alternativo. El reto, para nosotros –lo hemos dicho--, consiste en si seremos capaces de recuperar la fuerza y el prestigio de los sindicatos y de renovarlos democráticamente, para participar en la primera línea de la vida productiva y política de México, lograr el imperio de la justicia en todo el territorio nacional y entre todos los pueblos y comunidades que integran al país. La sociedad mexicana necesita de la participación organizada, social y política, de sus trabajadores. Hasta ahora los avances democráticos han sido aprovechados por los poderosos. Tenemos que hacerlos valer para los trabajadores y el pueblo. Tenemos que convocar, desde la movilización y la lucha social, al Acuerdo para renovar democráticamente el pacto social que ya no une a los mexicanos y para impulsar ese Rumbo Alternativo. Los trabajadores nos manifestamos abiertamente por recuperar el espacio para el programa de transición social y democrática, y sobre todo, por movilizar a la sociedad en ese rumbo. Dado que el poder ejecutivo ha promovido la continuidad de una estrategia económica que se ha mostrado incapaz de resolver problemas como la desigualdad, la pobreza extrema, el raquítico crecimiento de la economía, la decreciente competitividad de la economía nacional, la crisis agraria, el incremento constante del empleo informal y precario, la estrechez del mercado interno y el bajo poder adquisitivo de los salarios, nosotros hemos emplazado al gobierno Federal a que atienda los reclamos políticos y sociales planteados y le hemos reiterado nuestras exigencias y demandas. Pero estamos claros que no escucha, ni tiene interés por responder a estos mandatos. En ese marco se anuncia ya el fracaso estrepitoso del Presidente del empleo. Y no será por culpa de los trabajadores ni de los partidos de oposición. Es la propia política económica del gobierno la que lo vuelve incapaz de promover el empleo. Y peor sería con las reformas llamadas estructurales de corte neoliberal que se proponen. Probablemente habría un poco más de empleos, pero también mucho más precarios e inseguros. Por ello, levantamos nuestra voz y demandas en las instituciones y en la opinión pública, en las calles y en las movilizaciones. Protestamos con propuestas, resistimos y seguimos insistiendo una y otra vez al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales progresistas para impulsar la Transición a la Democracia con Justicia y Equidad y para dar inicio a la Construcción de un Nuevo Acuerdo Social. Consideramos que una nueva política económica es factible y necesaria. Urge un aumento salarial de emergencia. Los aumentos de salarios funcionarían como una palanca en la reactivación de la economía por medio del incremento del consumo y del mercado interno. Tal medida se complementaría con un Programa Permanente para promover el fomento industrial, la generación de empleos y la mejora de los salarios y con otras medidas como el diseño de esquemas que articulen la productividad y el salario o el establecimiento de mecanismos que alienten la profesionalización y capacitación de los trabajadores. En suma, lo que pretendemos es pactar un modelo que haga factible la revaloración del trabajo y de los trabajadores. De la misma manera, para abordar el problema del campo es indispensable poner en el primer plano a la soberanía alimentaria. La reciente crisis demuestra la urgencia de que el Estado recupere la responsabilidad social que le confieren los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y promueva estrategias para la producción de granos básicos y de otros alimentos. Está en juego la capacidad del país para decidir acerca de la calidad y tipo de alimentación de sus habitantes. Ratificamos nuestras propuestas en esta materia particularmente las que hacen referencia a la renegociación del Capítulo Agropecuario del TLC y a la necesaria actualización del Acuerdo Nacional para el Campo. La soberanía alimentaria, la necesidad de un salario de emergencia y el control de precios de los productos de la Canasta Básica, son propuestas plenamente fundamentadas, no sólo en la legislación nacional, sino también en los compromisos internacionales que el gobierno mexicano ha adquirido en materia de derechos humanos. En particular podemos destacar el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como los numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado Mexicano, en congruencia con lo establecido en la Constitución, ha firmado y ratificado numerosos tratados, convenciones y pactos internacionales de derechos humanos, muchos de ellos vinculados jurídicamente. El derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta fundamental para el respeto y la garantía de los derechos humanos de toda persona, teniendo como finalidad proteger la dignidad humana y condenar los actos y omisiones por parte de un Estado que violente esos derechos. Por lo tanto, el Estado y el Gobierno mexicano deben garantizar, proteger y promover el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos integrales de todos los hombres y mujeres sin discriminación. Constituye uno de las principales obligaciones y responsabilidades sociales del Estado. Con esos argumentos, participamos en la Jornada Nacional de lucha del 27 de marzo, convocamos una falta colectiva, el 30 de abril, aniversario del Acuerdo Nacional para el Campo; el 1º de Mayo con una Manifestación unitaria de los trabajadores y el pueblo; y el 2º de Mayo, para participar en el apoyo a un rumbo alternativo del país. Dicha jornada la continuamos en la movilización general con el cierre de la universidad el 21 de mayo y el 30 de agosto otra falta colectiva. Lo que pretendemos por medio de la movilización es que los partidos políticos y el Congreso de la Unión obliguen al gobierno a pactar un acuerdo hacia una nueva política económica y social que incorpore las demandas y los intereses de los trabajadores y el pueblo. Pero también hemos estado convocando a los trabajadores y al pueblo, con fundamento en la Constitución y en las leyes, para manifestar nuestro repudio a la política del gobierno y, al mismo tiempo, podamos alcanzar la movilización y la organización popular efectivas para impulsar nuevas formas de organización y representación que hagan a un lado a las organizaciones tradicionales que sólo responden a los intereses de las cúpulas al servicio del poder económico y político. Tenemos que llegar a ser capaces de hacer efectivos los métodos de lucha de los trabajadores para lograr nuevas formas de organización y representación que permitan que los verdaderos intereses de los trabajadores se encuentren representados. Por eso seguiremos insistiendo en la huelga nacional para:
2. Hasta antes del 2000, las cuestiones políticas eran más o menos simples: frente al PRI y al viejo sistema se había conformado una amplia coalición democrática que abarcaba a la derecha y a la izquierda y que se expresaba, incluso, en la conquista de la autonomía del IFE y en su integración misma. Nadie podía decir que en el IFE el PRI tuviera una mayoría, ni mucho menos. Tal hecho, junto con el triunfo de margen amplio de Fox y el comportamiento de Zedillo, lograron que la alternancia fuera realmente aterciopelada. Fox sin embargo optó por el camino fácil de apoyarse en el régimen existente para apuntalar la estabilidad macroeconómica. La coalición antipriista dejó de tener sentido y la transición se limitó, al decir de José Woldenberg, al régimen electoral y de partidos. La transición quedó a la deriva y se consolidaron los poderes fácticos. En la izquierda maduró el proceso del proyecto alternativo de nación, y en la derecha predominó el pánico ante el probable triunfo de la izquierda. Desde el gobierno y la cúpula empresarial se promovió una política contra ese probable triunfo, a toda costa, violentando los procedimientos legales y políticos. En otras palabras, la derecha bombardeó el edificio democrático construido en los años anteriores, además de que los nuevos habitantes de tal edificio, o sea el Consejo del IFE, fueron nombrados en medio de maniobras burdas y parciales y no tenían la experiencia necesaria. Su fracaso fue evidente para todos. Con el fraude a la izquierda, la derecha polarizó al país y el espacio político de concertación y negociación democrática, producto de la lucha histórica contra el PRI, se hundió completamente. Las posibilidades de pactar la transición en profundidad desaparecieron. 2006 nos hizo retroceder hasta antes de 1994. La despenalización del aborto en el DF, hasta el siglo XIX. Afortunadamente sólo en la forma del debate, porque su aprobación final nos regresó al siglo XXI. La ley de la reforma del estado se ha traducido en una reforma electoral y política muy limitada, dado que no existen las condiciones para el debate de fondo sobre la construcción de un nuevo régimen político democrático. El fraude contra la izquierda en las elecciones de 2006 plantea nuevamente el problema principal de la democracia para los trabajadores, es decir, la autoorganización de los explotados y de la sociedad misma. La sociedad mexicana esta organizada conforme los tiempos del corporativismo patrimonial presidencialista. Hace falta organizarla de acuerdo a los tiempos de la democracia social con justicia y equidad. La lucha por ese régimen es la que dará forma a la organización y esta lucha no puede ser revolucionaria a la vieja usanza, sino que tiene que ser política, democrática y social. México no tiene solución si no es mediante el compromiso de una nueva mayoría democrática y social, en la que las iniciativas del socialismo democrático desempeñen un papel esencial. Los trabajadores de la ciudad y el campo, los trabajadores de la cultura, los maestros, las mujeres, los empleados los profesionistas, los empresarios pequeños y medianos, todos esos sectores están interesados en un compromiso político. Un programa claro y una estrategia definida, para construir una organización capaz de llevarla adelante e impulsar una reorganización de la sociedad que le de nuevas fortalezas al estado democrático. Elemento clave de la estrategia, aparte de su formulación, es la capacidad para planear y promover la política del compromiso político. Por una razón fundamental: los problemas del país han rebasado con mucho a las capacidades políticas del estado y de la sociedad. Hoy, el sistema político mexicano no sirve para resolver los problemas sociales del país. Entre la estructura presidencialista incapaz de resolver los problemas y la débil democracia que también es incapaz, se impone otra discusión: no sólo la democratización de las leyes y los procedimientos para acceder al poder, sino el poder para qué. Resolver los problemas de México pasa entonces por alcanzar compromisos serios entre las fuerzas que pueden constituir una nueva mayoría que no sólo se dispute democráticamente el poder sino que lo use para resolver los problemas sociales del país. 3. No podemos quedarnos en la izquierda social y democrática discutiendo el pasado. Tenemos que dar vuelta a la página para impulsar el movimiento que verdaderamente tiene futuro. La democracia mexicana tiene la misión política de construir una Nueva República de ciudadanos libres y la tarea social de construir una sociedad del bienvivir, capaz de lograr el disfrute y el goce de la vida de los seres que la habitan. Nos hace falta construir una ciudadanía libre. La Transición está pendiente en lo que se refiere a los acuerdos básicos para la construcción de un nuevo régimen político democrático. Sólo sobre esa base se podrá llegar a otros acuerdos sobre las políticas económicas y sociales. En otras palabras, se requiere de un Pacto para una nueva república, y no solamente para un programa de gobierno. Por tanto, el programa y la propuesta de gobierno no deberán ser excluyentes. Hoy más que nunca, urge una propuesta auténticamente democrática, que demuestre que se puede hacer lo que el gobierno de la derecha no es capaz de hacer. Y que, para hacerlo, no sólo se requiere del voto, sino de la fuerza de los ciudadanos, las organizaciones sociales y de las capacidades de las instituciones renovadas. Lo que hace falta es, además de ganar la voluntad popular, también diseñar la estructura institucional de la nueva democracia y, lo que es más importante, plantear las necesidades de reorganización de la sociedad para que sea ella la garante de la democracia en cuanto nuevo régimen político y no sólo del gobernante en turno. El problema fundamental de la democracia mexicana es el de la reforma de las instituciones centrales que permitan y faciliten los acuerdos entre partidos distintos para la gobernabilidad democrática. La democracia mexicana necesita reformar las instituciones que permitan superar las trabas de los gobiernos divididos para lograr las mayorías legislativas que se requieren. En pocas palabras, la democracia necesita de las condiciones para formar gobiernos de coalición y avanzar hacia nuevas formas de gobierno semiparlamentarias. Lo que creemos es que el momento exige concentrarse en lo fundamental y ello requiere tender puentes de entendimiento entre las fuerzas sociales y políticas de centro izquierda para ampliar las plataformas de la acción común. Y en esto destaca la integración de una coalición capaz de impulsar la reforma de las instituciones de gobierno y la reforma social contra la pobreza y la desigualdad, así como el impulso a la reorganización democrática de la sociedad. En el STUNAM hemos discutido que la tarea fundamental, para todos, es la consolidación de la democracia, porque permite crear las mejores condiciones para la organización de los trabajadores y el pueblo, por una parte, y para el mejor funcionamiento, en libertad, de la vida de las personas, así como de la economía, la política, la cultura y la vida social en general. De ahí nuestro reconocimiento al tipo de alianza política y social que representa el FAP. Mientras otros partidos permanecen en el pasado y únicamente proponen renovar el corporativismo o el clientelismo, es necesario ofrecer a la sociedad una nueva forma de relacionarse con la política, en libertad y en democracia, con justicia y equidad. De ahí que la alianza la planteamos para democratizar a las organizaciones sociales y fortalecer a las instituciones representativas, con el fin de activar y promover también la participación de la sociedad organizada, a través de nuevas instituciones ciudadanas, en los procesos de gobierno y desarrollo. En este sentido resulta fundamental impulsar desde abajo una reforma social, que acompañe a la reforma política del Estado. La reforma social exige el diseño de nuevas relaciones en el conjunto de la forma de desarrollo, es decir, de un cambio de rumbo. Incorporar los temas de la reforma social es un imperativo para que las oportunidades del cambio se vuelvan efectivas y que en verdad puedan volverse realidades de integración social y cohesión nacional. La Reforma Social del Estado mexicano necesita de la contribución democrática de las propuestas provenientes de la reivindicación y la organización de los trabajadores, las clases populares y medias, de los empresarios innovadores, para llevar adelante sus propuestas de emancipación. Necesitamos de una democracia que perfeccione formas, reglas y procedimientos, pero que vaya más allá, es decir, a la capacidad de organización y de alternativa de los grupos sociales que constituyen una mayoría social, y cuya influencia en los medios de poder político y económico es todavía reducida. Por tanto, el problema fundamental es el problema de la reivindicación profunda de la sociedad o, en otras palabras, de la construcción de una nueva sociedad democrática a partir de los sujetos propios de la vida social y no sólo de las representaciones políticas. Los problemas son, antes que nada, de los propios grupos sociales, cuya solución no depende del asistencialismo, o que funcione el sector moderno o el exportador, sino de cómo funciona, para sus fines de bienestar social y vida digna, el poder político y económico y cómo se puede influir en éste para configurar un tipo de sociedad distinta, local, nacional y globalmente. El gran reto consiste hoy en organizar, en la democracia, la participación de la sociedad, para que por medio de su actuación efectiva y de su organización propia, puedan transformar la sociedad con justicia y equidad. En pocas palabras, la cuestión no se agota alrededor de cuál es la mejor alternativa programática. Lo importante en todo caso es que la propuesta sea útil al desarrollo de la capacidad de movilización, apoyo y organización de los trabajadores y de los demás grupos de la sociedad, a la aspiración de alcanzar una nueva mayoría, y para usar el poder del Estado para la construcción de una nueva sociedad. 4. Las fuerzas democráticas en el ámbito nacional proponemos que la democratización no se limite al proceso electoral, sino que abarque al conjunto del sistema político. Y, en éste, una pieza fundamental del sistema autoritario es el régimen sindical. Por ello, la democratización del régimen sindical significa dar un golpe importante e irreversible al Estado autoritario. Tenemos que pasar de un régimen corporativo y tutelar, a otro democrático y libre. Sobre la base del respeto al derecho de huelga y de contratación colectiva, debemos eliminar las bases jurídicas del régimen autoritario: registro, toma de nota, Apartado “B” del artículo 123 constitucional. Al mismo tiempo debemos tomar las medidas que impulsen la democracia, la libertad y la autonomía sindicales: registro nacional de organizaciones y contratos, libertad para pertenecer o no a un sindicato, voto universal, directo y secreto, recuento previo para resolver las disputas sobre titularidad, condiciones equitativas para llevarlo a cabo y sancionar a los patrones que intervengan en la vida sindical. En el sexenio perdido de Fox, el Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial, junto con la Secretaría del Trabajo, definieron que la reforma de la Ley Federal del Trabajo no debía incluir al Artículo 123 Constitucional. Con ello quedaban fuera del diálogo varias de las propuestas importantes de la UNT y de los firmantes del documento conocido como los 20 Compromisos. Además, CCE y CT cerraron filas en varias otras de las propuestas democratizadoras, por lo que la UNT terminó por abandonar la Mesa Central de Decisiones y presentó, junto con el PRD, una propuesta alternativa en el seno de la Cámara de Diputados. Ni las decisiones de política económica, ni las de orden político y laboral llevaron a Fox a cumplir los 20 Compromisos. Además, por el hecho de que todos los compromisos se metieron en el mismo paquete de la reforma de la ley, no se dieron las condiciones para cumplir algunos ni uno sólo de ellos. En nuestras manos está ofrecer una iniciativa de Ley que reforme y fortalezca democráticamente los artículos relacionados con la libertad, la democracia y la autonomía sindical. Me parece que están dadas muchas de las condiciones para hacer factible la eliminación del registro obligatorio, la toma de nota y la requisa. Esta última ya no fue utilizada con Fox. También se puede proponer la eliminación de las cláusulas de exclusión y para dar pie a la libertad sindical. Al mismo tiempo proponer de inmediato el registro autónomo de organizaciones y contratos, el voto secreto, el recuento previo, así como el fortalecimiento de los derechos de huelga y de contratación colectiva. Por último, debemos luchar por la reforma de la justicia laboral, su necesaria autonomía del Poder Ejecutivo y su paso al ámbito del Poder Judicial, en la estrategia que pretende una mayor autonomía y equilibrio entre los poderes del Estado y una disminución de los excesos del ejecutivo, en particular. 5. Celebramos el Congreso con un nuevo edificio que fue inaugurado con motivo del trigésimo aniversario del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa ocasión recordábamos aquél momento de nuestro nacimiento. Constituido por la voluntad libre de los trabajadores universitarios, administrativos y académicos, el sindicato fue de inmediato hostilizado por las autoridades y los gobernantes de un país que entonces no podía aceptar el ejercicio de las libertades políticas y sindicales porque todo, absolutamente todo, dependía del principio de autoridad personificado en el poder omnipresente del Presidente de la República. El gobierno y las autoridades universitarias de aquel entonces le declararon la guerra al STUNAM, es decir, se fijaron el objetivo de su rendición como sindicato libre, democrático e independiente. Todas las armas jurídicas, políticas y represivas del Estado se pusieron en juego. Desde el intento por desconocer los derechos de los trabajadores en la propia Constitución y en la Ley, pasando por el uso desmesurado e histérico de los medios de comunicación, hasta la ocupación policíaca del campus universitario y el encarcelamiento de los dirigentes, cuando decidimos ejercer el derecho de huelga. Aquella guerra declarada por las autoridades universitarias apoyadas por el gobierno, no logró su objetivo. El STUNAM supo enfrentar la adversidad que representaba un enemigo muy superior en fuerza, con el respaldo del derecho y de la movilización de los trabajadores y muchos otros sectores universitarios y populares del país. El STUNAM se convirtió en ejemplo y emblema de la lucha democrática en México. La fuerza de las autoridades universitarias y el gobierno fue derrotada en su objetivo último por doblegar al STUNAM. Sin embargo, ya una vez pasada la etapa de la guerra sin cuartel y reconocido el STUNAM como parte de la nueva realidad política, las autoridades y el gobierno continuaron la ofensiva en el terreno político legislado a su favor y lograron una victoria que, a lo largo de los años, se ha mostrado como dañina y vergonzosa para un país libre y democrático: la división, desde el poder, de los trabajadores universitarios. En la actualidad la UNAM tiene básicamente dos sindicatos: el STUNAM como sindicato de institución, libre, democrático, independiente y plural, y las AAPAUNAM, en donde la pluralidad es lo que menos importa, porque en realidad es un comité de administración de las prestaciones que se le entregan por ley y sin el menor esfuerzo. Hoy el STUNAM es un sindicato democrático, libre e independiente del gobierno, los partidos políticos y de las autoridades de la Universidad. En su interior los trabajadores profesan las más diversas creencias religiosas y se inscriben o simpatizan libremente con las ideas y los partidos políticos que consideran más convenientes. En nuestra vida interna no existe discriminación por algún motivo. Y, aunque es cierto que quizá no aprovechamos las condiciones que hemos generado para desarrollar todas nuestras capacidades de lucha, organización y formación, también es cierto que el STUNAM es reconocido por la sociedad como un sindicato solidario con las causas populares y democráticas. Los trabajadores estamos orgullosos de nuestro sindicato y de nuestra universidad. La UNAM ha sido una institución de avanzada en la historia nacional, sobre todo en los últimos cuarenta años. En ella se han vivido primero, como prefiguración de lo que vendría después en el país, los procesos de democratización y elevación de la conciencia sobre los problemas nacionales. Pero también hemos asistido a su fragilidad para defender lo más importante de su quehacer: su propia capacidad de autonomía, entendida como autogobierno. Sabemos que una gran limitación de la Autonomía de la UNAM siempre ha sido la que deviene de su financiamiento. A pesar de ello y como producto de la lucha de sus estudiantes, profesores y trabajadores, la UNAM se ha convertido en una Institución de Estado, capaz de salvaguardar sus libertades fundamentales, a saber, de cátedra e investigación, de crítica y de expresión, democráticas y políticas. Sin embargo, en algunos aspectos la UNAM muestra atrasos graves y que de hecho disminuyen y debilitan su capacidad para ejercer su autonomía. Sigue prevaleciendo una Ley Orgánica, aprobada en el período de ascenso del régimen autoritario, a pesar de haber sido plenamente superada por la realidad. Así, la Ley Orgánica necesita una actualización de conjunto, para que se correspondan de manera coherente su vida académica y de gobierno. Nuestro sindicato no está reconocido como figura en la Ley, a pesar de ser una realidad de todos los días. En otras palabras, la Autonomía está definida en la propia Constitución Política del país, al igual que los derechos sindicales de los trabajadores universitarios, pero no en la Ley Orgánica de la Universidad. Urge por tanto, su revisión global y su actualización, para quitarle también las rémoras autoritarias, el poder discrecional de los directores y otras formas institucionales que, desde hace tiempo, entraron en contradicción con una comunidad que se destaca por ser de avanzada en la transformación democrática de nuestro país. 6. Proyecto Académico. Otra enorme debilidad de la UNAM radica en la precaria organización y vida colegiada de sus académicos. Ya he dicho como en los setentas las autoridades lograron deshacer los mejores proyectos de autoorganización de los académicos, como el nuestro, pero con ello debilitaron enormemente a la propia universidad. Hoy los académicos realizan sus actividades en un marco institucional que los atomiza y desarticula. A partir de la artificial separación de lo académico y lo laboral, su vida académica la realiza en su cátedra o en su proyecto de investigación, pero su principal interlocutor son los estímulos que personalmente puede obtener para mejorar sus ingresos. Así, su vida colegiada no tiene estímulo alguno, por lo que se ha debilitado totalmente. La esquizofrenia múltiple es lo que caracteriza a nuestros académicos: la vida sindical por un lado, la actividad académica por otro, la obtención de estímulos en la intimidad y la simulación, y la vida colegiada en el abandono. Urge recuperar la coherencia de la vida académica para fortalecerla y potenciarla en bien de la Universidad. Necesitamos que en una sola dimensión, nuestros académicos encuentren los medios para desempeñar sus actividades, con los estímulos que los lleven a superarse, con la vida colegiada que les permita mejorar y actualizar sus respuestas institucionales, con el sindicato que les sirva para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. En una palabra, necesitamos un Estatuto que diseñe la carrera académica y que se corresponda con una organización laboral que la garantice. El STUNAM está dispuesto a trabajar en ese sentido. Pensamos que podemos coadyuvar para el fortalecimiento de la vida de los Colegios, Claustros y Asociaciones del personal académico. Proponemos una vez más que los académicos recuperen el proceso de autoorganización, interrumpido en los años setenta, para fortalecer los dos aspectos de su trabajo en una sola presencia académica, es decir, el fortalecimiento de sus organizaciones académicas y de sus organizaciones laborales. El alma del quehacer universitario radica en su personal académico; por eso debemos fortalecer su presencia activa, como el mejor y más permanente sostén de la capacidad de ejercicio de la Autonomía. Por nuestra parte, hemos propuesto reiteradamente las medidas que nos permitan culminar la larga marcha que hemos recorrido para ser reconocidos como sujetos propios, con plenos derechos, de la vida universitaria. 7. Carrera Universitaria Administrativa. En efecto, decía que en la Ley Orgánica ni siquiera somos tomados en cuenta. Hacia mediados del Siglo pasado éramos sólo los mozos, los mandaderos, los limpiadores o las secretarias de los directores en turno. Hoy somos trabajadores legalmente reconocidos con todos nuestros derechos laborales y algunos institucionales. Pero todavía somos trabajadores externos a la Universidad. Nuestra suerte la define el mercado laboral y nuestra formación y perspectivas dependen estrictamente de nuestro propio esfuerzo, apoyado por el sindicato. Por eso hemos elaborado el proyecto de la Carrera Administrativa Universitaria, por la sencilla razón de que nos sentimos y somos parte de la Universidad, y porque pensamos que la Universidad debe ofrecer a sus trabajadores, con el mismo espíritu que le ofrece a la juventud estudiosa, la gran oportunidad de superarse, formarse y capacitarse en el servicio de la institución. Hoy debemos revalorar a la UNAM, institución que en el México actual juega un papel de primera importancia no sólo en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, sino también en el rumbo de la política nacional. Hoy más que nunca, en nuestro país la política debe centrar su mirada en la educación, para encontrar soluciones a los problemas. No es posible aceptar que las leyes del mercado se instalen de lleno en el sistema educativo. Si esto ocurre, la educación acabará convirtiéndose en una industria y dejará de ser el principal crisol donde se forja la identidad de la Nación. La educación es un bien público y como tal no puede estar sujeta a dichas leyes. Para nosotros está claro el significativo papel que ha jugado la UNAM a través de su historia, tanto en la construcción del perfil de país que hoy tenemos como en la formación de miles de profesionistas que han desempeñado un papel importante en el desarrollo nacional. Por ello señalamos que el momento actual es propicio para fortalecer a la UNAM y, en esa medida, enviar un mensaje y un ejemplo a la Nación sobre la necesidad del fortalecimiento democrático de las instituciones públicas. Esta es la mejor contribución que podemos hacer los universitarios a la triste realidad política por la que atraviesa el país. Compañeras y compañeros; distinguidos invitados: La Celebración de nuestro Congreso debe ser un momento propicio para la reflexión autocrítica, pues esperamos como siempre, que nos sirva para mejorar muchas de nuestras prácticas. El Sindicato se debe manifestar por fortalecer la organización, con los sindicatos hermanos universitarios, tenemos que revitalizar la confianza y reorganizarnos para mantenernos a la altura de las circunstancias que demanda la clase trabajadora. Cuando peleamos por el Contrato Colectivo de Trabajo, los derechos laborales plenos, la reforma constitucional y la unidad con los académicos, en todas esas luchas adquirimos los rasgos de un sindicato combativo, democrático y con una gran vida interna en sus delegaciones, su Consejo General, sus órganos de prensa, el debate entre sus corrientes y tendencias. El STUNAM sigue siendo vanguardia de la lucha sindical universitaria, de la libertad y la independencia sindicales y por la democracia en el conjunto del país, ahora anteponiendo el consenso y la pluralidad con las organizaciones. Una vez alcanzadas tan importantes conquistas, y sufrido algunas dolorosas derrotas como la del recuento por la titularidad del Contrato académico, el STUNAM deberá perfeccionar y asumir con plenitud y congruencia una política unitaria e incluyente, acorde con los nuevos tiempos. Hasta cierto punto todos sentimos que vivimos del prestigio que logramos en el pasado. En todo caso, nos encontramos muy insatisfechos por lo que es en la realidad el STUNAM y la distancia entre eso y lo que necesita ser, de acuerdo a su Programa, sus Principios y sus responsabilidades políticas. El STUNAM ocupó y ocupa un lugar destacado en la lucha por la democracia en México, porque fue capaz de garantizar el ejercicio mismo de esa democracia hacia su interior, a través de una norma estatutaria realmente progresista y de avanzada, que ha obligado a todos sus miembros para recorrer un camino de aprendizaje democrático nuevo y que no existía previamente en el país. Así, el STUNAM debe aprovechar en todas sus posibilidades las conquistas ya obtenidas con la fuerza lograda; ejerciendo a plenitud sus derechos, con todas las ventajas factibles a las prestaciones conseguidas. En otras palabras, el sindicato debe colocarse por encima de lo que ha logrado ser en su programa político, en la contratación colectiva y en la lucha misma por la democracia y la justicia en México. Así como hemos sido cuidadosos para que se salvaguarde al máximo el salario y sus accesorios para la jubilación o pensión de los trabajadores, de esta forma nos hemos asegurado de que la prima de antigüedad, las medias plazas y el complementario de zona geográfica, causen efecto en el pago proporcional al ISSSTE, lo que significa un apoyo adicional a la pensión del jubilado o pensionado en la UNAM. El STUNAM necesita perfeccionar su estructura democrática y mejorar visiblemente su funcionamiento. Necesitamos alcanzar la plena institucionalización del sindicato, lo que quiere decir desarrollar nuestras actividades con estricto apego a la norma estatutaria, como base para generar un clima de respeto, primero entre nosotros mismos y, al hacerlo, obligar a las autoridades al cumplimiento de los acuerdos. Así, la legalidad interna será el fundamento para fortalecer la legitimidad del STUNAM frente a las autoridades, el resto de los universitarios y la sociedad en general. Igualmente, en el STUNAM somos sumamente perfeccionistas en la elección de los dirigentes, pero totalmente descuidados en su formación. Tenemos que corregir esta situación. Tenemos que fortalecer la capacitación en todos sus aspectos, desde la política sindical para todos los funcionarios, hasta la personal y profesional para el conjunto de los trabajadores. En los próximos días vamos a iniciar los primeros cursos en estas nuevas instalaciones del STUNAM. El impulso de la educación sindical será la forma más adecuada para estrenarlas. Hagamos del STUNAM un sindicato con fortaleza política e ideológica, capaz de mantenerse en la vanguardia de la lucha por la democracia social y política de México. A través del perfeccionamiento de nuestros procedimientos, del apego a la norma estatutaria, del acuerdo ético para superar las prácticas viciadas, de la capacitación y de la lucha social y política, manifestemos nuestra disposición para cambiar al mundo empezando por nosotros mismos. Hagamos del STUNAM un sindicato plenamente identificado con el quehacer universitario, para que la educación superior que se imparta sea aquella que necesitan nuestros hijos y el país y, por tanto, se identifique también con el programa y los principios políticos del sindicato para con la nación, es decir, la democracia, la justicia, la libertad y la soberanía. Hagamos del STUNAM un sindicato con fortaleza en la negociación y en la defensa de los intereses de los trabajadores, para que también se fortalezca como organización y, además de elevar el nivel de vida de los agremiados, influya en el mejoramiento de otros sectores sociales, empezando por los universitarios. Esas son tareas de gran envergadura para las cuales debemos prepararnos. Espero que su cumplimiento nos lleve pronto a ser un Sindicato baluarte en la Universidad, prestigiado en el país, capaz de defender a sus trabajadores y de administrar con eficiencia el conjunto de sus prestaciones. Hoy nuestro XXVI Congreso General Ordinario deberá ratificar su política de lucha en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y rechazar las reformas estructurales promovidas por el régimen federal, con la movilización nacional y las acciones unitarias que se acuerden con el conjunto del sindicalismo democrático; debe pronunciarse en contra de las acciones marginales y aisladas, que en el fondo lo único que logran es fragmentar al movimiento. Ratificar como eje político conductor a nuestro Consejo General de Representantes y en su caso aplicar el referéndum para la toma de decisiones, en los términos de nuestra norma estatutaria. Pliego Petitorio 1. Demandar el 20% de aumento salarial con emplazamiento a huelga que se presentará el 27 de septiembre a las 12:00 horas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. Creación de un crédito puente de cuando menos 400 millones de pesos que sirva como fondo revolvente para lograr mejores liquidaciones para los trabajadores que se pensionen o jubilen. 3. La reinstalación de los trabajadores rescindidos. 4. La devolución del descuento de los días 2 de mayo, 21 de mayo y 30 de agosto; por acciones acordadas por el Consejo General de Representante del STUNAM. 5. El compromiso de la UNAM para que ningún trabajador sea afectado en los Programas de Calidad y Eficiencia así como el de puntualidad. 6. La solución en positivo de los casos pendientes de trabajadores que participan en el Programa de Calidad y Eficiencia y que se encuentran sin respuesta en la Comisión Mixta Central de Calidad y Eficiencia. Resolutivos Especiales: 1. El XXVI Congreso General Ordinario mandata al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes a crear una Comisión para estructurar un Proyecto de Reforma Estatutaria. 2. El Congreso acuerda que el Consejo General de Representantes, se instale en Consejo General de Representantes Legislativo para conocer de las propuestas de Reforma a los Reglamentos de la Comisión Autónoma de Hacienda y de la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo, para, en su caso proceder a la reforma de los reglamentos y cuyas propuestas se presentaron en el XXVI Congreso del STUNAM; y que se instalarán en el mes de noviembre de 2007. 3. El XXVI Congreso General ordinario, aprueba la creación del Banco de Médula Ósea a partir del proyecto que presentará el Secretario General Agustín Rodríguez Fuentes al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes. 4. Se establece la instalación de un despacho de asesoría jurídica técnica para los trabajadores que lo requieran, sobre alcances de la nueva Ley del ISSSTE comparada con los de la Ley anterior. Atentamente Ing. Agustín Rodríguez Fuentes ****Se incorporan seis anexos con información sobre actividades de la Organización. |
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